El Gobierno español niega ahora a los trabajadores andaluces afectados por uranio en Andújar, lo que prometió y aprobó en el Congreso

InSurGente.- La Administración central ha dado la espalda a los antiguos trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), en Jaén, con dos resoluciones en las que se echa por tierra la aspiración de estos empleados para que se consideren como enfermedad profesional las patologías que padecen y que entienden que están asociadas a su exposición al uranio durante 22 años. De los 126 trabajadores que tenía la planta, 55 ya han fallecido. Pese a que el Congreso aprobó en su día por mayoría dar su apoyo y el entonces ministro de Trabajo Jesús Caldera dijera que "Desde una perspectiva política, no habrá, y me comprometo a ello, ningún problema en reconocer la gravedad de los hechos y en buscar una solución", todo quedó en nada.

El País/ InSurGente.-

En septiembre de 2005, todos los grupos parlamentarios apoyaron una iniciativa en el Congreso para que se diera respuesta a las pretensiones de estos empleados. El entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, llegó a afirmar en el Parlamento: "Desde una perspectiva política, no habrá, y me comprometo a ello, ningún problema en reconocer la gravedad de los hechos y en buscar una solución".

Pero tres años después, nadie parece acordarse de esas palabras ni de esas intenciones. Así, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación -aunque lo firma la titular del Ministerio de Educación, Mercedes Cabrera- desestima, por haber prescrito, la reclamación patrimonial de la asociación de ex trabajadores y viudas de la FUA, por la que pedían al Estado una indemnización de 12 millones de euros.

Por otro lado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha remitido a los 79 afectados una resolución en la que concluye que las patologías de los trabajadores "no tienen su origen en la contingencia de enfermedad profesional", una medida que habría revalorizado las pensiones tanto de antiguos empleados como de las viudas. Algo que sólo consiguió José Rodrigo Expósito porque en su informe médico sí se reconocía una relación causa- efecto entre su enfermedad y la exposición al uranio.

La Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) estuvo abierta entre 1959 y 1981, gestionada por la extinta Junta de Energía Nuclear. Trataba mineral de uranio para la obtención de concentrado de óxido de uranio con una pureza del 80% al 90%, que, posteriormente, se transportaba a Francia o Estados Unidos.

La asociación de ex trabajadores y viudas, que reúne a 36 antiguos empleados y 43 viudas e hijos de fallecidos, se reunió ayer para valorar las dos resoluciones recibidas y el sentimiento de frustración y decepción fue generalizado. "Otra vez nos ha vuelto a engañar el Gobierno, antes de las elecciones nos prometieron que todo se resolvería y ahora nos dan la espalda", comentaba un desolado José Soto, presidente de la asociación de antiguos empleados. Soto recordó que desde el año 1995, los trabajadores se han sometido a cuatro reconocimientos médicos para acreditar la relación causa efecto entre sus enfermedades y su exposición al uranio, el último de ellos el año pasado, tras el protocolo firmado por el Ministerio de Trabajo y la Junta de Andalucía que intentaba hacer efectivo el mandato del Congreso de 2005. El protocolo en cuestión era similar al firmado en la Comunidad Valenciana en el caso de la hepatitis C.

Decisiones médicas

Pese al compromiso verbal de Caldera en 2005, el ministro señaló en diciembre pasado que los informes realizados por médicos de la Junta de Andalucía determinaron que no había "relación causa-efecto" entre sus enfermedades y la exposición al uranio. "Las decisiones no las toma el ministro, sino los médicos", enfatizó entonces Caldera. No obstante, el ministerio encargó nuevos informes médicos al hospital Gregorio Marañón y al Ciemat, que se han conocido ahora.