Denuncian en Córdoba las políticas migratorias del estado español y la UE

Un centenar de personas se concenta en la calle para denunciar las políticas migratorias y exijir el cierre de los CIE

Comunicado repartido durante la concentración

Ante las muertes en nuestras fronteras y el endurecimiento de las políticas migratorias de la Unión Europea y España

De nuevo, como miembros de la sociedad civil y ciudadan@s, nos vemos obligados a salir a la calle a denunciar la constante violación de los Derechos Humanos de las personas inmigrantes en la Unión Europea en general y en España en particular.

En los últimos 20 años, cerca de 21.000 personas han perdido la vida en las fronteras españolas. Durante el año 2008, 581 han sido las muertes confirmadas, pero se estima que la cifra real ronda las 3.000. Detrás de estas cifras hay nombres y rostros concretos de hombres, mujeres y niñ@s; y también hay causas concretas que las explican.

Las injustas reglas políticas, económicas y comerciales globales generan unas condiciones de vida en los países empobrecidos que determinan un “efecto expulsión” que obliga a millones de personas a migrar como única vía para intentar procurarse una vida digna. En estos tiempos donde l@s ciudadan@s de los países enriquecidos comenzamos a ser conscientes de la inhumanidad del sistema imperante al sufrir en primera persona sus consecuencias con la omnipresente “CRISIS”, no debemos olvidar a esa inmensa mayoría de la Humanidad condenada a vivir en un estado de “CRISIS” permanente.



Si a esa creciente migración forzada se une el progresivo endurecimiento de las políticas de control de fronteras de España y la Unión Europea el resultado de la ecuación es claro: cada día es más difícil alcanzar las fronteras europeas, cada día los migrantes deben tomar unas rutas más peligrosas, cada día mueren más migrantes en el intento de llegar a las puertas de la Europa fortaleza.

El Acuerdo Shengen, la implantación del SIVE en más kms. de nuestras costas, la creación de la Agencia Europea FRONTEX y su despliegue frente a África Occidental, la externalización de fronteras (utilizando países con una trayectoria tan dudosa en el respeto de los DDHH como Libia, Marruecos Argelia o Mauritania como barrera de contención frente a los inmigrantes que vienen del África Subsahariana) o la aprobación de la Directiva Retorno son decisiones políticas vinculadas directamente con el drama humano que supone que el Atlántico y el Mediterráneo se hayan convertido en enormes fosas comunes. Estas políticas de fronteras no acaban con la inmigración irregular ni con las manidas mafias que supuestamente la controlan, sólo provocan más sufrimiento y muerte a las personas migrantes.

Pero la violación de los derechos fundamentales de las personas migrantes no termina en las fronteras. Para aquéll@s que logran traspasarlas con vida, la normativa vigente en materia de extranjería no les reserva nada mejor. El presidente del Gobierno español, el sr. Rodríguez Zapatero, resumió recientemente de forma muy clara la política migratoria y de frontera española respecto a los inmigrantes en situación documental irregular: “Impedir que salgan de sus países, si logran salir que no traspasen las fronteras y si las traspasan repatriarlos lo antes posible”. Siguiendo este itinerario España puso en marcha en 2006 el conocido como Plan África (hace poco renovado hasta 2012) con el que se ha lanzado una compleja estrategia en los países del África subsahariana que tiene como principales armas la firma de acuerdos bilaterales de repatriación de inmigrantes en situación documental irregular y la vinculación de la ayuda al desarrollo a la colaboración de estos países en el control de las migraciones. Sobre todo esta segunda medida nos parece de un cinismo difícilmente superable.



En la misma línea se enmarcan la reforma de la ley que regula el asilo en España, que hace virtualmente imposible ejercer en España el derecho a recibir la protección prevista por el Derecho Internacional para una persona que merezca el reconocimiento de la condición de refugiado o asilado, y el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno está haciendo circular en los últimos meses. Contradiciendo las reiteradas declaraciones de la vicepresidenta de la Vega, en las que aseguraba que el recorte de derechos fundamentales sin precedentes que supuso la Directiva Retorno para las personas inmigrantes a nivel europeo no iba a afectar en ningún caso a la legislación española, el anteproyecto propone un privación de derechos que sigue fielmente el camino señalado por la directiva (por otra parte, habría que recordarle a la sra. de la Vega que España fue una de las principales artífices de la directiva): se amplía el periodo de internamiento en CIE, se reducen las opciones de la reagrupación familiar, se abre la posibilidad de sancionar a aquéllos que muestran su solidaridad con inmigrantes en situación documental irregular entre otros graves retrocesos en el reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos.

Afortunadamente este anteproyecto ha tenido una fuerte contestación de la sociedad civil e incluso desde medios institucionales y puede ser que se corrijan algunas de las reformas más rechazables incluidas en el mismo, aunque lo realmente grave de esta iniciativa es que, sea dulcificada o no, constituye un paso más en la dirección marcada desde hace tiempo de endurecer al máximo el marco jurídico de las migraciones en la Unión Europea y de España. Por todo lo anterior:

• Reiteramos que cualquier política migratoria o de fronteras tiene un mínimo infranqueable: el escrupuloso respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad humana de las personas migrantes

• Denunciamos que ese mínimo es amplia y reiteradamente violado por España y la Unión Europea.



• Exigimos la derogación de la Directiva Retorno, de la reforma de la Ley de Asilo, la retirada del anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería y la modificación del actual texto suprimiendo las principales violaciones de los derechos fundamentales que contiene (p.ej. cierre de los CIEs), la paralización de la firma de los acuerdos de repatriación con los países de origen y la vergonzante vinculación de la ayuda al desarrollo al control de las migraciones determinada por el Plan África.



• Exigimos la toma de medidas político-legislativas concretas y urgentes a nivel nacional y europeo para revertir la actual tendencia represiva de las políticas migratorias y de fronteras de la Unión y de España, como podrían ser la retirada inmediata del dispositivo FRONTEX de las costas de África Occidental, el cese de la presión a países como Marruecos, Libia, Argelia o Mauritania para que repriman brutalmente en sus territorios a los inmigrantes en tránsito o la ratificación por todos los Estados miembros de la Unión Europea de la Convención de Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias.