El Derecho Penal del Enemigo: el caso de Juana Orta

El Derecho Penal del Enemigo supone la privación de derechos y garantías propios de todos los ciudadanos que son considerados enemigos y acarrea la pérdida de condición plena de personas.

Alberto Almansa

El gabinete de prensa de la Guardia Civil distribuye el pasado día 13 una nota que titula :"La Guardia Civil frustra un plan de ETA para la fuga dos de sus presos". La nota da cuenta de la detención de tres presos recluidos en tres prisiones diferentes y de cuatro personas más, entre ellas Juana Orta, de 62 años.

A Juana, la Guardia Civil, en su comunicado, la incluye dentro de los" componentes de la estructura creada por ETA para el apoyo a la ejecución de la fuga". La nota que puedes leer en la página del Ministerio del Interior, da cuenta de los detalles de la operación y concluye diciendo: "esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes".

De esta manera el periodista policial está autorizando a los medios a que la publiquen, si así lo quieren, la noticia como propia, con lo que incluso la información adquiere incluso más veracidad y credibilidad. La comunicación se propaga rápidamente por las agencias de noticias y por las redacciones de radios y televisiones.

Al día siguiente todos los diarios la incluyen en sus portadas. El diario el Mundo publica que los agentes detuvieron a Juana Orta González como "presunta" miembro de la estructura creada por ETA para apoyar la fuga del preso etarra que intentó matar al Rey. El diario El País recogía también la nota e introduciendo la "supuesta" red que preparaba la fuga,incluye las siglas de J.O.G, de 62 años. De esta manera, los lectores supieron que entre los detenidos se encontraba esta o­nubense muy conocida por ser una mujer solidaria, componente de la Asociación Proderechos Humanos de Andalucia, ecologista, de izquierdas y que incluso fue distinguida por el alcalde del PP de Huelva, su ciudad natal.

Su detención se produjo por haber alojado en su casa a la novia de un preso de ETA. Esa fue la razón por la que el Juez de la Audiencia Nacional ordenó su arresto y luego la dejó en libertad sin cargos. Sin embargo su nombre, y el de cuantos la rodeen, esta manchado y mucho.

Así es que veremos que pasará con el alcalde o­nubense que al enterarse de la detención de Juana, salió públicamente en su defensa señalando la "valía humana" de la arrestada. Reconoció que la conoce hace años porque ha trabajado en el movimiento ciudadano y en el ecologista. "Una persona noble de gestos humanitarios", y que se vio sorprendido por su detención y tranquilizó al barrio de Juana afirmando que "nadie tiene nada que temer". El alcalde aplicó el sentido común y su conocimiento para salir en defensa de la inocencia de su vecina. Lo contrario que preconiza el Derecho Penal del Enemigo, del que hablaré a continuación. Antes recojo la ofensiva que la artillería socialista empleó para cargar con munición política contra el rival popular.

El Subdelegado del Gobierno en Huelva dijo: "las declaraciones del alcalde pueden poner en duda la actuación policial".

El secretario de comunicación del Psoe andaluz dijo: "Arenas, presidente del PP andaluz, debe desautorizar al alcalde por poner en valor la trayectoria y el activismo social de Juana".
El Delegado del Gobierno en Andalucía dijo: "las declaraciones del alcalde son imprudentes e inoportunas, son unas manifestaciones frívolas. El terrorismo es un tema que exige discreción y seriedad".

Por último la portavoz de la secretaría institucional de la ejecutiva del Psoe de Huelva dijo: "es un tema serio como para tratarlo con frivolidad. Se ha de respetar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. El afán de notoriedad es evidente y no es de su competencia este asunto y si la crisis de un sector productivo del que no habla".

Efectivamente, tal como ha recogido el Colegio de Abogados de Baleares estamos ante la aplicación del Derecho Penal del Enemigo. Una denominación que acuñó la doctrina alemana del Dr Günter Jakobs. La tesis supone la privación de derechos y garantías propios de todos los ciudadanos que son considerados enemigos, acarreando la pérdida de condición plena de personas. El informe del colegio balear resume que "todo aquel que prometa de modo más o menos confiable fidelidad al ordenamiento jurídico tiene derecho a ser tratado como persona. Quien no preste esa promesa de modo creíble, será tendencialmente heteroadministrado, se le priva de sus derechos... no es tratado , por definición, como persona de derecho. Y éste es el caso de Juana. La nota de la Guardia Civil la sitúa directamente en la estructura que ETA, supuestamente, añaden los medios, dispuso para la fuga. La investigación policial da por hecho una responsabilidad criminal que los medios siguen.

Revelan su nombre, sus apellidos, ofrecen su rostro, dan el nombre de la calle donde viven, hablan con los vecinos que apuntan sin saber que la detenida recibe todos los fines de semana alguien de por ahí arriba, que el periodista subraya y otro vecino declara que viajaba a Bilbao con cierta frecuencia.

Los medios, pues, se abonan a la tesis de la acción policial, ni siquiera judicial, que tras prestar declaración la puso en libertad sin cargos y ya no hay vecinos que dicen que, que creen que, que venía gente que... Los medios respaldan sin verificación, sin contraste, con la necesaria prudencia, que luego piden los políticos, la información facilitada por la Guardia Civil. Normalmente, en este tipo de situaciones nadie sale en defensa de un detenido al que se le relaciona con una operación antiterrorista.

Pero en este guión, el alcalde o­nubense se lo salta y manifiesta sus dudas sobre la intervención policial que usa hasta ocho coches de la guardia civil para arrestar a una mujer, de 62 años y con un estado delicado de salud en una humilde barriada. Es evidente que con tal de desgastar al enemigo político todo vale y los temas de seguridad y terrorismo son muy recurrentes en la refriega electoral y el PP, por cierto, sabe también mucho de eso.

En el derecho penal del enemigo se mira a los "presupuestos político criminales que caracterizaron los sistemas penales autoritarios, en concreto, a los postulados del derecho penal de autor versus a los postulados del derecho penal del hecho. En el primer modelo se enjuician delincuentes por lo que son y en el segundo modelo lo constituye el hecho típico objetivamente cometido por el autor. Juana al prestar su casa a familiares de presos, vascos o no, se sitúa ya en una órbita sospechosa.

Es como ocurre con aquellos a los que la Ley de Extranjería desea encarcelar si apoyan o cobijan a inmigrantes sin papeles. Estamos ante un caso similar. Ofrece su casa a familiares de presos. No es de extrañar en personas como Juana que son generosas y se sienten bien ayudando a los demás.Su compromiso social, con el medio ambiente, con el progreso. Todo esto, que antes eran motivos de reconocimiento y valoración social, son ahora criminalizados.

La mayoría bética que sale a la calle para pedir el cese del presidente, saldrá a la calle para pedir también la cadena perpetua y la pena de muerte, y no lo hará en contra de la regresión de los derechos humanos que Juana defiende. Pero si esos son los cargos ¿cuál es el delito? ¿Juana ya es una delincuente por eso? La recriminación social es bárbara, de ahí las reacciones de los políticos que respaldan sin fisuras la actuación policial ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, sin cuestionarla y sin controlarla, pues nadie debe dudar de la eficacia policial en el actual discurso en la aplicación del Derecho Penal del Enemigo.

Estamos juzgando un hecho que no ha llegado a producirse, siquiera. Una persona que aloja en su casa al familiar de un delincuente, es por extensión otro delincuente. El familiar de un preso es también un delincuente. Juana que creció con los valores cristianos de la solidaridad, la fraternidad, el apoyo mutuo, es sospechosa sólo por eso. Con la misma extensión que ahora el Fiscal Jefe de Córdoba quiere empurar a quienes sepan, consientan y no denuncien a quien infrinja las normas de tráfico, aplicándose luego la misma pena que al infractor, como coautor de la falta o delito o como cómplice, por lo que está pidiendo a padres y amigos que ejerzan también de policías y confidentes.

Por eso rubrico el informe del Colegio de Abogados de Baleares en su totalidad y reproduzco literalmente tres últimas consideraciones. Primera: "invitar a la sociedad civil a replantearse como viable la construcción de un sistema político criminal que conjugue el respeto a las más altas exigencias éticas que se derivan de nuestro texto constitucional , con la prevención y control eficaz de todos los tipos de delincuencia".

Segunda: "invitar a no olvidar los trágicos resultados a los que condujeron políticas criminales que, a lo largo del siglo pasado y en distintos continentes, se situaron por encima del principio de la dignidad de la persona y de la intangibilidad de los derechos que le son inalienables", y Tercera: "invitar a los medios de comunicación social a fomentar la reflexión y el debate sobre la política criminal con rigor y seriedad, desde las exigencias propias del Estado Social y Democrático de Derecho, desde la óptica de la dignidad de la persona como uno de los valores más altos de nuestro texto constitucional y renunciando, en el marco que le impone la responsabilidad de la función social que cumplen, a tratamientos sensacionalistas o populistas".

Comunicado de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Huelva en favor de Juana

El pasado sábado día 13 de Junio, la Guardia Civil, por orden del Ministerio del Interior, detuvo a nuestra compañera Juana Orta por supuesta colaboración con banda armada. Tras registrar su domicilio y confiscar su ordenador y varios documentos, la trasladaron a la comisaría de Huelva donde estuvo detenida varias horas, dejándola posteriormente en libertad, sin cargos. Juan Orta, pertenece a nuestra asociación desde sus inicios en Huelva.

Trabaja activamente en la Plataforma Parque Moret, y a lo largo de su vida siempre ha estado comprometida con movimientos políticos, sindicales, vecinales, sociales, ecologistas… y cualquier colectivo que trabajara por la libertad y la justicia.

Quienes la conocemos y tenemos la suerte de trabajar con ella, sabemos de su valía como persona, su solidaridad ante cualquier necesidad y su coherencia vital.

Mostramos nuestro estupor ante esta detención y el despliegue policial desmedido e innecesario para interrogar a una mujer cuyo activismo en pro de los Derechos Humanos, es público y reconocido por toda la ciudad. Resaltamos los innumerables testimonios de apoyo a Juana, de colectivos y personas individuales que conociéndola han sabido reconocer la injusticia y la sinrazón de esta detención. Denunciamos el ensañamiento de algunos Medios de Comunicación que han criminalizado a la persona y a la actividad solidaria, desinformando a la ciudadanía, violando la presunción de inocencia, acosando, quebrantado su derecho a la intimidad, e inventando una realidad paralela.

Destacamos el apoyo recibido por el Alcalde de Huelva reconociendo el compromiso social de Juana y respetando su presunción de inocencia. Denunciamos a la agrupación local del PSOE que obviando el conocimiento de tantas personas y asociaciones o­nubenses y andaluzas, que desde hace décadas conoce y reconoce el compromiso íntegro de Juana Orta por una sociedad más justa, ha incurrido en la descalificación y criminalización gratuita. ¿Quién y cómo resarcirá del daño personal, familiar, social que todo este despliegue de medios policiales, de comunicación, de denuncias supuestas y de múltiples irregularidades han puesto en entredicho su vida y su compromiso? Que este ataque a la solidaridad disidente nos reafirme en la defensa de los derechos humanos y de los valores sociales.

Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía
Delegación de Huelva Huelva, 17 de junio de 2009.

http://albertoalmansa.blogspot.com/2009/06/el-derecho-penal-del-enemigo-el-caso-de.html

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87200