Andalucia
Cuaderno de Campaña
Andalucía Libre
La campaña del nuevo Estatuto andaluz ha reproducido situaciones ya vividas en Andalucía cuando los plebiscitos sobre la ley franquista de Reforma Política, Constitución española, Estatuto de 1981, permanencia del Estado español en la OTAN o Constitución europea. Mentiras, manipulaciones, presiones y desigualdad a favor del SI auspiciados desde el poder, han marcado el tono de la campaña.
Las fuerzas del SI contaron a su favor con abultados fondos públicos, el apoyo desmedido de Canal Sur TV y Radio y de la prensa en Andalucía. Sólo pudieron resentirse del desinterés de los medios escritos y audiovisuales radicados en Madrid -que ha disminuido el nivel del bombardeo mediático- pero no tienen motivos para quejarse: una vez que creyeron que habían conseguido nuevamente que Andalucía dejara de ser problema para España, no es de extrañar que -incluso en contra de sus propios intereses- la tendencia de la Corte fuera relegar al despreciado y despreciable Estatuto andaluz ignorado y secundario lugar habitual en el que tienen ubicado todo lo andaluz.
Aún así, las fuerzas del SI no se andaron con chiquitas en lo que estuvo en su mano y donde pudieron.
Hicieron de entrada una campaña publicitaria institucional -formalmente para informar y para incitar a la participación- tan rematadamente parcial en favor del SI que, tras un recurso del PA ganado ante la Junta Electoral, hubieron de suprimir su lema inicial: 'Muy Nuestro'. No obstante, los 'famosos' (actores, cantantes, locutores...) que -previo pago- amparaban el despliegue publicitario, persistieron. Tampoco se han detenido ante la ampliación discrecional del plazo de voto por correo, el adelanto de los actos institucionales del 28-f -reconvertidos en mítines en favor del Estatuto- o la inclusión de llamamientos favorables a votar el estatutoen la trama del culebrón "Arrayán", que emite Canal Sur en hora de máxima audiencia.
No han faltado los predecibles llamamientos propios de estos casos, en los que organizaciones y personas pagan favores recibidos y se aseguran de seguir siendo bien considerados. Hubo un manifiesto sindical-patronal por el SI y otro de organizaciones sociales, donde repitieron CCOO y UGT y coincidieron con organizaciones afines de campesinos, "emprendedores de economía social", consumidores, discapacitados, feministas y gays del Regimen. Y algunos los han secuenciado para repetirlos sectorialmente por separado.
El inevitable Manifiesto por el Si de los "culturetas progres", con Luis García Montero ejerciendo de capataz (sumando para su causa a las cuadras intelectuales de origen PCE y PSOE) volvió a dejar el habitual sabor agridulce de estos casos al comprobarse por qué parajes de profunda sumisión personal, servilismo profesional y cretinismo político anda instalada una parte de la intelectualidad andaluza reconocida. Nueva ocasión para, aplicando el 'criterio Vargas Llosa', recordar la conveniencia de disociar obras -cuando se da el caso de que tienen interés y valor- de las opiniones políticas de sus autores.
Para acabar de completar el panorama, las fuerzas del SI -y en particular el PSOE- al objeto de generar confusión en las filas del NO, sumaron a la utilización recurrente del Sí del PSA de Pacheco, la difusión de otro manifiesto de antiguos andalucistas -de la etapa de la coalición con el PSOE- que también pedían el SI.
En lo que toca a discursos políticos, la derecha ultraespañolista del PP ha llamado a votar SI sin dudas y contundentemente porque -en su opinión- aunque el Estatuto fuera innecesario, una vez iniciado el proceso, suyo es el merito de haberlo terminado como "un estatuto español y constitucional", siempre contrapuesto al Estatut catalán. Han hecho españolismo ultra y se han postulado como los naturales gestionadores futuros del Estatuto en el Gobierno andaluz. Como simbólico broche de campaña, han anunciado -vía decisión del Ayuntamiento que controlan- la colocación permanente en la plaza del triunfo de Granada de una inmensa bandera española. Para eso ganamos en 1936, han debido decir...
Por lo que afecta a PSOE-IU, el tono común de su discurso se refleja bien en la carta que Francisco Ríos Carrégalo, exdiputado y ahora Coordinador Local de IU de Granada, remitió a un amplio listado de direcciones para "exigir" participación activa en la campaña del SI: "Este Estatuto es básicamente fruto de un acuerdo entre IU y el PSOE en el que nuestras propuestas propias y a las que hemos dado curso, provenientes de organizaciones sociales, han posibilitado que se sume la inmensa mayoría de la sociedad civil. El PP no ha tenido más remedio que sumarse planteando pequeños retoques que no han afectado al contenido básico del mismo. Sólo una parte del andalucismo se pronuncia por el voto negativo con una visión partidista y con planteamientos nada serios y para nada verídicos ni convincentes". Su demagogia ha sido desmedida y desenfrenada.
PSOE y PCE-IU -y tras ellos prensa y medios afines- han intentado sistemáticamente ocultar el NO de izquierdas, soberanista o independentista y sus argumentos, para "transportar el NO a la derecha" y se han empeñado desvergonzadamente en la difícil tarea de defender un texto que comparten con la derecha del PP y que el mismo PP respalda, acusándolo de no hacerlo con "suficiente entusiasmo". Sin mucho éxito, han intentado asimilar la campaña del Estatuto a la del 28-f; cuando su equivalente real es precisamente el del Estatuto de 1981, otra estafa como la presente.
En el lado del NO, el Partido Andalucista optó en su propaganda por la línea más blanda en la crítica del Estatuto -dirigiéndose preferentemente a atar al sector socialmente más moderado y políticamente más regionalista de su electorado- haciendo hincapié en los 60.000 millones de euros que estima que implica de infrafinanciación para Andalucía. Durante la campaña, ha seguido usando del agravio comparativo con Cataluña, aunque el inmenso campo de criticas que ofrece el Estatuto y que aumentaba la demagogia del SI, ha ido paulatinamente atenuando su centralidad, permitiéndole introducir -sobre todo a Julián Álvarez- otros elementos. En el balance final, puede decirse que ha emitido un discurso general más equilibrado que en etapas anteriores; socialmente socialdemócrata y nacionalmente, regionalista fuerte (con algunos guiños nacionalistas puntuales), de tipo federalista.
La Plataforma Andaluces por Andalucía -aunque con una repercusión publica y sobre todo mediática modesta- ha cumplido su papel practico de servir durante la campaña de cobertura funcional para el NO, sobre todo allí donde no coincidía con otras plataformas locales. Tambien ha servido de cauce y paraguas para la expresión de CUT-BAI, fuera de sus baluartes locales tradicionales. Los independentistas y soberanistas -suscribieran o no su muy moderado y políticamente restrictivo manifiesto- luego y a la hora de la verdad, han colaborado y hecho posible en parte sensible el desarrollo de su actividad por el NO.
Finalmente, el grueso de la extrema izquierda española en Andalucía ha pedido el NO 'cinco minutos antes de la hora', con un discurso viejo, sin atractivo y cogido con alfileres.
La sombra de las próximas Elecciones Municipales de Mayo ha sobrevolado la campaña. Del lado del SI, PSOE y PCE-IU se han quejado del protagonismo de los candidatos a alcalde del PP, que la derecha ha argumentado como prueba de su compromiso estatutario al vincular sus candidaturas a la defensa del Estatuto. De otra, ha condicionado la campaña del NO, particularmente en el caso de CUT-BAI, organización que -según declaraciones de Luis Carlos Rejón- ha mantenido lo que el excoordinador general de IU describió como un "pacto de caballeros" con el resto de IU, basado en el reparto de territorios para la agitación y en el principio de la no-agresión política. 'Acuerdo' que, por supuesto, IU ha vulnerado allí donde ha podido y le ha convenido, tal y como ha ocurrido en Osuna o El Coronil.
Previsiones
Un rasgo permanente de la campaña del PSOE-IU ha sido la preparación política y mediática cara a los hipotéticos resultados, tanto en lo referente al NO como a la abstención.
En lo que afecta al NO, habrá que tener presente -para evitar intoxicaciones- que en las ultimas elecciones autonómicas de 2004 -que pueden servir como punto de referencia- el PA obtuvo el 6,3% nacional y la candidatura que entonces recibió el apoyo soberanista e independentista no llegó ni al 1%.
Por lo que se ha visto en campaña -pese a encuestas prefabricadas y presuntas noticias y declaraciones preventivas colocadas al efecto- no se atisba ningún fenómeno significativo de indisciplina en el voto ultra o españolista que indicara su pase al NO. A esos efectos, el discurso radicalmente español de Arenas por el SI ha sido efectivo y por tanto la derecha españolista se repartirá entre el Si y la abstención.
Todo lo cual no evitará el empeño sistemático del PSOE e IU por endilgarle a la derecha el máximo NO posible por razones políticas, ya que ese "no" le resulta útil y nada problemático, en tanto el "no" andalucista, de izquierdas o independentista si le afecta y le molesta. Por contra, todo apunta a que el NO será la suma de andalucistas, independentistas y extrema izquierda, engrosados con elementos desgajados de los electorados del PSOE e IU, jóvenes y abstencionistas.
La alta abstención previsible es eminente y esencialmente pasiva. Tiene un potencial deslegitimador del resultado pero esta consecuencia no le es inherente. Para que se active o no, se depende de cómo evolucione el mapa político andaluz -en donde lo decisivo mañana es el nivel del NO- y sobre todo -mirando a largo plazo- de si se consolidara una opción de izquierda independentista andaluza.
Para evitarse espejismos y lecturas mecánicas al respecto, nada mejor que recordar que el vigente Estatuto de Galicia, fue refrendado en 1980 con una participación de sólo el 28,2% (es decir, con una abstención del 72,8%) y de ese escuálido porcentaje, aún el No -entonces apoyado por lo que ahora se agrupa en el BNG, más los independentistas- obtuvo el 19,7%. Estos datos -como es evidente- no han afectado en nada el curso y legitimación en Galicia de las instituciones emanadas de ese estatuto
En nuestro caso, las fuerzas del SI han ido rebajando paulatinamente sus aspiraciones durante la campaña. La iniciaron recordando al 28 de febrero en que aprobó la iniciativa autonómica, pese a la oposición y el boicot del Gobierno español de la UCD. Pronto cayeron en la cuenta de que aquel 63,88% de 1980 les venia grande y pasaron muy pronto a tomar como umbral el porcentaje del referéndum estatutario de 1981 (53,49%). A continuación, giraron a compararse con el porcentaje del ultimo referéndum estatutario en Cataluña de 2006 (49,41%) y la han cerrado, prudentes, encastillándose en que lo que realmente importa es que haya más síes que noes (lo que resulta una razón adicional para votar NO).
El Estatuto vigente se aprobó con una participación del 53,6%
El 'sí' alcanzó el 89,3% frente al 6,9% del 'no'AgenciasEl Estatuto de Autonomía de Andalucía vigente se aprobó en referéndum el 20 de octubre de 1981 con una participación del 53,68% por ciento del censo, de los que un 89,36% optó por el 'sí' y un 6,98% se decantó por el 'no', mientras que un 2,89% se decidió por el voto en blanco y se registró un 0,77% de votos nulos.Andalucía ha celebrado hasta ahora seis consultas electorales desde el inicio de la democracia y ninguna de ellas ha registrado una participación inferior a ese 53% del censo, a excepción del referéndum celebrado en febrero de 2005 para la ratificación del tratado de la Constitución Europea, que sólo alcanzó una participación del 40,3%.El emblemático referéndum del 28 de febrero de 1980, en el que Andalucía optó por la vía del artículo 151 de la Constitución para alcanzar la autonomía, registró una participación del 63,88% del censo. El 'sí' alcanzó en aquella ocasión el 86,85% frente al 5,36% del 'no', que fue inferior al voto en blanco, que se situó en el 7,02%. Además hubo un 0,77% de votos nulos.Los porcentajes más elevados de participación en referéndum en Andalucía se registraron en los primeros años de la transición, de forma que el 81,9% del censo ejerció el derecho al voto en el referéndum sobre la franquista Ley para la Reforma Política, celebrado el 15 de diciembre de 1976, y el 69,5% acudió a la cita con las urnas en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978.Por su parte, el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, celebrado el 12 de marzo de 1986, registró una participación del 61,5%, mayor al de ratificación del vigente Estatuto andaluz, celebrado cuatro años y medio antes.Todos estos datos sitúan en el último lugar al referéndum celebrado en febrero de 2005 para la ratificación del tratado de la Constitución Europea, que sólo alcanzó una participación del 40,6%, incluso por debajo de la registrada a nivel estatal que se situó en el 42,3%.
Cuadro Histórico de Participación electoral en Andalucía
REFERENDOS: 1976 (Reforma Política) 81,90, 1978 (Constitución Española) 69,5. 1980, Iniciativa Autonómica, 63,88%; 1981 (ESTATUTO AUTONOMÍA) 53,49; 1986 (OTAN) 61,55, 2005 (Constitución Europea) 40,30
ELECCIONES GENERALES: 1977 78,48, 1979 68,65, 1982 68,75, 1986 70,67, 1989 69,32, 1993 76,20, 1996 78,00, 2000 68,77, 2004 74,77
ELECCIONES AUTONÓMICAS: 1982 66,3, 1986 70,55, 1990 54,78, 1994 67,28, 1996 77,94, 2000 68,71, 2004 74,66,
ELECCIONES MUNICIPALES (+): 1987 66,66, 1991 61.15, 1995 68,81, 1999 64,64, 2003 65,57Fuente: Ministerio del Interior y Parlamento de Andalucía. (+) El Ministerio del Interior no ofrece datos de las municipales de 1979 y 1983
Andalucistas cierran su campaña por el NO
El PA se compromete a no apoyar «ningún» Gobierno con este EstatutoAgencias
El secretario general del Partido Andalucista, Julián Álvarez, condicionó ayer formar parte de «cualquier gobierno» a la no aceptación de la «rebaja» que supone el nuevo Estatuto, así como su modificación, y adelantó que esta posición será el «eje central» del discurso andalucista de los próximos años. Así, Álvarez adelantó que la reforma del nuevo Estatuto estará en el «primer documento que presentemos al primero que quiera negociar con nosotros para formar cualquier tipo de gobierno». El PA tiene la intención de convertir el «no» al Estatuto en su ideario político en el «eje central» de su discurso para «seguir trabajando» por una Andalucía de primera a partir del 18 de febrero. Y fue a más: aseguró que será una condición a la hora de formar posibles pactos de gobierno. «Tampoco habrá Presupuestos de Andalucía ni ninguna ley importante pactada con el PA si no es desde la exigencia de una Andalucía de primera, pues no aceptaremos este Estatuto a la baja».
El andalucista, que eludió hacer un pronóstico sobre los resultados del referéndum, insistió en su objetivo de que los noes sean más que los síes, aunque vaticinó que el respaldo al Estatuto «no llegará» al 50% del censo.También aprovechó para hacer balance de los quince días de campaña, de la que comentó que, a diferencia de los otros partidos, el PA la ha centrado en explicar y desentrañar las razones del «no» al Estatuto y en compararlo con el de Cataluña. Asimismo, anunció que su partido presentará tras el referéndum iniciativas para que «exista una mayor claridad y limpieza» en las campañas electorales, «frente el uso perverso de los medios públicos que el PSOE ha hecho en esta». Álvarez, junto al monumento situado en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Carmona donde fusilaron a Blas Infante, hizo una declaración de principios de su partido «con todas las de la ley», que llevará a la práctica «tanto a la hora de gobernar, de hacer un tipo de oposición o de condicionar un tipo de gobierno». «No dejaremos jamás de hablar del Estatuto ni de las diferencias que nos trae este texto», aseveró. Indicó que a partir del lunes «seguiremos trabajando por una Andalucía de primera». «Vamos a dar toda la guerra del mundo para intentar cambiar este Estatuto en el caso de que se apruebe», reiteró Álvarez. Insistió en la idea de que «si está en nuestra mano, no vamos a consentir que nadie gobierne Andalucía sin exigir una igualdad absoluta» con el resto del Estado.Álvarez pide rechazo e invita organizaciones del "no" a crear la alternativaSevilla, 16 feb (EFE).- El secretario general del PA, Julián Álvarez, pidió hoy a los ciudadanos un rechazo "rotundo" al Estatuto con el que Andalucía "perderá todo" lo que consiguió el 28-F, e invitó a los que defienden el no a aprovechar este "momento histórico" para construir una alternativa al PSOE. En un escenario presidido por figuras de poliespan verde (1,5 metros de altura cada una) con los números de los 60.000 millones que según el PA pierde Andalucía con el Estatuto; otras dos columnas de globos blancos y verdes, militantes-animadores y varios globos y pantallas gigantes, encabezados por el lema "Así, no", el PA afrontó su último acto de la campaña en un hotel de Sevilla.En este entorno festivo, plagado de banderas andaluzas, Álvarez aseguró: "Con este Estatuto Andalucía pierde todo lo que consiguió el 28 de Febrero y es un paripé porque nunca han tenido voluntad de hacer una reforma de primera". El líder andalucista comenzó su alocución haciendo referencia a la "inmensa batalla" que su partido ha realizado en la campaña, pese a las "limitaciones que nos han impuesto", en alusión al Gobierno andaluz, al que acusó de intentar "callar a todo el que no diga sí, señor Chaves".
En tono irónico, Álvarez dijo que el Estatuto es un "acto de fe basado en la creencia a Chaves" con el que quieren "montar una nueva religión con todos sus mandamientos". De los "mandamientos" destacó: "Convocaré el 28-F cuando me dé la gana; las empresas de los hermanos de Chaves pueden contratar con la Junta; es razonable excarcelar a De Juan Chaos; no te mancharás con el chapapote de Algeciras y no desearás los 60.000 millones de Cataluña".
Álvarez recordó a los militantes que "no estamos solos" para enumerar, a continuación, a todas las organizaciones que defienden el no al Estatuto, en las que destacó a la "Plataforma de No" y a algunos de sus miembros como Manuel Pimentel, Luis Carlos Rejón o Diego Cañamero, un "montón de buenos" andaluces -dijo- que "cree" en Andalucía. A todos ellos les invitó a "aprovechar este momento histórico y a construir la alternativa" a Chaves y al PSOE, de los que dijo que son el "problema" de Andalucía, aunque también se mostró convencido de que "muchos votantes autonomistas" del PSOE e IU votarán en contra.El mitin, el más concurrido y animado con unos 400 asistentes, comenzó con la proyección de un vídeo resumen de la campaña andalucista de los más de 40 actos en los que ha participado el secretario general, que en esta ocasión estuvo arropado por dirigentes andalucistas históricos como Alejandro Rojas-Marcos o Miguel Ángel Arredonda. Antes del secretario general, intervinieron, entre otros, el candidato del PA a la Alcaldía de Sevilla, Agustín Villar, y la portavoz parlamentaria, Pilar González, que, como Álvarez, reiteraron y recalcaron el "no, no al Estatuto de la traición".
Bufanda andalucista al cuello con la inscripción "Viva Andalucía libre", Pilar González pidió a los asistentes que trabajen "por la utopía" y les recordó que la formación "ha apostado" por un Estatuto "justo, con identidad como nación, con competencias y financiación suficiente". "No, a que nos cambien el Estatuto de Carmona por el Estatuto de Madrid; no al cambio de un Estatuto de altura por otro del bombero torero", enfatizó la portavoz, que dijo que con la reforma "no está garantizada" la financiación para desarrollar políticas de progreso, algo -dijo- de lo que "ni se han enterado" el PP e IU.Otro vídeo, con los logros del PA cuando estaba en el Ayuntamiento de Sevilla y de denuncia de las carencias "provocadas" por el actual gobierno municipal del PSOE e IU, precedió la intervención de Agustín Villar, quien acusó a "estos seudoprogresistas de salón" de haber convertido a Sevilla en la ciudad "de los mangazos, de las facturas falsas del Distrito Macarena y del trenecito turístico (por el Metrocentro)". EFE
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Opinión
La mirada de ChavesJose Luis Serrano*La Opinión de Granada, 16.02.2007Prometí no volver a escribir de política en los caoramas, porque ya sé, querido lector, que mis opiniones sobre lo público te traen al fresco. Esta semana vuelvo a incumplir la promesa. He visto dos noticiarios de Canal Sur. Dos. No más. Suficiente. Me reafirmo: votaré no a este estatuto. Les cuento lo que he visto y cómo lo he visto. Sin acritud, sin rencor, pero también sin literatura. Lo siento, querido lector que me hablas de "la poesía cotidiana de los caoramas". Hoy no hay poesía. Empiezo por lo menos visto en Canal Sur, la nuestra: el Partido Andalucista pide el no, pero parece abrumado por tener que hacerlo. El eje argumental del no andalucista es que con este Estatuto Andalucía pierde sesenta mil millones de euros. Pero ‘60.000 millones de euros’ es un concepto no menos abstracto, inabarcable e inimaginable que ‘Santísima Trinidad’. A veces dicen que Andalucía es una nación y que este estatuto la trata como una región, como si fuera La Rioja o Murcia, la región por excelencia. Pero esto lo dicen pocas veces, sin elevar la voz y sin pasión. Un discurso neutro sería estratégico si la inercia favoreciese al no, pero favorece al sí. De todas formas, Julián Álvarez en formación, en inteligencia y en estrategia no sólo está muy por encima de sus predecesores en la secretaría general andalucista, sino también muy por encima de la media de la clase política andaluza. Decía Hölderlin que donde reside el peligro reside también la oportunidad. El peligro es este Estatuto, la oportunidad acaso sea la gestión del no que pueda hacer Julián Álvarez.Justo al revés del Partido Andalucista, Izquierda Unida pide el sí, pero parece pedir disculpas por hacerlo. Hay mucho nacionalismo andaluz dentro de Izquierda Unida. De hecho, en los años en que Ortega dirigía -por decir algo- la nave del PA, el nacionalismo andaluz se refugió ahí. Y no sólo desde dentro, tampoco desde fuera se entiende qué hace Concha Caballero pidiendo el sí. Tal vez soñaban con la foto a solas con el hermano grande, el PSOE, y no han sabido salirse del encuadre cuando han llegado las ciento cincuenta enmiendas de la prima fea: la derecha centralista del PP.En tercer lugar, he visto en televisión a los hombres del PP. Algunos me estremecen, sobre todo aquellos que no puedo dejar de asociar con el 11-M, pero eso es una percepción subjetiva. Javier Arenas fue quien dijo para mí la frase definitiva, la que me lleva de cabeza al no: "Este estatuto -dijo- es nacional y constitucional". ¿Qué diferencia hay entre los dos adjetivos? ¿Acaso no dicen en el País Vasco que no hay más nación que la establecida en la Constitución? ¿Por qué esa diferencia entre lo nacional y lo constitucional aquí? ¿Quieren decir que hay una España nacional preconstitucional a la que los andaluces estamos vinculados aunque el peor nacionalismo de corte Milosevic se imponga en Madrid?Y cuarto, he visto a los hombres del PSOE. Uno de ellos -dicen que el que más manda- lee los discursos, habla mal y parece más preocupado por el Atleti que por la emigración de nuestros universitarios a Madrid. Deprimente. El presidente Chaves, en cambio, me desconcierta. A veces parece ser consciente del tamaño histórico de su cargo. A veces en cambio se comporta como si fuese el presidente de la región riojana. A veces parece que sabe que España es Andalucía, otras veces parece obsesionado con la unidad de España, eslogan que esconde hoy la centralidad de Madrid. ¿Si el PP piensa en que no se vayan Euskadi ni Catalunya y el PSOE piensa en cómo mantener la centralidad de Madrid, quién piensa en Andalucía? Estoy seguro de que este estatuto nos lleva a segunda y de que el presidente está equivocado, pero cuando observo su mirada en televisión me pregunto si es sincero.
*Jose Luis Serrano es profesor de la Universidad de Granada y autor de la novela Zawi
El Foro Social de Granada pide el VOTO NO al Estatuto
Consideraciones ante el Nuevo Estatuto de Autonomia
y el referendum del día 18Isidoro Moreno* Asumiendo modestamente, pero sin complejos, lo que algunos consideramos un deber cívico y de conciencia, que es inexcusable para quienes nos consideramos o somos considerados “intelectuales” –profesores, investigadores, creadores o críticos en el ámbito de la cultura-, me permito hacer llegar a los miembros de la comunidad universitaria una serie de consideraciones sobre el nuevo Estatuto de Autonomía que se nos presenta a ratificación por referéndum el próximo 18 de febrero. Como era de esperar, la intoxicación mediática de estos días no sólo invita a un voto afirmativo no argumentado y ciego, sino que está plagada de falacias e inexactitudes que pueden contribuir a que, en un futuro próximo, aumente la frustración y el desprestigio de “lo político” cuando muchas afirmaciones que se están haciendo ahora se muestren vacías. Por otra parte, los incesantes llamamientos públicos de personas de muy diversa significación –entre las que, en Sevilla, no faltan los imprescindibles Lopera y Del Nido*- y de organizaciones empresariales, sindicales y toda una larga serie de asociaciones del más diverso tipo a favor del Sí –por motivos y con objetivos que cada quién es libre de interpretar- van destinados a fomentar el “pensamiento cero”, creando una sensación de práctica unanimidad sobre las supuestas bondades del texto y planteando implícitamente como innecesarias la reflexión y toma de decisión consciente sobre si votar o no, y en su caso qué votar, por parte de cada ciudadano y ciudadana. Desde el distanciamiento respecto a todos los partidos políticos actualmente existentes, y utilizando el medio de comunicación que los miembros de la comunidad universitaria tenemos a nuestro alcance para hacernos llegar no sólo noticias sino reflexiones sobre aquello que creemos importante para la Universidad y para el conjunto de la sociedad, me decido a enviar estas reflexiones desde el profundo respeto a todas las opiniones que puedan ser contrarias a mis planteamientos y con el objetivo único de contribuir a un debate que no ha estado fuera de nuestra Universidad –ya que ha habido algunas Jornadas sobre el tema en diversos centros- pero que estimo no ha tenido entre nosotros la envergadura que su importancia requiere. En primer lugar, en cuanto a su forma de elaboración, me parece necesario denunciar que en los más de cinco años transcurridos desde el primer anuncio de la reforma del Estatuto actualmente vigente no ha existido, ni ha sido impulsado por la Junta de Andalucía ni por ningún partido político, el imprescindible debate social acerca de su necesidad y sobre los logros e incumplimientos del aprobado en 1981. Todo ha sido negociado y acordado a espaldas de la ciudadanía por las cúpulas partidistas, aunque ahora se afirme que han intervenido en su elaboración representantes de múltiples organizaciones sociales(?). Es sólo cuando el texto ha de cumplir el precepto de su ratificación en referéndum –como consecuencia de que Andalucía es, gracias al 28 de Febrero de 1980, una Comunidad Autónoma del artículo 151 de la Constitución- cuando se apela a la participación popular, sustituyendo la información y el debate por eslóganes publicitarios que animan, casi todos ellos, a votar afirmativamente de una forma ciega, sin un verdadero conocimiento de lo que se vota y de las consecuencias que tendría dicho voto para nuestro futuro colectivo. Antes de elaborar un nuevo Estatuto hubiera sido obligatoria una evaluación seria y rigurosa de los aspectos cumplidos e incumplidos del aprobado en 1981 y un amplio debate sobre la situación de Andalucía hoy: de cual es nuestra situación real, de cuáles son nuestros principales problemas y de hacia dónde queremos caminar. Contrariamente a esto, lo que se nos ofrece en el preámbulo del nuevo texto es la afirmación de que “hemos pasado del subdesarrollo económico y cultural a un panorama similar al de las sociedades más avanzadas” y que Andalucía “se ha acercado al ideal de Andalucía libre y solidaria por la que luchara Blas Infante”. El hecho de que Andalucía continúe ocupando los últimos lugares entre las Comunidades Autónomas del Estado Español en cualquier clasificación respecto al bienestar y la calidad de vida, y la lectura de la obra de aquél descalifican estas afirmaciones triunfalistas que tratan de enmascarar nuestra realidad y de vaciar de significación al que fue principal luchador por una Andalucía Libre. En segundo lugar, respecto al texto mismo que se nos presenta a referéndum, lo consideramos radicalmente insuficiente e inserto en un modelo económico, político y cultural cuya lógica es la contraria de la que posibilitaría a Andalucía avanzar hacia un desarrollo humano, sostenible y solidario, centrado en las necesidades y aspiraciones de las personas y no en los intereses de quienes controlan el Mercado. Sin intención de exhaustividad, y a título de ejemplos, señalamos algunos de los aspectos que considero más negativos del texto:
No reconocimiento de la identidad nacional de Andalucía. La alusión en el preámbulo a la “realidad nacional” no supone -tras la desnaturalización del concepto en las Cortes Españolas respecto a lo aprobado en el Parlamento Andaluz- una definición de Andalucía con vigencia en el presente sino una mera referencia erudita a un documento de hace casi cien años al que no se da valor alguno en el presente. Este no reconocimiento supone rechazar la existencia de un pueblo andaluz con derecho a decidir sobre nuestros propios asuntos y a dotarnos de las instituciones y competencias necesarias para ello.
No existen instrumentos para garantizar el reequilibrio interno de Andalucía, territorial y social, ni para conseguir la igualdad con otros pueblos del Estado respecto al efectivo ejercicio de derechos que, en teoría, nos son reconocidos.
No se reconoce de manera adecuada la deuda histórica que el Estado Español tiene con el pueblo andaluz; deuda que no consiste solamente en el déficit en la financiación de competencias traspasadas a la Junta de Andalucía sino que abarca el valor de los recursos materiales, financieros y humanos expropiados a Andalucía durante los últimos ciento cincuenta años en beneficio de otros territorios. Y que no debería considerarse pagada hasta que alcancemos, al menos, el nivel medio del Estado en todos los servicios.
Se establece la subalternidad de las leyes andaluzas respecto a las estatales y europeas, incluso en aquellos ámbitos definidos como competencia exclusiva de Andalucía.
No se contempla el papel de los municipios como nivel institucional fundamental y gestor de servicios más cercano a los ciudadanos, ni se plantea resolver la financiación de los mismos, ni su presencia en órganos de decisión política, ni su agrupamiento necesario en comarcas.
Los derechos sociales que teóricamente se reconocen –constituyendo, al decir de algunos partidos y organizaciones, el principal logro del texto- son, en gran medida, una mera recopilación de los ya existentes en la Constitución o reconocidos en diversas leyes; y, además, no cuentan con verdaderas garantías para su ejercicio, ni jurídicas ni financieras. En este último aspecto, el Estatuto no contempla una fiscalidad redistributiva y compensatoria, social y territorialmente, ni define una forma de financiación que haga avanzar la convergencia, en el ejercicio de los derechos, con otras Comunidades del Estado. Seguiremos dependiendo de la legislación que establezca el poder central del Estado y se elabore en Bruselas sin que, en la práctica, tengamos capacidad de decisión en esas instancias.
Entre los objetivos de la Comunidad Autónoma y los principios rectores a los que deben responder las políticas públicas –que no siempre se corresponden- están ausentes la desaparición de las bases militares extranjeras o “de utilización conjunta” en suelo andaluz y la aspiración de declarar Andalucía territorio desnuclearizado.
La alusión a la Reforma Agraria se convierte en una broma al ser insertada obligatoriamente en la política agraria comunitaria (PAC). Pero, sobre todo, no existe alusión alguna al objetivo de que sea el logro de la Soberanía Alimentaria el eje de nuestro desarrollo agrario, ni se realiza una prohibición y ni siquiera una política preventiva respecto a los transgénicos, a pesar de que constituyen una grave amenaza para los agricultores andaluces y para nuestro medio ambiente.
No se contempla el suelo como patrimonio colectivo andaluz, por lo que seguirá siendo un recurso económico abierto a la especulación y la destrucción del entorno natural y cultural. Y ello continuará imposibilitando la resolución del gravísimo problema de vivienda que sufren millones de andaluces.
Los contenidos del “derecho al trabajo” (artículo 26 del Estatuto) constituyen una burla a dicho derecho y, sobre todo, a los cientos de miles de andaluces sin empleo y a los millones con empleo precario. Lo que sí se garantizan son “las condiciones necesarias –supongo que, sobre todo, económicas- para el desempeño de sus funciones” a las organizaciones sindicales y empresariales “más representativas”.
El texto del nuevo Estatuto es inaceptable en su tratamiento de la cultura andaluza que debiera defender y desarrollar. En lugar de recoger los valores humanistas y potencialmente liberadores de esta –entre otros, la centralidad de la persona, el igualitarismo, la solidaridad y la valoración de la dignidad por encima de la riqueza material- asume en su artículo 1º “los valores de la Unión Europea”, que me temo sean, aunque no se confiese, los de la globalización neoliberal: la competitividad insolidaria, la productividad medida en términos exclusivamente económicos, el individualismo, el consumismo desaforado, la búsqueda ciega de beneficios sin tener en cuenta los costes sociales y ecológicos…
El texto refleja una inaceptable reducción del conjunto de valores y expresiones culturales andaluces a lo declarado como Patrimonio por los poderes públicos. La referencia específica al flamenco nos tememos que pueda funcionar como coartada para desatender las obligaciones respecto a los demás elementos y valores culturales de Andalucía y para acentuar la consideración de la cultura como un mero recurso económico y no fundamentalmente como cimiento de la identidad colectiva. La desvinculación de la cultura andaluza del ámbito de la Educación refleja con claridad el sesgo reduccionista y mercantilista del nuevo Estatuto en esta dimensión. Ante ello, el mantener el objetivo incumplido del anterior Estatuto de conseguir “el afianzamiento de la conciencia de la identidad y la cultura andaluza” supone una mera declaración retórica vacía de contenido.
Más allá de lo anterior, las menciones a la Educación, y especialmente a la investigación y a las universidades, son significativamente pobres y casi inexistentes. En este sentido, el Estatuto no agrega apenas nada ni va servir de contrapeso respecto al conjunto de leyes y normas, incluidas diversas directrices europeas, que están poniendo las universidades al servicio exclusivo del Mercado, vaciándolas de otras funciones.
No se impulsa una verdadera participación ciudadana en los debates y decisiones más allá del derecho al voto en convocatorias electorales y referéndum convocados desde el poder; e incluso se excluye de este derecho a quienes viven y trabajan en Andalucía pero no poseen la nacionalidad española (salvo los ciudadanos de la UE para las elecciones locales). Y tampoco se avanza en cuanto a evitar situaciones que atentan contra el autogobierno y la democracia como la reiterada coincidencia de las Elecciones Andaluzas con otros comicios electorales y el mantenimiento de personas en unos mismos cargos públicos sin limitación temporal alguna. Por otra parte, el texto que fue aprobado por el Parlamento Andaluz el pasado mes de mayo –que reflejaba ya graves limitaciones- ha sido recortado e incluso desnaturalizado en cuestiones fundamentales tras su paso por las Cortes Generales. Más de 150 artículos han sido modificados, siempre en un sentido restrictivo y de supeditación total al ámbito central del Estado. La machacona alusión a la Constitución y a la legislación estatal ha sido acompañada de una labor sistemática de poda y tala de casi todo lo que podía valorarse como potencialmente positivo del primer proyecto. El objetivo de conseguir el máximo consenso entre los partidos parlamentarios jamás debería haberse hecho a costa de reducir, e incluso anular, dichos avances. Al respecto, es escandalosa la falta de escrúpulos de quienes niegan la trascendencia de los cambios que el texto sufrió en el Congreso de los Diputados para justificar su apoyo al mismo como parte de estrategias partidistas o de consecución de beneficios personales.
Caso de ser aprobado este texto de Estatuto, considero que Andalucía se convertirá en una Comunidad Autónoma de segunda categoría respecto a otros pueblos del Estado, anulando casi todo lo conseguido aquel día histórico que fue el 28 de Febrero de 1980. Y acentuará su dependencia económica, social y cultural y su subalternidad política. Por ello, me permito invitar a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria a reflexionar sobre el texto que se nos ofrece, a compararlo con otros, y a tomar una decisión consciente el próximo día 18.
En todo caso, agradezco la atención que hayais podido prestar a estas consideraciones.
*Isidoro Moreno Navarro, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla
*NOTA DE ANDALUCIA LIBRE: Ruiz de Lopera, es presidente del Real Betis Balompie y Jose Maria del Nido, Presidente del Sevilla Futbol Club, los dos equipos de futbol de Sevilla.
El Jano Español: PP e IU ante el Estatuto
Las dos caras de España a la hora de la doma y sujeción de Andalucía
Libre
La campaña del referéndum de reforma del Estatuto para Andalucía ha estado repleta de excesos retoricos. Por esto, a fin documental, hemos recuperado cara a la historia citas extraídas de intervenciones hechas en sede parlamentaria, a las que -en principio- cabe suponerles mayor solemnidad. De entre las posibles opciones, hemos seleccionado hoy las provenientes del PCE-IU y del PP.
De IU, nos ha atraído el descaro demagógico de una organización que parece acreditar con su actuación reciente que lleva desde 1936 en su ADN el gen de la traición férreamente implantado; tal es la desenvoltura con que miente y con que ejerce su papel de salvaguardas español desde la 'izquierda'. Del PP, su coherencia españolista que le permite expresar el discurso español sobre Andalucía sin reservas y provocativamente, haciendo perceptibles los elementos de desprecio y humillación nacional que intrínsecamente encierra, más allá incluso de lo estrictamente institucional. A fin de cuentas, el PSOE aunque sea quien articule hoy la opresión nacional, mama y se nutre ideológicamente de ambos.
PCE-IU: Las miserias del españolismo de ‘izquierdas’ Los embustes de IU y el discurso político que los ha amparado a lo largo de todo el proceso estatutario merecen especial recordatorio. No en balde fue su voto el que permitió al PSOE aprobar su Proyecto del 2 de Mayo en Andalucía y aunque cumplida su función tras el pacto tripartito con el PP en Madrid, IU haya quedado relegada al papel secundario que le corresponde, no por ello ha de olvidarse la desfachatez con la que se desempeñó durante sus ‘cinco minutos de gloria’. Un señor de Logroño que ejerce de diputado por Cádiz y atiende al nombre de Ignacio García, dio el tono españolista para las intervenciones de IU en el debate parlamentario. No pudiéndose resistir al tópico conmemorativo y en medio de un debate sobre el Estatuto de Andalucía, quizá para darle empaque a sus palabras, García se engolfó en un recordatorio mitómano: “Hoy es 2 de mayo, fecha en la que, hace casi dos siglos, resonaron gritos de libertad del pueblo español”. De ahí saltó a reivindicar la Constitución española de 1812: “Constitución de libertades, plasmación jurídica de aquel grito que había surgido el 2 de mayo de 1808”. Este español de nacimiento y convicción, se olvidó de que contra el citado texto y el Régimen que encarnaba -que afirmaba en su Art. 1. “La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”- se rebelaron justamente todos los patriotas latinoamericanos en lucha por la independencia de sus países (que por cierto el Art. 10 de esa Constitución relacionaba como “españoles”). Siguiendo la más pura tradición decimonónica del liberalismo español también se olvido que ese texto legitimaba la esclavitud -“Art. 5. son españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas”-, la discriminación racial -“Art. 22. A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos”- o la tiranía clerical: “Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica apostólica romana, única verdadera”. De vuelta al presente, pero aplicando la misma línea, otro señor de Valladolid que dispone de acta por Granada y que se llama Pedro Vaquero del Pozo, también español de nacimiento y no sólo de convicción -y son ya dos de cinco diputados que tiene IU en el Parlamento español los que tienen esa doble condición- no encontró mejor argumento para avalar el Estatuto que afirmar en un arrebato de españolidad: “Nuestro anticipo de modelo de financiación ha servido ya al conjunto de las Comunidades Autónomas del Estado, a eso que llamamos unidad de España —y no nos duelen prendas, con todas las palabras, unidad de España”.
Este destacado dirigente del PCE, aún concediendo magnánimo que “no es un Estatuto de la izquierda y para la izquierda, sino de todos los andaluces, para Andalucía y de Andalucía”, no tuvo empacho en declarar en la tribuna parlamentaria entre los meritos que le encontraba al Estatuto, que “este nuevo Estatuto establece, al máximo nivel normativo, la alianza estratégica que significa el reconocimiento del papel del diálogo y la concertación social, es decir, de los sindicatos y las organizaciones empresariales como sujetos sociopolíticos que lo manifiestan expresamente.” Tras el guiño a las burocracias sindicales españolas, embalado en su apología de la colaboración de clases y para pasmo de cualquier lector de Marx o Lenin que en el mundo hubiere, el mismo diputado diagnosticó que con el estatuto a la vez “ganan los trabajadores, ganan los autónomos, los emprendedores, ganan la economía social y las pymes, ganan las empresas con responsabilidad social (?) con este Estatuto, y pierden los especuladores, los rentistas, los que miran más a sus intereses y menos a los intereses generales” y para darle un toque de irreverencia no se le ocurrió otra cosa que argüir que “quienes desde la derecha económica y política rechacen este nuevo Estatuto deberían ser más sinceros con los andaluces. No es la palabra «Nación» la que más les asusta, sino precisamente el carácter social del Estatuto, la calidad del empleo que exige este Estatuto”. Ya se ve como tiembla la gran patronal o las multinacionales con el Estatuto andaluz... La portavoz Concha Caballero –esta sí andaluza de nacimiento, aunque también española de convicción- abundó en lo mismo, sin cortarse: “Hemos llevado al Estatuto todas las preocupaciones sociales de nuestro tiempo”. Incluso, cuando el PSOE le dio la oportunidad de defender la tramitación del Estatuto en el Parlamento español el 23 de Mayo, detalló: “Hoy venimos del sur para defender en nombre del Parlamento de Andalucía el proyecto de ley de un nuevo Estatuto de Autonomía, un texto que resume nuestra aspiración de máximo autogobierno, máximas competencias y nuevos derechos sociales. Nuestro Estatuto de Autonomía es también una contribución al avance del Estado de las autonomías en el conjunto de España (...) a decir que en nuestro país, en España, democracia y autonomía son parte de la misma moneda. Presentamos un Estatuto autonomista y federal ante el Estado, pero profundamente social ante la ciudadanía. Es, señoras y señores diputados, un Estatuto que contempla un capítulo completo dedicado al empleo, donde se afirma en más de diez ocasiones el término calidad; calidad para que las jóvenes y los jóvenes no estén en la precariedad; calidad y seguridad frente a los accidentes laborales y calidad en el conjunto de las relaciones laborales”. Lo mismo, en definitiva, que vino a decir el coordinador de IU de España, Llamazares, en el Parlamento español a la hora de resumir su respaldo al Estatuto: “Vamos a votar un Estatuto progresista y de máximos, un Estatuto desde la izquierda para toda Andalucía porque agota todas las posibilidades constitucionales dentro de la Constitución”. Palabras todas a retener en la memoria y a recordar ante cada despido, cada carencia o cada humillación... La diputada Caballero ya había reconocido previamente en la sesión parlamentaria de Sevilla que “las competencias señalan la frontera entre el querer y el poder. Tu puedes fijar una serie de objetivos políticos pero si no le dotas de los suficientes instrumentos para poder cumplirlos nunca podrás hacerlo. (...) Hemos dicho que las leyes de bases tienen que regular sólo principios generales y que el Estado no puede aprovechar su capacidad legislativa para entremeterse en el funcionamiento y en las competencias de la autonomía”. No puede alegar pues la ignorancia como atenuante. Y no por ser consciente de ello y de que la letra estatutaria no cumplía en absoluto los requisitos que ella misma había formulado, cejó en su apoyo al Estatuto. Es verdad que también había dicho que “Nuestro estatuto actual nació huérfano de la derecha y sin embargo ha abierto la puerta a un importante autogobierno de Andalucía”, omitiendo el consenso estatutario con la UCD para rescribir la historia y que había adelantado que IU “no aceptaríamos ninguna tramitación hacia las enmiendas que plantea actualmente el PP” y a la vista está en que quedó esa amenaza, así que no hay que extrañarse. La diputada Caballero también afirmó que en relación con la Unión Europea “Andalucía tiene que tener voz propia y vincular la opinión del Gobierno central cuando son materias que afecten especialmente a Andalucía”. Su compañero y co-portavoz Antonio Romero –que tiene inscrito en su abultado currículo su protagonismo durante la Transición para evitar la Reforma Agraria en Andalucía desde la dirección de CCOO del Campo- lo reiteró así entre las razones que les llevaban a sostener al estatuto “y hay que destacar que la postura de Andalucía será determinante si las competencias son exclusivas en la materia de que se trate”. Como quiera que tanto para uno como para otro, Agricultura –aunque no lo sea realmente- figura entre estas, habrá que ver como explican la impotencia andaluza ante las sucesivas agresiones de Bruselas, por ejemplo, en la reordenación de las OCMs o en la apertura de su mercado a las producciones extracomunitarias. Cuando no haya fondos en Andalucía no ya para inversiones de desarrollo productivo sino incluso para hacer frente a los gastos corrientes habrá que recordar la sentencia grandilocuente sobre la financiación que el castellano Vaquero del Pozo dejó caer en el salón de plenos: “Esta todo atado y bien atado para los intereses de Andalucía”.
De momento, cabe recordar, la tramitación en Madrid ya desató –por secundario que fuera y aunque estuviera inserto dentro del esquema dependentista- todo lo relativo al Fondo de Compensación, la envoltura de la llamada “Deuda histórica” o acotó a la baja la promesa sobre el porcentaje de inversiones estatales. Impasible el ademán, IU siguió sosteniendo el estatuto.
Lógica actitud cuando sus prioridades ya eran de principio explícitamente españolas capitalistas y neoliberales, según argumentaba el mismo diputado: “El modelo de financiación que propone el texto del nuevo estatuto consiste en una mezcla equilibrada entre la máxima capacidad de autonomía fiscal y financiera y la preservación de la capacidad financiera del Estado para armonizar y garantizar la unidad de mercado y para blindar los intereses de Andalucía establece varias cláusulas de concreción y salvaguardia como son el principio de multilateralidad y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para servir a esa multilateralidad y servir de receptáculo a la misma.”. Sabiendo lo que es realmente el CPFF y cuando –como es notorio- no existe capacidad de veto andaluz y toda la potestad decisoria está en el lado español, las remisiones a la ‘multilateralidad’ –y más en la etérea categoría de “principio”- como “garantía” han de anotarse –a escoger- en el capitulo de salidas humorísticas, doctrinarismo español o en el del más cruel cinismo. Con este nivel de deshonestidad intelectual y desvergüenza política, no sorprende que siguiendo su tónica de prioridades a la hora de valorar la definición de Andalucía, el mismo diputado Romero que en junio de 2005 había declarado que "IULV-CA no está dispuesta a 'renunciar' para Andalucía a la denominación de nación y solicitará incluso la modificación del artículo 2 de la Constitución para que pueda 'tener encaje'", explicitara a qué se refería entonces: “La expresión de «Realidad Nacional» o «Nación», es hoy nuestro artículo 151 y la garantía de que no nos descolgamos de las nacionalidades históricas”, lo que se concretaba en la inevitable reclamación tramposa al agravio comparativo: “No aceptaremos ni un milímetro menos de autogobierno que Cataluña y el País Vasco. El nuevo estatuto es una garantía de solidaridad de la España Plural, sin asimetrías ni privilegios”. Una nueva muestra de amnesia interesada y selectiva -como resulta evidente si se mira al apartado de financiación y se recuerda que estaban votando que Andalucía no dispusiera de Concierto ni Convenio propio- y un nuevo alegato a favor de la subsidiariedad andaluza en relación a España.
Así es natural que teniendo tal grado de compromiso español, este diputado culminara su parlamento en nombre del grupo de IU con el casposo grito de “¡Viva la España plural!”.
El ultraespañolismo del PP y el sometimiento andaluz
Durante su paso por el Parlamento andaluz, cuando el PP se oponía al proyecto estatutario, su diputado Salas Machuca no tuvo empacho en declarar que “En ningún momento, la Constitución establece una clarificación y una definición de competencias exclusivas, compartidas, ejecutivas y mucho menos de competencias en relación con el derecho comunitario. No es función del Estatuto la caracterización de los tipos de competencias." Estaba haciendo lectura política constitucional. Y ya puesto, mentía con alevosía, sin olvidar explicitar su concepción sobre lo autonómico: "El Estatuto se configura como un limite a la capacidad del Estado, para evitar legislación básica, que queda reducida a una mera declaración mínima de principios orientadores y no podemos olvidar, señorías, que en las distintas manifestaciones del Tribunal Constitucional, las contenidas en las leyes, en los reglamentos o incluso en simples actos administrativos constituyen un común denominador que se tiene que respetar y que conforman la unidad fundamental para todo el territorio español”.
Este diputado quería que la dependencia no sólo existiera sino que se notara: “Hay una especie de alergia a reconocer y a hacer referencia a competencias exclusivas del estado contenidas en el Art. 149.1 y en otros artículos. ¿Por qué en materia de educación, que es un derecho fundamental, reservado a ley orgánica, no se contempla una cláusula sin perjuicio o en cajas de ahorros o en empleo o en función publica o en seguridad o en comunicaciones, donde el estatuto debe ser respetuoso con la Constitución de todos?. ¿Por qué no se hace referencia a que el Estado tiene esas competencias¿? ¿Qué hay de malo en ello?”. Es obvio que ahora, tras el recorte en Madrid, no tiene razones para lamentarse ni siquiera en asuntos de imagen. El sagaz parlamentario volvía a la carga declarando: “El estatuto invade competencias estatales, regula material reservadas por la Constitución a las leyes del Estado, a quien impone modificaciones de una serie de leyes generales para dar efectividad al elenco de preceptos del estatuto y condiciona la voluntad soberana de las Cortes Generales a quienes se les endosa el contenido prefijado de futuras modificaciones legales.” o más adelante en lo tocante a las transferencias “La redacción de este proyecto suscita esa relevancia de inconstitucionalidad, toda vez que no se limita a la previsión constitucional de que por ley orgánica de delegación de transferencias la Comunidad pueda ejercer tales facultades sino que ella misma realiza en el Estatuto la transferencia, asumiendo la condición de ley de transferencia o delegación sin serlo”. La poda estatutaria en Madrid le dio satisfacción plena.
La concepción instrumental y subordinada de Andalucía al servicio de España, que la somete mientras la usa contra otros, es una constante de la derecha ultraespañolista. Así lo expresaba su portavoz Sanz Cabello, el del pelo engominado: “Frente a los nacionalismos emergentes e insolidarios, Andalucía no está para aplaudirlos ni para imitarlos, Andalucía debería ser el contrapeso frente a los que quieren la desigualdad y frente a los que apuestan por la insolidaridad”. Y nada mejor para conseguir ambos objetivos que auspiciar en financiación “Un estatuto que garantice que no nos roban la cartera a los andaluces, que no apueste por la bilateralidad. A Andalucía nos interesa la multilateralidad”. Y ya se sabe, ¿si la derecha extrema española apuesta por la multilateralidad... que será lo que tiene que defender si no la izquierda andaluza?
En cuanto a desenfreno declaratorio y talante sadomasoquista, el tal Sanz andaba bien despachado. Véase si no lo que decía en relación al sumiso proyecto auspiciado por PSOE-IU: “Lo que no dice la Constitución es que la Comunidad Autónoma pueda quitarles las competencias que son de carácter exclusivo al Estado, como se pretende desde este Estatuto. Lo que no dice la Constitución es que pueda planteas la co-soberanía. Lo que no dice la Constitución es que se pueda plantear la co-decisión. Lo que no se dice en la Constitución es el blindaje de competencias”. Ahora bien, también ejercía de augur previsor para seguir facilitando el mando español en Andalucía: “El estatuto debía hacer referencia a que los españoles también gozarán en Andalucía de los mismos derechos que los andaluces, como garantía de la igualdad de derechos”
La querencia por la subordinación andaluza de Sanz Cabello llegaba al extremo de la generación de alucinaciones, de ahí que se inventara directamente que había que actuar en el Estatuto andaluz “en respeto escrupuloso a la doctrina constitucional de que los estatutos no deben abordar cuestiones reservadas a Ley Orgánica”
El asunto lo resumió así Rajoy cuando el PP -en mayo de 2006- voto en contra en Madrid de la toma en consideración del proyecto estatutario andaluz: "Que no se consensuo con el PP en Parlamento andaluz (porque PP no quiso), Que avala y reproduce términos del estatuto catalán, Que no responde a demanda alguna. Desacuerdos con el Preámbulo y Art. 1 definición; con un Titulo especifico de derechos y deberes imponiendo un modelo de sociedad y con planteamientos intervensionistas, Se le quitan al estado competencias exclusivas, Se limita capacidad del estado para dictar legislación básica, Se establece relación bilateral entre el Estado y la Junta de Andalucía, Se establece poder judicial y UE, Se fijan criterios de inversión al estado. Rajoy -gallego de origen y español de convicción, como Franco y Fraga- se quejaba entonces de que "Se asume “realidad nacional” que es sinónimo de nación y “Cuando decimos nacionalidad, estamos diciendo autonomía”. Y luego lo aclaraba, en cuanto a sus alcances: “La única identidad que garantiza los derechos de los andaluces, como la de todo el mundo, es la española”. La capacidad de embuste para quien como nacionalista español considera incuestionable la entidad teleologica y teológica de España, se pone de manifiesto cuando apostillaba: “Los territorios no tienen derechos. Los derechos corresponden a las personas, a los individuos y no a las hectáreas ni a las hierbas del campo ni a las piedras del monte”. ¿Y si las personas reclaman el derecho de no ser españolas?. Evidentemente Rajoy no conoce a Andalucía Libre. Y si la conociera tampoco lo diría; porque su discurso preventivo español es negar la misma posibilidad de un independentismo andaluz: "¿Algún andaluz le ha pedido a alguien que este presente en esta Cámara que se elimine la referencia a la unidad indisoluble de la nación española?”. Su lógica antisubversiva es aplastante.
Puesto serio, Rajoy exponía su núcleo estratégico haciendo de paso burla de los emigrantes andaluces expulsados precisamente de su Patria por lo que él representa y defiende: “Andalucía ha llevado con sus gentes el nombre de España por todas las tierras del Mundo y es una triste paradoja que desde esa Andalucía nos pueda llegar semejante exaltación del nacionalismo más ramplón y localista. Esto Andalucía no se lo merece. Si hay alguna región que por su tamaño, por su historia, por su imagen y por su influencia pueda liderar la idea de la nación española, de la España constitucional, de la igualdad de derechos y de la solidaridad, esa región es por derecho Andalucía y esto no se la merece. Andalucía es la región más universal de España”.
De ese No al Si del 2 de Noviembre, el mismo Rajoy explicaba así en Madrid su cambio de postura: “Las razones de nuestro voto afirmativo se pueden resumir en cuatro puntos: es un buen Estatuto para Andalucía; es inequívocamente constitucional; cierra el paso a cualquier veleidad nacionalista, y, en fin, señorías, es fruto de un consenso entre los dos principales partidos que representan a la sociedad española, consenso básico al que afortunadamente se han sumado otras fuerzas.”
No se olvidaba ni de coincidir con Pedro Vaquero en su caracterización del estatuto: "Es bueno principalmente porque es para todos; no divide a los ciudadanos ni los enfrenta; no es de derechas ni es de izquierdas, y no tiene apellidos”. Y seguía embalado -demostrando tener mucho en común con el diputado de IU- cuando remachaba, utilizando nuevamente la negación como ejercicio de asimilación: "en Andalucía, nunca, ha habido un problema identitario. Nadie en esa tierra discute la nación española ni la autonomía de Andalucía ni nuestra Constitución.”
Llegaba la hora de otras mentiras y de las justificaciones. “Estábamos ante una reforma inequívocamente constitucional. No lo era cuando salió del Parlamento andaluz, pero lo es ahora. Sobre esto no me cabe ninguna duda, la prueba es que la vamos a apoyar. Nosotros no podríamos respaldar un documento que ofreciera dudas en este aspecto. Todo el debate de la Comisión se ha resumido en suprimir hasta la última sospecha de inconstitucionalidad. Por lo que se refiere al número, se han corregido 150 artículos de un total de 246, es decir, prácticamente se ha redactado un Estatuto nuevo. Por lo que se refiere a la calidad, la mayoría de los cambios han consistido en incluir citas expresas de la Constitución y en remitir al marco de la legislación general. El resultado es un Estatuto ejemplar en su respeto por la Constitución, por el Estado y por la nación de todos los españoles.”
Su claridad era meridiana a la hora de especificar sus razones y destacar el servilismo de quienes representaban a los andaluces en esta hora histórica, sin ni siquiera detenerse antes embustes de detalle: “Mérito de esta reforma que cierra el paso a cualquier veleidad nacionalista o federalista. Ni trae ni lleva ningún atisbo de nacionalismo, tenía que ser así para poder contar con nuestro apoyo. Aquí no se habla de nación andaluza ni de soberanía, ni de derechos históricos, ni de relaciones bilaterales, se sigue definiendo Andalucía como siempre, como nacionalidad en el seno de la unidad indisoluble de la nación española. No cabe mayor transparencia. Es el único Estatuto que se pronuncia tan rotunda y tan constitucionalmente, el único que proclama con franqueza no solo que Andalucía forma parte de España, sino —y esto es muy importante — que a los andaluces les concierne España, que es cosa suya, que no entienden que se pueda vivir de espaldas a ella y mucho menos contra ella. Señorías, no conciben Andalucía sin España y no piensan que ser andaluces sea ni más ni menos que la forma que tienen ellos de ser españoles. Esto es lo que refleja el nuevo Estatuto”.
De donde sacaba su convicción le interesaba planterarlo así: “lo que importa en este asunto es que los españoles han señalado en nuestra Constitución que no reconocen más nación que España. Punto. En consecuencia, no cabe definir Andalucía como realidad nacional ni en términos literales ni en sentido figurado".
Regodeándose, desgranaba con parsimonia la victoria española sobre Andalucía: "aparece definida como manda la Constitución, es decir, como nacionalidad dentro de la nación española. La expresión ‘realidad nacional’l ha quedado en el preámbulo como una referencia o una opinión particular en un pasado remoto, es decir, poco más que una cita literaria o un adorno retórico. Esta alambicada fórmula, que sin duda no entusiasma a nadie, constituye el punto de encuentro que ha permitido la aprobación consensuada del Estatuto. Ni el PP podía admitir más ni el PSOE ha querido admitir menos; pero esto es el consenso, señorías. Hay que saber transigir con las cosas que carecen de consecuencias. Este asunto de la ‘realidad nacional’, que para nosotros comenzó como un problema de constitucionalidad y una indeseable concesión a la doctrina nacionalista, se ha reconvertido en una cuestión meramente estética, es decir, algo que podrá gustar o disgustar, pero que carece de relevancia política porque no significa nada. Lo digo para que conste en el «Diario de Sesiones». Y no es que lo diga yo, lo han dicho muchos, y el único grupo nacionalista andaluz, el Partido Andalucista, rechaza esta redacción del Estatuto precisamente porque no se reconoce en el mismo que Andalucía sea ni nación ni realidad nacional. Por eso, me siento especialmente orgulloso de que mi partido haya contribuido de forma decisiva a esa necesaria rectificación.”
Tampoco omitió recordar el sentido del acuerdo PSOE-PP, revalidado sobre las espaldas de Andalucía: “Tenemos que buscar la manera de que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque son los dos partidos que recogen la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Así de sencillo. Son los partidos que conforman el consenso mínimo en España. Es posible y es deseable ampliar este consenso para incluir otras fuerzas, pero no es posible reducirlo o reemplazarlo con pactos minoritarios. Aquí no caben los sucedáneos. Por debajo del consenso mínimo, sencillamente no hay consenso. Con este consenso se ha operado en España desde 1978 y así quiero que se siga haciendo en lo que de mí dependa. Señorías, los dos grandes partidos nacionales hemos votado juntos siempre y hemos votado juntos en cinco de las seis reformas estatutarias que han llegado a esta Cámara en los últimos tiempos: juntos rechazamos el plan Ibarretxe, juntos aprobamos la reforma valenciana, juntos admitimos a trámite las reformas balear y aragonesa, juntos vamos a dar el visto bueno a la andaluza. La única discrepancia se produjo en Cataluña y el resultado de aquel desacierto a la vista de todos está. Es evidente que, cuando existe voluntad de acuerdo, se produce el acuerdo, y es también evidente que, cuando se rechaza el acuerdo, las cosas salen mal.” Ni siquiera se privó Rajoy de hacer referencia a elementos centrales de la ideología españolista en Andalucía sin olvidar un punto, demostrando de donde surge y a quien sirve el agravio comparativo, que no es comparación política e intelectualmente legitima sino desvío asimilacionista y alienante para utilizar a Andalucía al servicio de España: "Suelen decir ellos que Andalucía no pretende ser más que ninguna otra comunidad autónoma, pero tampoco menos, y yo aplaudo esa voluntad. Dicen también que quieren ser andaluces allá donde vayan, en cualquier rincón de España donde su gusto, su trabajo o las vueltas de la vida les sitúen, porque ser andaluces es su forma de ser españoles y, vivan donde vivan, no quieren dejar de serlo ni disimularlo. Yo aplaudo esa voluntad porque es legítima y porque no exige nada que los andaluces no den a manos llenas. Ellos, que reciben a todos los españoles por ser españoles con los brazos abiertos; ellos, que no piden a nadie, sea gallego, como yo, mallorquín, asturiano o lo que se quiera, que deje de serlo para vivir en Andalucía, bien pueden pedir en contrapartida que se les aplique el mismo trato generoso, cordial y civilizado que ellos dedican al resto de los españoles.”
Vista la historia y el presente, no es de extrañar que así nos vaya a los andaluces. Para empezar a recuperar una y cambiar el otro, hay que empezar votando NO.
Análisis General del Proceso de Reforma Estatutaria:
El Estatuto de la Dependencia: Ofensa y Humillación de Andalucía
Andalucía Libre nº 315, 12 de Febrero de 2007
Andalucía, La Segunda Estafa. Un Estatuto para la Dependencia
Andalucía Libre nº 293, 7 de mayo de 2006 Andalucía, a la hora de la reforma estatutaria
Andalucía Libre nº 266, 24 de julio de 2005
Andalucía: Un Estatuto para la Dependencia (1)
Andalucía Libre nº 284, 1 de marzo de 2006
Izquierda andaluza y Estatuto de Autonomía para Andalucía
Debate: las características del Estatuto y el posicionamiento de la izquierda
Andalucía, La Propuesta Nacionalista
Andalucía Libre nº 94. 11 de Julio de 2001
Cuaderno de Campaña
Andalucía Libre
La campaña del nuevo Estatuto andaluz ha reproducido situaciones ya vividas en Andalucía cuando los plebiscitos sobre la ley franquista de Reforma Política, Constitución española, Estatuto de 1981, permanencia del Estado español en la OTAN o Constitución europea. Mentiras, manipulaciones, presiones y desigualdad a favor del SI auspiciados desde el poder, han marcado el tono de la campaña.
Las fuerzas del SI contaron a su favor con abultados fondos públicos, el apoyo desmedido de Canal Sur TV y Radio y de la prensa en Andalucía. Sólo pudieron resentirse del desinterés de los medios escritos y audiovisuales radicados en Madrid -que ha disminuido el nivel del bombardeo mediático- pero no tienen motivos para quejarse: una vez que creyeron que habían conseguido nuevamente que Andalucía dejara de ser problema para España, no es de extrañar que -incluso en contra de sus propios intereses- la tendencia de la Corte fuera relegar al despreciado y despreciable Estatuto andaluz ignorado y secundario lugar habitual en el que tienen ubicado todo lo andaluz.
Aún así, las fuerzas del SI no se andaron con chiquitas en lo que estuvo en su mano y donde pudieron.
Hicieron de entrada una campaña publicitaria institucional -formalmente para informar y para incitar a la participación- tan rematadamente parcial en favor del SI que, tras un recurso del PA ganado ante la Junta Electoral, hubieron de suprimir su lema inicial: 'Muy Nuestro'. No obstante, los 'famosos' (actores, cantantes, locutores...) que -previo pago- amparaban el despliegue publicitario, persistieron. Tampoco se han detenido ante la ampliación discrecional del plazo de voto por correo, el adelanto de los actos institucionales del 28-f -reconvertidos en mítines en favor del Estatuto- o la inclusión de llamamientos favorables a votar el estatutoen la trama del culebrón "Arrayán", que emite Canal Sur en hora de máxima audiencia.
No han faltado los predecibles llamamientos propios de estos casos, en los que organizaciones y personas pagan favores recibidos y se aseguran de seguir siendo bien considerados. Hubo un manifiesto sindical-patronal por el SI y otro de organizaciones sociales, donde repitieron CCOO y UGT y coincidieron con organizaciones afines de campesinos, "emprendedores de economía social", consumidores, discapacitados, feministas y gays del Regimen. Y algunos los han secuenciado para repetirlos sectorialmente por separado.
El inevitable Manifiesto por el Si de los "culturetas progres", con Luis García Montero ejerciendo de capataz (sumando para su causa a las cuadras intelectuales de origen PCE y PSOE) volvió a dejar el habitual sabor agridulce de estos casos al comprobarse por qué parajes de profunda sumisión personal, servilismo profesional y cretinismo político anda instalada una parte de la intelectualidad andaluza reconocida. Nueva ocasión para, aplicando el 'criterio Vargas Llosa', recordar la conveniencia de disociar obras -cuando se da el caso de que tienen interés y valor- de las opiniones políticas de sus autores.
Para acabar de completar el panorama, las fuerzas del SI -y en particular el PSOE- al objeto de generar confusión en las filas del NO, sumaron a la utilización recurrente del Sí del PSA de Pacheco, la difusión de otro manifiesto de antiguos andalucistas -de la etapa de la coalición con el PSOE- que también pedían el SI.
En lo que toca a discursos políticos, la derecha ultraespañolista del PP ha llamado a votar SI sin dudas y contundentemente porque -en su opinión- aunque el Estatuto fuera innecesario, una vez iniciado el proceso, suyo es el merito de haberlo terminado como "un estatuto español y constitucional", siempre contrapuesto al Estatut catalán. Han hecho españolismo ultra y se han postulado como los naturales gestionadores futuros del Estatuto en el Gobierno andaluz. Como simbólico broche de campaña, han anunciado -vía decisión del Ayuntamiento que controlan- la colocación permanente en la plaza del triunfo de Granada de una inmensa bandera española. Para eso ganamos en 1936, han debido decir...
Por lo que afecta a PSOE-IU, el tono común de su discurso se refleja bien en la carta que Francisco Ríos Carrégalo, exdiputado y ahora Coordinador Local de IU de Granada, remitió a un amplio listado de direcciones para "exigir" participación activa en la campaña del SI: "Este Estatuto es básicamente fruto de un acuerdo entre IU y el PSOE en el que nuestras propuestas propias y a las que hemos dado curso, provenientes de organizaciones sociales, han posibilitado que se sume la inmensa mayoría de la sociedad civil. El PP no ha tenido más remedio que sumarse planteando pequeños retoques que no han afectado al contenido básico del mismo. Sólo una parte del andalucismo se pronuncia por el voto negativo con una visión partidista y con planteamientos nada serios y para nada verídicos ni convincentes". Su demagogia ha sido desmedida y desenfrenada.
PSOE y PCE-IU -y tras ellos prensa y medios afines- han intentado sistemáticamente ocultar el NO de izquierdas, soberanista o independentista y sus argumentos, para "transportar el NO a la derecha" y se han empeñado desvergonzadamente en la difícil tarea de defender un texto que comparten con la derecha del PP y que el mismo PP respalda, acusándolo de no hacerlo con "suficiente entusiasmo". Sin mucho éxito, han intentado asimilar la campaña del Estatuto a la del 28-f; cuando su equivalente real es precisamente el del Estatuto de 1981, otra estafa como la presente.
En el lado del NO, el Partido Andalucista optó en su propaganda por la línea más blanda en la crítica del Estatuto -dirigiéndose preferentemente a atar al sector socialmente más moderado y políticamente más regionalista de su electorado- haciendo hincapié en los 60.000 millones de euros que estima que implica de infrafinanciación para Andalucía. Durante la campaña, ha seguido usando del agravio comparativo con Cataluña, aunque el inmenso campo de criticas que ofrece el Estatuto y que aumentaba la demagogia del SI, ha ido paulatinamente atenuando su centralidad, permitiéndole introducir -sobre todo a Julián Álvarez- otros elementos. En el balance final, puede decirse que ha emitido un discurso general más equilibrado que en etapas anteriores; socialmente socialdemócrata y nacionalmente, regionalista fuerte (con algunos guiños nacionalistas puntuales), de tipo federalista.
La Plataforma Andaluces por Andalucía -aunque con una repercusión publica y sobre todo mediática modesta- ha cumplido su papel practico de servir durante la campaña de cobertura funcional para el NO, sobre todo allí donde no coincidía con otras plataformas locales. Tambien ha servido de cauce y paraguas para la expresión de CUT-BAI, fuera de sus baluartes locales tradicionales. Los independentistas y soberanistas -suscribieran o no su muy moderado y políticamente restrictivo manifiesto- luego y a la hora de la verdad, han colaborado y hecho posible en parte sensible el desarrollo de su actividad por el NO.
Finalmente, el grueso de la extrema izquierda española en Andalucía ha pedido el NO 'cinco minutos antes de la hora', con un discurso viejo, sin atractivo y cogido con alfileres.
La sombra de las próximas Elecciones Municipales de Mayo ha sobrevolado la campaña. Del lado del SI, PSOE y PCE-IU se han quejado del protagonismo de los candidatos a alcalde del PP, que la derecha ha argumentado como prueba de su compromiso estatutario al vincular sus candidaturas a la defensa del Estatuto. De otra, ha condicionado la campaña del NO, particularmente en el caso de CUT-BAI, organización que -según declaraciones de Luis Carlos Rejón- ha mantenido lo que el excoordinador general de IU describió como un "pacto de caballeros" con el resto de IU, basado en el reparto de territorios para la agitación y en el principio de la no-agresión política. 'Acuerdo' que, por supuesto, IU ha vulnerado allí donde ha podido y le ha convenido, tal y como ha ocurrido en Osuna o El Coronil.
Previsiones
Un rasgo permanente de la campaña del PSOE-IU ha sido la preparación política y mediática cara a los hipotéticos resultados, tanto en lo referente al NO como a la abstención.
En lo que afecta al NO, habrá que tener presente -para evitar intoxicaciones- que en las ultimas elecciones autonómicas de 2004 -que pueden servir como punto de referencia- el PA obtuvo el 6,3% nacional y la candidatura que entonces recibió el apoyo soberanista e independentista no llegó ni al 1%.
Por lo que se ha visto en campaña -pese a encuestas prefabricadas y presuntas noticias y declaraciones preventivas colocadas al efecto- no se atisba ningún fenómeno significativo de indisciplina en el voto ultra o españolista que indicara su pase al NO. A esos efectos, el discurso radicalmente español de Arenas por el SI ha sido efectivo y por tanto la derecha españolista se repartirá entre el Si y la abstención.
Todo lo cual no evitará el empeño sistemático del PSOE e IU por endilgarle a la derecha el máximo NO posible por razones políticas, ya que ese "no" le resulta útil y nada problemático, en tanto el "no" andalucista, de izquierdas o independentista si le afecta y le molesta. Por contra, todo apunta a que el NO será la suma de andalucistas, independentistas y extrema izquierda, engrosados con elementos desgajados de los electorados del PSOE e IU, jóvenes y abstencionistas.
La alta abstención previsible es eminente y esencialmente pasiva. Tiene un potencial deslegitimador del resultado pero esta consecuencia no le es inherente. Para que se active o no, se depende de cómo evolucione el mapa político andaluz -en donde lo decisivo mañana es el nivel del NO- y sobre todo -mirando a largo plazo- de si se consolidara una opción de izquierda independentista andaluza.
Para evitarse espejismos y lecturas mecánicas al respecto, nada mejor que recordar que el vigente Estatuto de Galicia, fue refrendado en 1980 con una participación de sólo el 28,2% (es decir, con una abstención del 72,8%) y de ese escuálido porcentaje, aún el No -entonces apoyado por lo que ahora se agrupa en el BNG, más los independentistas- obtuvo el 19,7%. Estos datos -como es evidente- no han afectado en nada el curso y legitimación en Galicia de las instituciones emanadas de ese estatuto
En nuestro caso, las fuerzas del SI han ido rebajando paulatinamente sus aspiraciones durante la campaña. La iniciaron recordando al 28 de febrero en que aprobó la iniciativa autonómica, pese a la oposición y el boicot del Gobierno español de la UCD. Pronto cayeron en la cuenta de que aquel 63,88% de 1980 les venia grande y pasaron muy pronto a tomar como umbral el porcentaje del referéndum estatutario de 1981 (53,49%). A continuación, giraron a compararse con el porcentaje del ultimo referéndum estatutario en Cataluña de 2006 (49,41%) y la han cerrado, prudentes, encastillándose en que lo que realmente importa es que haya más síes que noes (lo que resulta una razón adicional para votar NO).
El Estatuto vigente se aprobó con una participación del 53,6%
El 'sí' alcanzó el 89,3% frente al 6,9% del 'no'AgenciasEl Estatuto de Autonomía de Andalucía vigente se aprobó en referéndum el 20 de octubre de 1981 con una participación del 53,68% por ciento del censo, de los que un 89,36% optó por el 'sí' y un 6,98% se decantó por el 'no', mientras que un 2,89% se decidió por el voto en blanco y se registró un 0,77% de votos nulos.Andalucía ha celebrado hasta ahora seis consultas electorales desde el inicio de la democracia y ninguna de ellas ha registrado una participación inferior a ese 53% del censo, a excepción del referéndum celebrado en febrero de 2005 para la ratificación del tratado de la Constitución Europea, que sólo alcanzó una participación del 40,3%.El emblemático referéndum del 28 de febrero de 1980, en el que Andalucía optó por la vía del artículo 151 de la Constitución para alcanzar la autonomía, registró una participación del 63,88% del censo. El 'sí' alcanzó en aquella ocasión el 86,85% frente al 5,36% del 'no', que fue inferior al voto en blanco, que se situó en el 7,02%. Además hubo un 0,77% de votos nulos.Los porcentajes más elevados de participación en referéndum en Andalucía se registraron en los primeros años de la transición, de forma que el 81,9% del censo ejerció el derecho al voto en el referéndum sobre la franquista Ley para la Reforma Política, celebrado el 15 de diciembre de 1976, y el 69,5% acudió a la cita con las urnas en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978.Por su parte, el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, celebrado el 12 de marzo de 1986, registró una participación del 61,5%, mayor al de ratificación del vigente Estatuto andaluz, celebrado cuatro años y medio antes.Todos estos datos sitúan en el último lugar al referéndum celebrado en febrero de 2005 para la ratificación del tratado de la Constitución Europea, que sólo alcanzó una participación del 40,6%, incluso por debajo de la registrada a nivel estatal que se situó en el 42,3%.
Cuadro Histórico de Participación electoral en Andalucía
REFERENDOS: 1976 (Reforma Política) 81,90, 1978 (Constitución Española) 69,5. 1980, Iniciativa Autonómica, 63,88%; 1981 (ESTATUTO AUTONOMÍA) 53,49; 1986 (OTAN) 61,55, 2005 (Constitución Europea) 40,30
ELECCIONES GENERALES: 1977 78,48, 1979 68,65, 1982 68,75, 1986 70,67, 1989 69,32, 1993 76,20, 1996 78,00, 2000 68,77, 2004 74,77
ELECCIONES AUTONÓMICAS: 1982 66,3, 1986 70,55, 1990 54,78, 1994 67,28, 1996 77,94, 2000 68,71, 2004 74,66,
ELECCIONES MUNICIPALES (+): 1987 66,66, 1991 61.15, 1995 68,81, 1999 64,64, 2003 65,57Fuente: Ministerio del Interior y Parlamento de Andalucía. (+) El Ministerio del Interior no ofrece datos de las municipales de 1979 y 1983
Andalucistas cierran su campaña por el NO
El PA se compromete a no apoyar «ningún» Gobierno con este EstatutoAgencias
El secretario general del Partido Andalucista, Julián Álvarez, condicionó ayer formar parte de «cualquier gobierno» a la no aceptación de la «rebaja» que supone el nuevo Estatuto, así como su modificación, y adelantó que esta posición será el «eje central» del discurso andalucista de los próximos años. Así, Álvarez adelantó que la reforma del nuevo Estatuto estará en el «primer documento que presentemos al primero que quiera negociar con nosotros para formar cualquier tipo de gobierno». El PA tiene la intención de convertir el «no» al Estatuto en su ideario político en el «eje central» de su discurso para «seguir trabajando» por una Andalucía de primera a partir del 18 de febrero. Y fue a más: aseguró que será una condición a la hora de formar posibles pactos de gobierno. «Tampoco habrá Presupuestos de Andalucía ni ninguna ley importante pactada con el PA si no es desde la exigencia de una Andalucía de primera, pues no aceptaremos este Estatuto a la baja».
El andalucista, que eludió hacer un pronóstico sobre los resultados del referéndum, insistió en su objetivo de que los noes sean más que los síes, aunque vaticinó que el respaldo al Estatuto «no llegará» al 50% del censo.También aprovechó para hacer balance de los quince días de campaña, de la que comentó que, a diferencia de los otros partidos, el PA la ha centrado en explicar y desentrañar las razones del «no» al Estatuto y en compararlo con el de Cataluña. Asimismo, anunció que su partido presentará tras el referéndum iniciativas para que «exista una mayor claridad y limpieza» en las campañas electorales, «frente el uso perverso de los medios públicos que el PSOE ha hecho en esta». Álvarez, junto al monumento situado en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Carmona donde fusilaron a Blas Infante, hizo una declaración de principios de su partido «con todas las de la ley», que llevará a la práctica «tanto a la hora de gobernar, de hacer un tipo de oposición o de condicionar un tipo de gobierno». «No dejaremos jamás de hablar del Estatuto ni de las diferencias que nos trae este texto», aseveró. Indicó que a partir del lunes «seguiremos trabajando por una Andalucía de primera». «Vamos a dar toda la guerra del mundo para intentar cambiar este Estatuto en el caso de que se apruebe», reiteró Álvarez. Insistió en la idea de que «si está en nuestra mano, no vamos a consentir que nadie gobierne Andalucía sin exigir una igualdad absoluta» con el resto del Estado.Álvarez pide rechazo e invita organizaciones del "no" a crear la alternativaSevilla, 16 feb (EFE).- El secretario general del PA, Julián Álvarez, pidió hoy a los ciudadanos un rechazo "rotundo" al Estatuto con el que Andalucía "perderá todo" lo que consiguió el 28-F, e invitó a los que defienden el no a aprovechar este "momento histórico" para construir una alternativa al PSOE. En un escenario presidido por figuras de poliespan verde (1,5 metros de altura cada una) con los números de los 60.000 millones que según el PA pierde Andalucía con el Estatuto; otras dos columnas de globos blancos y verdes, militantes-animadores y varios globos y pantallas gigantes, encabezados por el lema "Así, no", el PA afrontó su último acto de la campaña en un hotel de Sevilla.En este entorno festivo, plagado de banderas andaluzas, Álvarez aseguró: "Con este Estatuto Andalucía pierde todo lo que consiguió el 28 de Febrero y es un paripé porque nunca han tenido voluntad de hacer una reforma de primera". El líder andalucista comenzó su alocución haciendo referencia a la "inmensa batalla" que su partido ha realizado en la campaña, pese a las "limitaciones que nos han impuesto", en alusión al Gobierno andaluz, al que acusó de intentar "callar a todo el que no diga sí, señor Chaves".
En tono irónico, Álvarez dijo que el Estatuto es un "acto de fe basado en la creencia a Chaves" con el que quieren "montar una nueva religión con todos sus mandamientos". De los "mandamientos" destacó: "Convocaré el 28-F cuando me dé la gana; las empresas de los hermanos de Chaves pueden contratar con la Junta; es razonable excarcelar a De Juan Chaos; no te mancharás con el chapapote de Algeciras y no desearás los 60.000 millones de Cataluña".
Álvarez recordó a los militantes que "no estamos solos" para enumerar, a continuación, a todas las organizaciones que defienden el no al Estatuto, en las que destacó a la "Plataforma de No" y a algunos de sus miembros como Manuel Pimentel, Luis Carlos Rejón o Diego Cañamero, un "montón de buenos" andaluces -dijo- que "cree" en Andalucía. A todos ellos les invitó a "aprovechar este momento histórico y a construir la alternativa" a Chaves y al PSOE, de los que dijo que son el "problema" de Andalucía, aunque también se mostró convencido de que "muchos votantes autonomistas" del PSOE e IU votarán en contra.El mitin, el más concurrido y animado con unos 400 asistentes, comenzó con la proyección de un vídeo resumen de la campaña andalucista de los más de 40 actos en los que ha participado el secretario general, que en esta ocasión estuvo arropado por dirigentes andalucistas históricos como Alejandro Rojas-Marcos o Miguel Ángel Arredonda. Antes del secretario general, intervinieron, entre otros, el candidato del PA a la Alcaldía de Sevilla, Agustín Villar, y la portavoz parlamentaria, Pilar González, que, como Álvarez, reiteraron y recalcaron el "no, no al Estatuto de la traición".
Bufanda andalucista al cuello con la inscripción "Viva Andalucía libre", Pilar González pidió a los asistentes que trabajen "por la utopía" y les recordó que la formación "ha apostado" por un Estatuto "justo, con identidad como nación, con competencias y financiación suficiente". "No, a que nos cambien el Estatuto de Carmona por el Estatuto de Madrid; no al cambio de un Estatuto de altura por otro del bombero torero", enfatizó la portavoz, que dijo que con la reforma "no está garantizada" la financiación para desarrollar políticas de progreso, algo -dijo- de lo que "ni se han enterado" el PP e IU.Otro vídeo, con los logros del PA cuando estaba en el Ayuntamiento de Sevilla y de denuncia de las carencias "provocadas" por el actual gobierno municipal del PSOE e IU, precedió la intervención de Agustín Villar, quien acusó a "estos seudoprogresistas de salón" de haber convertido a Sevilla en la ciudad "de los mangazos, de las facturas falsas del Distrito Macarena y del trenecito turístico (por el Metrocentro)". EFE
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Opinión
La mirada de ChavesJose Luis Serrano*La Opinión de Granada, 16.02.2007Prometí no volver a escribir de política en los caoramas, porque ya sé, querido lector, que mis opiniones sobre lo público te traen al fresco. Esta semana vuelvo a incumplir la promesa. He visto dos noticiarios de Canal Sur. Dos. No más. Suficiente. Me reafirmo: votaré no a este estatuto. Les cuento lo que he visto y cómo lo he visto. Sin acritud, sin rencor, pero también sin literatura. Lo siento, querido lector que me hablas de "la poesía cotidiana de los caoramas". Hoy no hay poesía. Empiezo por lo menos visto en Canal Sur, la nuestra: el Partido Andalucista pide el no, pero parece abrumado por tener que hacerlo. El eje argumental del no andalucista es que con este Estatuto Andalucía pierde sesenta mil millones de euros. Pero ‘60.000 millones de euros’ es un concepto no menos abstracto, inabarcable e inimaginable que ‘Santísima Trinidad’. A veces dicen que Andalucía es una nación y que este estatuto la trata como una región, como si fuera La Rioja o Murcia, la región por excelencia. Pero esto lo dicen pocas veces, sin elevar la voz y sin pasión. Un discurso neutro sería estratégico si la inercia favoreciese al no, pero favorece al sí. De todas formas, Julián Álvarez en formación, en inteligencia y en estrategia no sólo está muy por encima de sus predecesores en la secretaría general andalucista, sino también muy por encima de la media de la clase política andaluza. Decía Hölderlin que donde reside el peligro reside también la oportunidad. El peligro es este Estatuto, la oportunidad acaso sea la gestión del no que pueda hacer Julián Álvarez.Justo al revés del Partido Andalucista, Izquierda Unida pide el sí, pero parece pedir disculpas por hacerlo. Hay mucho nacionalismo andaluz dentro de Izquierda Unida. De hecho, en los años en que Ortega dirigía -por decir algo- la nave del PA, el nacionalismo andaluz se refugió ahí. Y no sólo desde dentro, tampoco desde fuera se entiende qué hace Concha Caballero pidiendo el sí. Tal vez soñaban con la foto a solas con el hermano grande, el PSOE, y no han sabido salirse del encuadre cuando han llegado las ciento cincuenta enmiendas de la prima fea: la derecha centralista del PP.En tercer lugar, he visto en televisión a los hombres del PP. Algunos me estremecen, sobre todo aquellos que no puedo dejar de asociar con el 11-M, pero eso es una percepción subjetiva. Javier Arenas fue quien dijo para mí la frase definitiva, la que me lleva de cabeza al no: "Este estatuto -dijo- es nacional y constitucional". ¿Qué diferencia hay entre los dos adjetivos? ¿Acaso no dicen en el País Vasco que no hay más nación que la establecida en la Constitución? ¿Por qué esa diferencia entre lo nacional y lo constitucional aquí? ¿Quieren decir que hay una España nacional preconstitucional a la que los andaluces estamos vinculados aunque el peor nacionalismo de corte Milosevic se imponga en Madrid?Y cuarto, he visto a los hombres del PSOE. Uno de ellos -dicen que el que más manda- lee los discursos, habla mal y parece más preocupado por el Atleti que por la emigración de nuestros universitarios a Madrid. Deprimente. El presidente Chaves, en cambio, me desconcierta. A veces parece ser consciente del tamaño histórico de su cargo. A veces en cambio se comporta como si fuese el presidente de la región riojana. A veces parece que sabe que España es Andalucía, otras veces parece obsesionado con la unidad de España, eslogan que esconde hoy la centralidad de Madrid. ¿Si el PP piensa en que no se vayan Euskadi ni Catalunya y el PSOE piensa en cómo mantener la centralidad de Madrid, quién piensa en Andalucía? Estoy seguro de que este estatuto nos lleva a segunda y de que el presidente está equivocado, pero cuando observo su mirada en televisión me pregunto si es sincero.
*Jose Luis Serrano es profesor de la Universidad de Granada y autor de la novela Zawi
El Foro Social de Granada pide el VOTO NO al Estatuto
Consideraciones ante el Nuevo Estatuto de Autonomia
y el referendum del día 18Isidoro Moreno* Asumiendo modestamente, pero sin complejos, lo que algunos consideramos un deber cívico y de conciencia, que es inexcusable para quienes nos consideramos o somos considerados “intelectuales” –profesores, investigadores, creadores o críticos en el ámbito de la cultura-, me permito hacer llegar a los miembros de la comunidad universitaria una serie de consideraciones sobre el nuevo Estatuto de Autonomía que se nos presenta a ratificación por referéndum el próximo 18 de febrero. Como era de esperar, la intoxicación mediática de estos días no sólo invita a un voto afirmativo no argumentado y ciego, sino que está plagada de falacias e inexactitudes que pueden contribuir a que, en un futuro próximo, aumente la frustración y el desprestigio de “lo político” cuando muchas afirmaciones que se están haciendo ahora se muestren vacías. Por otra parte, los incesantes llamamientos públicos de personas de muy diversa significación –entre las que, en Sevilla, no faltan los imprescindibles Lopera y Del Nido*- y de organizaciones empresariales, sindicales y toda una larga serie de asociaciones del más diverso tipo a favor del Sí –por motivos y con objetivos que cada quién es libre de interpretar- van destinados a fomentar el “pensamiento cero”, creando una sensación de práctica unanimidad sobre las supuestas bondades del texto y planteando implícitamente como innecesarias la reflexión y toma de decisión consciente sobre si votar o no, y en su caso qué votar, por parte de cada ciudadano y ciudadana. Desde el distanciamiento respecto a todos los partidos políticos actualmente existentes, y utilizando el medio de comunicación que los miembros de la comunidad universitaria tenemos a nuestro alcance para hacernos llegar no sólo noticias sino reflexiones sobre aquello que creemos importante para la Universidad y para el conjunto de la sociedad, me decido a enviar estas reflexiones desde el profundo respeto a todas las opiniones que puedan ser contrarias a mis planteamientos y con el objetivo único de contribuir a un debate que no ha estado fuera de nuestra Universidad –ya que ha habido algunas Jornadas sobre el tema en diversos centros- pero que estimo no ha tenido entre nosotros la envergadura que su importancia requiere. En primer lugar, en cuanto a su forma de elaboración, me parece necesario denunciar que en los más de cinco años transcurridos desde el primer anuncio de la reforma del Estatuto actualmente vigente no ha existido, ni ha sido impulsado por la Junta de Andalucía ni por ningún partido político, el imprescindible debate social acerca de su necesidad y sobre los logros e incumplimientos del aprobado en 1981. Todo ha sido negociado y acordado a espaldas de la ciudadanía por las cúpulas partidistas, aunque ahora se afirme que han intervenido en su elaboración representantes de múltiples organizaciones sociales(?). Es sólo cuando el texto ha de cumplir el precepto de su ratificación en referéndum –como consecuencia de que Andalucía es, gracias al 28 de Febrero de 1980, una Comunidad Autónoma del artículo 151 de la Constitución- cuando se apela a la participación popular, sustituyendo la información y el debate por eslóganes publicitarios que animan, casi todos ellos, a votar afirmativamente de una forma ciega, sin un verdadero conocimiento de lo que se vota y de las consecuencias que tendría dicho voto para nuestro futuro colectivo. Antes de elaborar un nuevo Estatuto hubiera sido obligatoria una evaluación seria y rigurosa de los aspectos cumplidos e incumplidos del aprobado en 1981 y un amplio debate sobre la situación de Andalucía hoy: de cual es nuestra situación real, de cuáles son nuestros principales problemas y de hacia dónde queremos caminar. Contrariamente a esto, lo que se nos ofrece en el preámbulo del nuevo texto es la afirmación de que “hemos pasado del subdesarrollo económico y cultural a un panorama similar al de las sociedades más avanzadas” y que Andalucía “se ha acercado al ideal de Andalucía libre y solidaria por la que luchara Blas Infante”. El hecho de que Andalucía continúe ocupando los últimos lugares entre las Comunidades Autónomas del Estado Español en cualquier clasificación respecto al bienestar y la calidad de vida, y la lectura de la obra de aquél descalifican estas afirmaciones triunfalistas que tratan de enmascarar nuestra realidad y de vaciar de significación al que fue principal luchador por una Andalucía Libre. En segundo lugar, respecto al texto mismo que se nos presenta a referéndum, lo consideramos radicalmente insuficiente e inserto en un modelo económico, político y cultural cuya lógica es la contraria de la que posibilitaría a Andalucía avanzar hacia un desarrollo humano, sostenible y solidario, centrado en las necesidades y aspiraciones de las personas y no en los intereses de quienes controlan el Mercado. Sin intención de exhaustividad, y a título de ejemplos, señalamos algunos de los aspectos que considero más negativos del texto:
No reconocimiento de la identidad nacional de Andalucía. La alusión en el preámbulo a la “realidad nacional” no supone -tras la desnaturalización del concepto en las Cortes Españolas respecto a lo aprobado en el Parlamento Andaluz- una definición de Andalucía con vigencia en el presente sino una mera referencia erudita a un documento de hace casi cien años al que no se da valor alguno en el presente. Este no reconocimiento supone rechazar la existencia de un pueblo andaluz con derecho a decidir sobre nuestros propios asuntos y a dotarnos de las instituciones y competencias necesarias para ello.
No existen instrumentos para garantizar el reequilibrio interno de Andalucía, territorial y social, ni para conseguir la igualdad con otros pueblos del Estado respecto al efectivo ejercicio de derechos que, en teoría, nos son reconocidos.
No se reconoce de manera adecuada la deuda histórica que el Estado Español tiene con el pueblo andaluz; deuda que no consiste solamente en el déficit en la financiación de competencias traspasadas a la Junta de Andalucía sino que abarca el valor de los recursos materiales, financieros y humanos expropiados a Andalucía durante los últimos ciento cincuenta años en beneficio de otros territorios. Y que no debería considerarse pagada hasta que alcancemos, al menos, el nivel medio del Estado en todos los servicios.
Se establece la subalternidad de las leyes andaluzas respecto a las estatales y europeas, incluso en aquellos ámbitos definidos como competencia exclusiva de Andalucía.
No se contempla el papel de los municipios como nivel institucional fundamental y gestor de servicios más cercano a los ciudadanos, ni se plantea resolver la financiación de los mismos, ni su presencia en órganos de decisión política, ni su agrupamiento necesario en comarcas.
Los derechos sociales que teóricamente se reconocen –constituyendo, al decir de algunos partidos y organizaciones, el principal logro del texto- son, en gran medida, una mera recopilación de los ya existentes en la Constitución o reconocidos en diversas leyes; y, además, no cuentan con verdaderas garantías para su ejercicio, ni jurídicas ni financieras. En este último aspecto, el Estatuto no contempla una fiscalidad redistributiva y compensatoria, social y territorialmente, ni define una forma de financiación que haga avanzar la convergencia, en el ejercicio de los derechos, con otras Comunidades del Estado. Seguiremos dependiendo de la legislación que establezca el poder central del Estado y se elabore en Bruselas sin que, en la práctica, tengamos capacidad de decisión en esas instancias.
Entre los objetivos de la Comunidad Autónoma y los principios rectores a los que deben responder las políticas públicas –que no siempre se corresponden- están ausentes la desaparición de las bases militares extranjeras o “de utilización conjunta” en suelo andaluz y la aspiración de declarar Andalucía territorio desnuclearizado.
La alusión a la Reforma Agraria se convierte en una broma al ser insertada obligatoriamente en la política agraria comunitaria (PAC). Pero, sobre todo, no existe alusión alguna al objetivo de que sea el logro de la Soberanía Alimentaria el eje de nuestro desarrollo agrario, ni se realiza una prohibición y ni siquiera una política preventiva respecto a los transgénicos, a pesar de que constituyen una grave amenaza para los agricultores andaluces y para nuestro medio ambiente.
No se contempla el suelo como patrimonio colectivo andaluz, por lo que seguirá siendo un recurso económico abierto a la especulación y la destrucción del entorno natural y cultural. Y ello continuará imposibilitando la resolución del gravísimo problema de vivienda que sufren millones de andaluces.
Los contenidos del “derecho al trabajo” (artículo 26 del Estatuto) constituyen una burla a dicho derecho y, sobre todo, a los cientos de miles de andaluces sin empleo y a los millones con empleo precario. Lo que sí se garantizan son “las condiciones necesarias –supongo que, sobre todo, económicas- para el desempeño de sus funciones” a las organizaciones sindicales y empresariales “más representativas”.
El texto del nuevo Estatuto es inaceptable en su tratamiento de la cultura andaluza que debiera defender y desarrollar. En lugar de recoger los valores humanistas y potencialmente liberadores de esta –entre otros, la centralidad de la persona, el igualitarismo, la solidaridad y la valoración de la dignidad por encima de la riqueza material- asume en su artículo 1º “los valores de la Unión Europea”, que me temo sean, aunque no se confiese, los de la globalización neoliberal: la competitividad insolidaria, la productividad medida en términos exclusivamente económicos, el individualismo, el consumismo desaforado, la búsqueda ciega de beneficios sin tener en cuenta los costes sociales y ecológicos…
El texto refleja una inaceptable reducción del conjunto de valores y expresiones culturales andaluces a lo declarado como Patrimonio por los poderes públicos. La referencia específica al flamenco nos tememos que pueda funcionar como coartada para desatender las obligaciones respecto a los demás elementos y valores culturales de Andalucía y para acentuar la consideración de la cultura como un mero recurso económico y no fundamentalmente como cimiento de la identidad colectiva. La desvinculación de la cultura andaluza del ámbito de la Educación refleja con claridad el sesgo reduccionista y mercantilista del nuevo Estatuto en esta dimensión. Ante ello, el mantener el objetivo incumplido del anterior Estatuto de conseguir “el afianzamiento de la conciencia de la identidad y la cultura andaluza” supone una mera declaración retórica vacía de contenido.
Más allá de lo anterior, las menciones a la Educación, y especialmente a la investigación y a las universidades, son significativamente pobres y casi inexistentes. En este sentido, el Estatuto no agrega apenas nada ni va servir de contrapeso respecto al conjunto de leyes y normas, incluidas diversas directrices europeas, que están poniendo las universidades al servicio exclusivo del Mercado, vaciándolas de otras funciones.
No se impulsa una verdadera participación ciudadana en los debates y decisiones más allá del derecho al voto en convocatorias electorales y referéndum convocados desde el poder; e incluso se excluye de este derecho a quienes viven y trabajan en Andalucía pero no poseen la nacionalidad española (salvo los ciudadanos de la UE para las elecciones locales). Y tampoco se avanza en cuanto a evitar situaciones que atentan contra el autogobierno y la democracia como la reiterada coincidencia de las Elecciones Andaluzas con otros comicios electorales y el mantenimiento de personas en unos mismos cargos públicos sin limitación temporal alguna. Por otra parte, el texto que fue aprobado por el Parlamento Andaluz el pasado mes de mayo –que reflejaba ya graves limitaciones- ha sido recortado e incluso desnaturalizado en cuestiones fundamentales tras su paso por las Cortes Generales. Más de 150 artículos han sido modificados, siempre en un sentido restrictivo y de supeditación total al ámbito central del Estado. La machacona alusión a la Constitución y a la legislación estatal ha sido acompañada de una labor sistemática de poda y tala de casi todo lo que podía valorarse como potencialmente positivo del primer proyecto. El objetivo de conseguir el máximo consenso entre los partidos parlamentarios jamás debería haberse hecho a costa de reducir, e incluso anular, dichos avances. Al respecto, es escandalosa la falta de escrúpulos de quienes niegan la trascendencia de los cambios que el texto sufrió en el Congreso de los Diputados para justificar su apoyo al mismo como parte de estrategias partidistas o de consecución de beneficios personales.
Caso de ser aprobado este texto de Estatuto, considero que Andalucía se convertirá en una Comunidad Autónoma de segunda categoría respecto a otros pueblos del Estado, anulando casi todo lo conseguido aquel día histórico que fue el 28 de Febrero de 1980. Y acentuará su dependencia económica, social y cultural y su subalternidad política. Por ello, me permito invitar a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria a reflexionar sobre el texto que se nos ofrece, a compararlo con otros, y a tomar una decisión consciente el próximo día 18.
En todo caso, agradezco la atención que hayais podido prestar a estas consideraciones.
*Isidoro Moreno Navarro, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla
*NOTA DE ANDALUCIA LIBRE: Ruiz de Lopera, es presidente del Real Betis Balompie y Jose Maria del Nido, Presidente del Sevilla Futbol Club, los dos equipos de futbol de Sevilla.
El Jano Español: PP e IU ante el Estatuto
Las dos caras de España a la hora de la doma y sujeción de Andalucía
Libre
La campaña del referéndum de reforma del Estatuto para Andalucía ha estado repleta de excesos retoricos. Por esto, a fin documental, hemos recuperado cara a la historia citas extraídas de intervenciones hechas en sede parlamentaria, a las que -en principio- cabe suponerles mayor solemnidad. De entre las posibles opciones, hemos seleccionado hoy las provenientes del PCE-IU y del PP.
De IU, nos ha atraído el descaro demagógico de una organización que parece acreditar con su actuación reciente que lleva desde 1936 en su ADN el gen de la traición férreamente implantado; tal es la desenvoltura con que miente y con que ejerce su papel de salvaguardas español desde la 'izquierda'. Del PP, su coherencia españolista que le permite expresar el discurso español sobre Andalucía sin reservas y provocativamente, haciendo perceptibles los elementos de desprecio y humillación nacional que intrínsecamente encierra, más allá incluso de lo estrictamente institucional. A fin de cuentas, el PSOE aunque sea quien articule hoy la opresión nacional, mama y se nutre ideológicamente de ambos.
PCE-IU: Las miserias del españolismo de ‘izquierdas’ Los embustes de IU y el discurso político que los ha amparado a lo largo de todo el proceso estatutario merecen especial recordatorio. No en balde fue su voto el que permitió al PSOE aprobar su Proyecto del 2 de Mayo en Andalucía y aunque cumplida su función tras el pacto tripartito con el PP en Madrid, IU haya quedado relegada al papel secundario que le corresponde, no por ello ha de olvidarse la desfachatez con la que se desempeñó durante sus ‘cinco minutos de gloria’. Un señor de Logroño que ejerce de diputado por Cádiz y atiende al nombre de Ignacio García, dio el tono españolista para las intervenciones de IU en el debate parlamentario. No pudiéndose resistir al tópico conmemorativo y en medio de un debate sobre el Estatuto de Andalucía, quizá para darle empaque a sus palabras, García se engolfó en un recordatorio mitómano: “Hoy es 2 de mayo, fecha en la que, hace casi dos siglos, resonaron gritos de libertad del pueblo español”. De ahí saltó a reivindicar la Constitución española de 1812: “Constitución de libertades, plasmación jurídica de aquel grito que había surgido el 2 de mayo de 1808”. Este español de nacimiento y convicción, se olvidó de que contra el citado texto y el Régimen que encarnaba -que afirmaba en su Art. 1. “La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”- se rebelaron justamente todos los patriotas latinoamericanos en lucha por la independencia de sus países (que por cierto el Art. 10 de esa Constitución relacionaba como “españoles”). Siguiendo la más pura tradición decimonónica del liberalismo español también se olvido que ese texto legitimaba la esclavitud -“Art. 5. son españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas”-, la discriminación racial -“Art. 22. A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos”- o la tiranía clerical: “Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica apostólica romana, única verdadera”. De vuelta al presente, pero aplicando la misma línea, otro señor de Valladolid que dispone de acta por Granada y que se llama Pedro Vaquero del Pozo, también español de nacimiento y no sólo de convicción -y son ya dos de cinco diputados que tiene IU en el Parlamento español los que tienen esa doble condición- no encontró mejor argumento para avalar el Estatuto que afirmar en un arrebato de españolidad: “Nuestro anticipo de modelo de financiación ha servido ya al conjunto de las Comunidades Autónomas del Estado, a eso que llamamos unidad de España —y no nos duelen prendas, con todas las palabras, unidad de España”.
Este destacado dirigente del PCE, aún concediendo magnánimo que “no es un Estatuto de la izquierda y para la izquierda, sino de todos los andaluces, para Andalucía y de Andalucía”, no tuvo empacho en declarar en la tribuna parlamentaria entre los meritos que le encontraba al Estatuto, que “este nuevo Estatuto establece, al máximo nivel normativo, la alianza estratégica que significa el reconocimiento del papel del diálogo y la concertación social, es decir, de los sindicatos y las organizaciones empresariales como sujetos sociopolíticos que lo manifiestan expresamente.” Tras el guiño a las burocracias sindicales españolas, embalado en su apología de la colaboración de clases y para pasmo de cualquier lector de Marx o Lenin que en el mundo hubiere, el mismo diputado diagnosticó que con el estatuto a la vez “ganan los trabajadores, ganan los autónomos, los emprendedores, ganan la economía social y las pymes, ganan las empresas con responsabilidad social (?) con este Estatuto, y pierden los especuladores, los rentistas, los que miran más a sus intereses y menos a los intereses generales” y para darle un toque de irreverencia no se le ocurrió otra cosa que argüir que “quienes desde la derecha económica y política rechacen este nuevo Estatuto deberían ser más sinceros con los andaluces. No es la palabra «Nación» la que más les asusta, sino precisamente el carácter social del Estatuto, la calidad del empleo que exige este Estatuto”. Ya se ve como tiembla la gran patronal o las multinacionales con el Estatuto andaluz... La portavoz Concha Caballero –esta sí andaluza de nacimiento, aunque también española de convicción- abundó en lo mismo, sin cortarse: “Hemos llevado al Estatuto todas las preocupaciones sociales de nuestro tiempo”. Incluso, cuando el PSOE le dio la oportunidad de defender la tramitación del Estatuto en el Parlamento español el 23 de Mayo, detalló: “Hoy venimos del sur para defender en nombre del Parlamento de Andalucía el proyecto de ley de un nuevo Estatuto de Autonomía, un texto que resume nuestra aspiración de máximo autogobierno, máximas competencias y nuevos derechos sociales. Nuestro Estatuto de Autonomía es también una contribución al avance del Estado de las autonomías en el conjunto de España (...) a decir que en nuestro país, en España, democracia y autonomía son parte de la misma moneda. Presentamos un Estatuto autonomista y federal ante el Estado, pero profundamente social ante la ciudadanía. Es, señoras y señores diputados, un Estatuto que contempla un capítulo completo dedicado al empleo, donde se afirma en más de diez ocasiones el término calidad; calidad para que las jóvenes y los jóvenes no estén en la precariedad; calidad y seguridad frente a los accidentes laborales y calidad en el conjunto de las relaciones laborales”. Lo mismo, en definitiva, que vino a decir el coordinador de IU de España, Llamazares, en el Parlamento español a la hora de resumir su respaldo al Estatuto: “Vamos a votar un Estatuto progresista y de máximos, un Estatuto desde la izquierda para toda Andalucía porque agota todas las posibilidades constitucionales dentro de la Constitución”. Palabras todas a retener en la memoria y a recordar ante cada despido, cada carencia o cada humillación... La diputada Caballero ya había reconocido previamente en la sesión parlamentaria de Sevilla que “las competencias señalan la frontera entre el querer y el poder. Tu puedes fijar una serie de objetivos políticos pero si no le dotas de los suficientes instrumentos para poder cumplirlos nunca podrás hacerlo. (...) Hemos dicho que las leyes de bases tienen que regular sólo principios generales y que el Estado no puede aprovechar su capacidad legislativa para entremeterse en el funcionamiento y en las competencias de la autonomía”. No puede alegar pues la ignorancia como atenuante. Y no por ser consciente de ello y de que la letra estatutaria no cumplía en absoluto los requisitos que ella misma había formulado, cejó en su apoyo al Estatuto. Es verdad que también había dicho que “Nuestro estatuto actual nació huérfano de la derecha y sin embargo ha abierto la puerta a un importante autogobierno de Andalucía”, omitiendo el consenso estatutario con la UCD para rescribir la historia y que había adelantado que IU “no aceptaríamos ninguna tramitación hacia las enmiendas que plantea actualmente el PP” y a la vista está en que quedó esa amenaza, así que no hay que extrañarse. La diputada Caballero también afirmó que en relación con la Unión Europea “Andalucía tiene que tener voz propia y vincular la opinión del Gobierno central cuando son materias que afecten especialmente a Andalucía”. Su compañero y co-portavoz Antonio Romero –que tiene inscrito en su abultado currículo su protagonismo durante la Transición para evitar la Reforma Agraria en Andalucía desde la dirección de CCOO del Campo- lo reiteró así entre las razones que les llevaban a sostener al estatuto “y hay que destacar que la postura de Andalucía será determinante si las competencias son exclusivas en la materia de que se trate”. Como quiera que tanto para uno como para otro, Agricultura –aunque no lo sea realmente- figura entre estas, habrá que ver como explican la impotencia andaluza ante las sucesivas agresiones de Bruselas, por ejemplo, en la reordenación de las OCMs o en la apertura de su mercado a las producciones extracomunitarias. Cuando no haya fondos en Andalucía no ya para inversiones de desarrollo productivo sino incluso para hacer frente a los gastos corrientes habrá que recordar la sentencia grandilocuente sobre la financiación que el castellano Vaquero del Pozo dejó caer en el salón de plenos: “Esta todo atado y bien atado para los intereses de Andalucía”.
De momento, cabe recordar, la tramitación en Madrid ya desató –por secundario que fuera y aunque estuviera inserto dentro del esquema dependentista- todo lo relativo al Fondo de Compensación, la envoltura de la llamada “Deuda histórica” o acotó a la baja la promesa sobre el porcentaje de inversiones estatales. Impasible el ademán, IU siguió sosteniendo el estatuto.
Lógica actitud cuando sus prioridades ya eran de principio explícitamente españolas capitalistas y neoliberales, según argumentaba el mismo diputado: “El modelo de financiación que propone el texto del nuevo estatuto consiste en una mezcla equilibrada entre la máxima capacidad de autonomía fiscal y financiera y la preservación de la capacidad financiera del Estado para armonizar y garantizar la unidad de mercado y para blindar los intereses de Andalucía establece varias cláusulas de concreción y salvaguardia como son el principio de multilateralidad y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para servir a esa multilateralidad y servir de receptáculo a la misma.”. Sabiendo lo que es realmente el CPFF y cuando –como es notorio- no existe capacidad de veto andaluz y toda la potestad decisoria está en el lado español, las remisiones a la ‘multilateralidad’ –y más en la etérea categoría de “principio”- como “garantía” han de anotarse –a escoger- en el capitulo de salidas humorísticas, doctrinarismo español o en el del más cruel cinismo. Con este nivel de deshonestidad intelectual y desvergüenza política, no sorprende que siguiendo su tónica de prioridades a la hora de valorar la definición de Andalucía, el mismo diputado Romero que en junio de 2005 había declarado que "IULV-CA no está dispuesta a 'renunciar' para Andalucía a la denominación de nación y solicitará incluso la modificación del artículo 2 de la Constitución para que pueda 'tener encaje'", explicitara a qué se refería entonces: “La expresión de «Realidad Nacional» o «Nación», es hoy nuestro artículo 151 y la garantía de que no nos descolgamos de las nacionalidades históricas”, lo que se concretaba en la inevitable reclamación tramposa al agravio comparativo: “No aceptaremos ni un milímetro menos de autogobierno que Cataluña y el País Vasco. El nuevo estatuto es una garantía de solidaridad de la España Plural, sin asimetrías ni privilegios”. Una nueva muestra de amnesia interesada y selectiva -como resulta evidente si se mira al apartado de financiación y se recuerda que estaban votando que Andalucía no dispusiera de Concierto ni Convenio propio- y un nuevo alegato a favor de la subsidiariedad andaluza en relación a España.
Así es natural que teniendo tal grado de compromiso español, este diputado culminara su parlamento en nombre del grupo de IU con el casposo grito de “¡Viva la España plural!”.
El ultraespañolismo del PP y el sometimiento andaluz
Durante su paso por el Parlamento andaluz, cuando el PP se oponía al proyecto estatutario, su diputado Salas Machuca no tuvo empacho en declarar que “En ningún momento, la Constitución establece una clarificación y una definición de competencias exclusivas, compartidas, ejecutivas y mucho menos de competencias en relación con el derecho comunitario. No es función del Estatuto la caracterización de los tipos de competencias." Estaba haciendo lectura política constitucional. Y ya puesto, mentía con alevosía, sin olvidar explicitar su concepción sobre lo autonómico: "El Estatuto se configura como un limite a la capacidad del Estado, para evitar legislación básica, que queda reducida a una mera declaración mínima de principios orientadores y no podemos olvidar, señorías, que en las distintas manifestaciones del Tribunal Constitucional, las contenidas en las leyes, en los reglamentos o incluso en simples actos administrativos constituyen un común denominador que se tiene que respetar y que conforman la unidad fundamental para todo el territorio español”.
Este diputado quería que la dependencia no sólo existiera sino que se notara: “Hay una especie de alergia a reconocer y a hacer referencia a competencias exclusivas del estado contenidas en el Art. 149.1 y en otros artículos. ¿Por qué en materia de educación, que es un derecho fundamental, reservado a ley orgánica, no se contempla una cláusula sin perjuicio o en cajas de ahorros o en empleo o en función publica o en seguridad o en comunicaciones, donde el estatuto debe ser respetuoso con la Constitución de todos?. ¿Por qué no se hace referencia a que el Estado tiene esas competencias¿? ¿Qué hay de malo en ello?”. Es obvio que ahora, tras el recorte en Madrid, no tiene razones para lamentarse ni siquiera en asuntos de imagen. El sagaz parlamentario volvía a la carga declarando: “El estatuto invade competencias estatales, regula material reservadas por la Constitución a las leyes del Estado, a quien impone modificaciones de una serie de leyes generales para dar efectividad al elenco de preceptos del estatuto y condiciona la voluntad soberana de las Cortes Generales a quienes se les endosa el contenido prefijado de futuras modificaciones legales.” o más adelante en lo tocante a las transferencias “La redacción de este proyecto suscita esa relevancia de inconstitucionalidad, toda vez que no se limita a la previsión constitucional de que por ley orgánica de delegación de transferencias la Comunidad pueda ejercer tales facultades sino que ella misma realiza en el Estatuto la transferencia, asumiendo la condición de ley de transferencia o delegación sin serlo”. La poda estatutaria en Madrid le dio satisfacción plena.
La concepción instrumental y subordinada de Andalucía al servicio de España, que la somete mientras la usa contra otros, es una constante de la derecha ultraespañolista. Así lo expresaba su portavoz Sanz Cabello, el del pelo engominado: “Frente a los nacionalismos emergentes e insolidarios, Andalucía no está para aplaudirlos ni para imitarlos, Andalucía debería ser el contrapeso frente a los que quieren la desigualdad y frente a los que apuestan por la insolidaridad”. Y nada mejor para conseguir ambos objetivos que auspiciar en financiación “Un estatuto que garantice que no nos roban la cartera a los andaluces, que no apueste por la bilateralidad. A Andalucía nos interesa la multilateralidad”. Y ya se sabe, ¿si la derecha extrema española apuesta por la multilateralidad... que será lo que tiene que defender si no la izquierda andaluza?
En cuanto a desenfreno declaratorio y talante sadomasoquista, el tal Sanz andaba bien despachado. Véase si no lo que decía en relación al sumiso proyecto auspiciado por PSOE-IU: “Lo que no dice la Constitución es que la Comunidad Autónoma pueda quitarles las competencias que son de carácter exclusivo al Estado, como se pretende desde este Estatuto. Lo que no dice la Constitución es que pueda planteas la co-soberanía. Lo que no dice la Constitución es que se pueda plantear la co-decisión. Lo que no se dice en la Constitución es el blindaje de competencias”. Ahora bien, también ejercía de augur previsor para seguir facilitando el mando español en Andalucía: “El estatuto debía hacer referencia a que los españoles también gozarán en Andalucía de los mismos derechos que los andaluces, como garantía de la igualdad de derechos”
La querencia por la subordinación andaluza de Sanz Cabello llegaba al extremo de la generación de alucinaciones, de ahí que se inventara directamente que había que actuar en el Estatuto andaluz “en respeto escrupuloso a la doctrina constitucional de que los estatutos no deben abordar cuestiones reservadas a Ley Orgánica”
El asunto lo resumió así Rajoy cuando el PP -en mayo de 2006- voto en contra en Madrid de la toma en consideración del proyecto estatutario andaluz: "Que no se consensuo con el PP en Parlamento andaluz (porque PP no quiso), Que avala y reproduce términos del estatuto catalán, Que no responde a demanda alguna. Desacuerdos con el Preámbulo y Art. 1 definición; con un Titulo especifico de derechos y deberes imponiendo un modelo de sociedad y con planteamientos intervensionistas, Se le quitan al estado competencias exclusivas, Se limita capacidad del estado para dictar legislación básica, Se establece relación bilateral entre el Estado y la Junta de Andalucía, Se establece poder judicial y UE, Se fijan criterios de inversión al estado. Rajoy -gallego de origen y español de convicción, como Franco y Fraga- se quejaba entonces de que "Se asume “realidad nacional” que es sinónimo de nación y “Cuando decimos nacionalidad, estamos diciendo autonomía”. Y luego lo aclaraba, en cuanto a sus alcances: “La única identidad que garantiza los derechos de los andaluces, como la de todo el mundo, es la española”. La capacidad de embuste para quien como nacionalista español considera incuestionable la entidad teleologica y teológica de España, se pone de manifiesto cuando apostillaba: “Los territorios no tienen derechos. Los derechos corresponden a las personas, a los individuos y no a las hectáreas ni a las hierbas del campo ni a las piedras del monte”. ¿Y si las personas reclaman el derecho de no ser españolas?. Evidentemente Rajoy no conoce a Andalucía Libre. Y si la conociera tampoco lo diría; porque su discurso preventivo español es negar la misma posibilidad de un independentismo andaluz: "¿Algún andaluz le ha pedido a alguien que este presente en esta Cámara que se elimine la referencia a la unidad indisoluble de la nación española?”. Su lógica antisubversiva es aplastante.
Puesto serio, Rajoy exponía su núcleo estratégico haciendo de paso burla de los emigrantes andaluces expulsados precisamente de su Patria por lo que él representa y defiende: “Andalucía ha llevado con sus gentes el nombre de España por todas las tierras del Mundo y es una triste paradoja que desde esa Andalucía nos pueda llegar semejante exaltación del nacionalismo más ramplón y localista. Esto Andalucía no se lo merece. Si hay alguna región que por su tamaño, por su historia, por su imagen y por su influencia pueda liderar la idea de la nación española, de la España constitucional, de la igualdad de derechos y de la solidaridad, esa región es por derecho Andalucía y esto no se la merece. Andalucía es la región más universal de España”.
De ese No al Si del 2 de Noviembre, el mismo Rajoy explicaba así en Madrid su cambio de postura: “Las razones de nuestro voto afirmativo se pueden resumir en cuatro puntos: es un buen Estatuto para Andalucía; es inequívocamente constitucional; cierra el paso a cualquier veleidad nacionalista, y, en fin, señorías, es fruto de un consenso entre los dos principales partidos que representan a la sociedad española, consenso básico al que afortunadamente se han sumado otras fuerzas.”
No se olvidaba ni de coincidir con Pedro Vaquero en su caracterización del estatuto: "Es bueno principalmente porque es para todos; no divide a los ciudadanos ni los enfrenta; no es de derechas ni es de izquierdas, y no tiene apellidos”. Y seguía embalado -demostrando tener mucho en común con el diputado de IU- cuando remachaba, utilizando nuevamente la negación como ejercicio de asimilación: "en Andalucía, nunca, ha habido un problema identitario. Nadie en esa tierra discute la nación española ni la autonomía de Andalucía ni nuestra Constitución.”
Llegaba la hora de otras mentiras y de las justificaciones. “Estábamos ante una reforma inequívocamente constitucional. No lo era cuando salió del Parlamento andaluz, pero lo es ahora. Sobre esto no me cabe ninguna duda, la prueba es que la vamos a apoyar. Nosotros no podríamos respaldar un documento que ofreciera dudas en este aspecto. Todo el debate de la Comisión se ha resumido en suprimir hasta la última sospecha de inconstitucionalidad. Por lo que se refiere al número, se han corregido 150 artículos de un total de 246, es decir, prácticamente se ha redactado un Estatuto nuevo. Por lo que se refiere a la calidad, la mayoría de los cambios han consistido en incluir citas expresas de la Constitución y en remitir al marco de la legislación general. El resultado es un Estatuto ejemplar en su respeto por la Constitución, por el Estado y por la nación de todos los españoles.”
Su claridad era meridiana a la hora de especificar sus razones y destacar el servilismo de quienes representaban a los andaluces en esta hora histórica, sin ni siquiera detenerse antes embustes de detalle: “Mérito de esta reforma que cierra el paso a cualquier veleidad nacionalista o federalista. Ni trae ni lleva ningún atisbo de nacionalismo, tenía que ser así para poder contar con nuestro apoyo. Aquí no se habla de nación andaluza ni de soberanía, ni de derechos históricos, ni de relaciones bilaterales, se sigue definiendo Andalucía como siempre, como nacionalidad en el seno de la unidad indisoluble de la nación española. No cabe mayor transparencia. Es el único Estatuto que se pronuncia tan rotunda y tan constitucionalmente, el único que proclama con franqueza no solo que Andalucía forma parte de España, sino —y esto es muy importante — que a los andaluces les concierne España, que es cosa suya, que no entienden que se pueda vivir de espaldas a ella y mucho menos contra ella. Señorías, no conciben Andalucía sin España y no piensan que ser andaluces sea ni más ni menos que la forma que tienen ellos de ser españoles. Esto es lo que refleja el nuevo Estatuto”.
De donde sacaba su convicción le interesaba planterarlo así: “lo que importa en este asunto es que los españoles han señalado en nuestra Constitución que no reconocen más nación que España. Punto. En consecuencia, no cabe definir Andalucía como realidad nacional ni en términos literales ni en sentido figurado".
Regodeándose, desgranaba con parsimonia la victoria española sobre Andalucía: "aparece definida como manda la Constitución, es decir, como nacionalidad dentro de la nación española. La expresión ‘realidad nacional’l ha quedado en el preámbulo como una referencia o una opinión particular en un pasado remoto, es decir, poco más que una cita literaria o un adorno retórico. Esta alambicada fórmula, que sin duda no entusiasma a nadie, constituye el punto de encuentro que ha permitido la aprobación consensuada del Estatuto. Ni el PP podía admitir más ni el PSOE ha querido admitir menos; pero esto es el consenso, señorías. Hay que saber transigir con las cosas que carecen de consecuencias. Este asunto de la ‘realidad nacional’, que para nosotros comenzó como un problema de constitucionalidad y una indeseable concesión a la doctrina nacionalista, se ha reconvertido en una cuestión meramente estética, es decir, algo que podrá gustar o disgustar, pero que carece de relevancia política porque no significa nada. Lo digo para que conste en el «Diario de Sesiones». Y no es que lo diga yo, lo han dicho muchos, y el único grupo nacionalista andaluz, el Partido Andalucista, rechaza esta redacción del Estatuto precisamente porque no se reconoce en el mismo que Andalucía sea ni nación ni realidad nacional. Por eso, me siento especialmente orgulloso de que mi partido haya contribuido de forma decisiva a esa necesaria rectificación.”
Tampoco omitió recordar el sentido del acuerdo PSOE-PP, revalidado sobre las espaldas de Andalucía: “Tenemos que buscar la manera de que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque son los dos partidos que recogen la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Así de sencillo. Son los partidos que conforman el consenso mínimo en España. Es posible y es deseable ampliar este consenso para incluir otras fuerzas, pero no es posible reducirlo o reemplazarlo con pactos minoritarios. Aquí no caben los sucedáneos. Por debajo del consenso mínimo, sencillamente no hay consenso. Con este consenso se ha operado en España desde 1978 y así quiero que se siga haciendo en lo que de mí dependa. Señorías, los dos grandes partidos nacionales hemos votado juntos siempre y hemos votado juntos en cinco de las seis reformas estatutarias que han llegado a esta Cámara en los últimos tiempos: juntos rechazamos el plan Ibarretxe, juntos aprobamos la reforma valenciana, juntos admitimos a trámite las reformas balear y aragonesa, juntos vamos a dar el visto bueno a la andaluza. La única discrepancia se produjo en Cataluña y el resultado de aquel desacierto a la vista de todos está. Es evidente que, cuando existe voluntad de acuerdo, se produce el acuerdo, y es también evidente que, cuando se rechaza el acuerdo, las cosas salen mal.” Ni siquiera se privó Rajoy de hacer referencia a elementos centrales de la ideología españolista en Andalucía sin olvidar un punto, demostrando de donde surge y a quien sirve el agravio comparativo, que no es comparación política e intelectualmente legitima sino desvío asimilacionista y alienante para utilizar a Andalucía al servicio de España: "Suelen decir ellos que Andalucía no pretende ser más que ninguna otra comunidad autónoma, pero tampoco menos, y yo aplaudo esa voluntad. Dicen también que quieren ser andaluces allá donde vayan, en cualquier rincón de España donde su gusto, su trabajo o las vueltas de la vida les sitúen, porque ser andaluces es su forma de ser españoles y, vivan donde vivan, no quieren dejar de serlo ni disimularlo. Yo aplaudo esa voluntad porque es legítima y porque no exige nada que los andaluces no den a manos llenas. Ellos, que reciben a todos los españoles por ser españoles con los brazos abiertos; ellos, que no piden a nadie, sea gallego, como yo, mallorquín, asturiano o lo que se quiera, que deje de serlo para vivir en Andalucía, bien pueden pedir en contrapartida que se les aplique el mismo trato generoso, cordial y civilizado que ellos dedican al resto de los españoles.”
Vista la historia y el presente, no es de extrañar que así nos vaya a los andaluces. Para empezar a recuperar una y cambiar el otro, hay que empezar votando NO.
Análisis General del Proceso de Reforma Estatutaria:
El Estatuto de la Dependencia: Ofensa y Humillación de Andalucía
Andalucía Libre nº 315, 12 de Febrero de 2007
Andalucía, La Segunda Estafa. Un Estatuto para la Dependencia
Andalucía Libre nº 293, 7 de mayo de 2006 Andalucía, a la hora de la reforma estatutaria
Andalucía Libre nº 266, 24 de julio de 2005
Andalucía: Un Estatuto para la Dependencia (1)
Andalucía Libre nº 284, 1 de marzo de 2006
Izquierda andaluza y Estatuto de Autonomía para Andalucía
Debate: las características del Estatuto y el posicionamiento de la izquierda
Andalucía, La Propuesta Nacionalista
Andalucía Libre nº 94. 11 de Julio de 2001
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