ESTAFA AUTONÓMICA:
LA REFORMA DEL ESTATUTO DE ANDALUCÍA, UN CAMBIO COSMÉTICO QUE NO RESOLVERÁ NINGÚN PROBLEMA
El próximo domingo día 18 de febrero, se someterá a referéndum un nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Todas las fuerzas parlamentarias excepto el Partido Andalucista, piden el sí. Corriente Roja, desde los intereses de la clase trabajadora y el pueblo andaluz, nos oponemos a esta farsa y pedimos el no. Esta reforma estatutaria no resuelve ningún problema, no responde a las necesidades del pueblo trabajador sino a los de los distintos sectores de la burguesía andaluza y española.
LA REFORMA DEL ESTATUTO DE ANDALUCÍA, UN CAMBIO COSMÉTICO QUE NO RESOLVERÁ NINGÚN PROBLEMA
El próximo domingo día 18 de febrero, se someterá a referéndum un nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Todas las fuerzas parlamentarias excepto el Partido Andalucista, piden el sí. Corriente Roja, desde los intereses de la clase trabajadora y el pueblo andaluz, nos oponemos a esta farsa y pedimos el no. Esta reforma estatutaria no resuelve ningún problema, no responde a las necesidades del pueblo trabajador sino a los de los distintos sectores de la burguesía andaluza y española.
El PROCESO DE APROBACIÓN DEL ESTATUTO
El 20 de diciembre de 2006, el Senado aprobó el proyecto de Reforma del Estatuto de Andalucía por 242 votos a favor y una abstención. Fue el último paso necesario para que la Junta de Andalucía pueda ponerlo a referéndum.
La reforma ha seguido el siguiente camino. El 16 de Febrero de 2006, tras finalizar sus trabajos la Ponencia (que llevaba funcionando desde junio de 2004), el Pleno del Parlamento Andaluz comenzó a debatir la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, presentada y apoyada por PSOE e IU LV-CA[1]. El 2 de Mayo de 2006 lo aprobó con los votos favorables del PSOE (61) e IU LV-CA (6) y la oposición (por distintas razones) del PP (36) y del PA (5). Por tan sólo un voto superó el listón de los tres quintos necesarios (66 de 109).
Después fue remitida a las Cortes españolas. Fue presentada primero por una delegación del Parlamento Andaluz y sometida a debate y votación inicial en Pleno para aprobar su tramitación (donde el PP votó en contra). Superado este paso, fue discutida y enmendada por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados español, en la que se integró una delegación del Parlamento Andaluz. El presidente de esta comisión sigue siendo Alfonso Guerra, el mismo que se encargó de “dejar limpio como una patena” el Estatut catalá. El resultado lo votan ambos componentes por separado, pero la última palabra la tiene la comisión de diputados. Este dictamen pasa al Senado español donde se reprodujo el proceso. La aprobación por el Senado significó la aprobación por las Cortes Generales y el resultado es el que se someterá a referéndum. El Parlamento Andaluz disponía formalmente de la posibilidad de retirar el proyecto de Reforma en cualquier momento del proceso, con un último plazo de diez días posteriores a la votación final (en ese caso, quedaría en vigor el actual Estatuto), pero no lo hizo.
Este complejo procedimiento es lógico si partimos de la base de que el Estado Español no es una federación o confederación entre iguales. Es un estado centralista, y las llamadas “autonomías” no son más que fragmentos descentralizados del aparato estatal central. Los “estatutos de Autonomía” pueden ser ratificados por las poblaciones (lo que está lejos de haber sido la norma, sólo ha habido referéndums en la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya y Andalucía), y pueden ser elaborados por los parlamentos autonómicos, pero en realidad son dictados por las Cortes Españolas.
El 20 de diciembre de 2006, el Senado aprobó el proyecto de Reforma del Estatuto de Andalucía por 242 votos a favor y una abstención. Fue el último paso necesario para que la Junta de Andalucía pueda ponerlo a referéndum.
La reforma ha seguido el siguiente camino. El 16 de Febrero de 2006, tras finalizar sus trabajos la Ponencia (que llevaba funcionando desde junio de 2004), el Pleno del Parlamento Andaluz comenzó a debatir la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, presentada y apoyada por PSOE e IU LV-CA[1]. El 2 de Mayo de 2006 lo aprobó con los votos favorables del PSOE (61) e IU LV-CA (6) y la oposición (por distintas razones) del PP (36) y del PA (5). Por tan sólo un voto superó el listón de los tres quintos necesarios (66 de 109).
Después fue remitida a las Cortes españolas. Fue presentada primero por una delegación del Parlamento Andaluz y sometida a debate y votación inicial en Pleno para aprobar su tramitación (donde el PP votó en contra). Superado este paso, fue discutida y enmendada por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados español, en la que se integró una delegación del Parlamento Andaluz. El presidente de esta comisión sigue siendo Alfonso Guerra, el mismo que se encargó de “dejar limpio como una patena” el Estatut catalá. El resultado lo votan ambos componentes por separado, pero la última palabra la tiene la comisión de diputados. Este dictamen pasa al Senado español donde se reprodujo el proceso. La aprobación por el Senado significó la aprobación por las Cortes Generales y el resultado es el que se someterá a referéndum. El Parlamento Andaluz disponía formalmente de la posibilidad de retirar el proyecto de Reforma en cualquier momento del proceso, con un último plazo de diez días posteriores a la votación final (en ese caso, quedaría en vigor el actual Estatuto), pero no lo hizo.
Este complejo procedimiento es lógico si partimos de la base de que el Estado Español no es una federación o confederación entre iguales. Es un estado centralista, y las llamadas “autonomías” no son más que fragmentos descentralizados del aparato estatal central. Los “estatutos de Autonomía” pueden ser ratificados por las poblaciones (lo que está lejos de haber sido la norma, sólo ha habido referéndums en la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya y Andalucía), y pueden ser elaborados por los parlamentos autonómicos, pero en realidad son dictados por las Cortes Españolas.
Otras REFORMAS ESTATUTARIAS A SU PASO POR MADRID.
Zapatero ya anunció en su discurso de investidura que iba a impulsar un proceso de reforma de los estatutos de autonomía. Corriente Roja ya explicamos en el documento En el documento político que aprobamos en nuestro III Encuentro Estatal, Corriente Roja ya señalamos como uno de los tres objetivos del gobierno[2] el reencajar en el estado a la burguesía periférica (vía Estatut de Catalunya, “proceso de paz” y reconciliación con PNV tras el “plan Ibarretxe”, etc). Es en este objetivo en el que se inscriben las reformas de los estatutos de autonomía. No se trata en absoluto de pasar de un estado centralista a uno federal, menos aún reconocer el derecho a la autodeterminación. Se trata de reconstruir la maltrecha unidad entre burguesía española y burguesías periféricas, que se deterioró enormemente por el ultraespañolismo de Aznar.
Son varias las reformas estatutarias que están pasando por las Cortes desde que Zapatero es presidente. La del Andaluz, con 306 votos a favor y dos abstenciones en el Congreso (una en el Senado), es la única que ha salido sin votos en contra. Las dos abstenciones, de BNG y EA, se basaron en el argumento de que la reforma se ha empleado "como arma de la defensa de la unidad de España en contra de los nacionalismos catalán, gallego y vasco". Esta ha sido la tercera reforma de estatutos de autonomía que llega al Senado (el llamado 'Plan Ibarretxe' no superó el trámite del Congreso). El primero en llegar fue el Estatuto de la Comunidad Valenciana, aprobado el 8 de marzo de 2006. Salió adelante con los votos de PSOE, PP y CC y la oposición de CiU, ERC, PNV, IU-ICV y el Grupo Mixto. El Estatut de Catalunya, entró en la Cámara Alta el 31 de marzo y fue aprobado en sesión plenaria el 10 de mayo de 2006. Salió de la Cámara Baja con 154 votos en contra (los de PP, ERC y EA) y las abstenciones de CHA (Chunta Aragonesista) y Nafarroa-Bai.
Una conclusión hay que sacar de esto. El PP dice que sobre política económica “nada que objetar” a Zapatero. Tampoco tiene nada que objetar a relanzar el papel imperialista de unas empresas españolas que en su mayoría son antiguas empresas públicas privatizadas por Aznar, o bancos que siempre les ofrecieron su apoyo. Entonces, de los tres objetivos principales del gobierno Zapatero, su oposición se centra en el relacionado con la cuestión nacional. Su furiosa oposición a Zapatero tiene dos ejes: el terrorismo y el “modelo territorial”. Pues bien, a la hora de la verdad han acabado votando con el PSOE en cinco de las seis reformas estatutarias llegadas al Congreso en esta legislatura. Juntos rechazaron el 'Plan Ibarretxe' (Euskadi)[3], juntos votaron la reforma valenciana ya en vigor, juntos admitieron a trámite la balear (impulsada por el PP) y la aragonesa (impulsada por PSOE y PAR) y juntos han dado el visto bueno a la andaluza.
Entonces la discrepancia entre PP y PSOE se centra en uno sólo de los proyectos: el Estatut de Catalunya, al que el PP se opuso en el Parlamento catalán, en las Cortes y que ha llevado incluso ante el Tribunal Constitucional.
Al principio, también hubo discrepancia entre PP y PSOE sobre la reforma andaluza. Aquí el motivo tenía más que ver con la necesidad del PP a nivel estatal de manterner una fuerte oposición al PSOE que con el contenido del proyecto. Durante la tramitación en Madrid, se ha dado una lucha entre Javier Arenas y los demás dirigentes andaluces del PP, que calculaban que oponerse al estatuto les haría perder votos, y el núcleo duro aznarista del PP (puenteando a Rajoy), como Zaplana y Acebes, que estaban contra el acuerdo. Arenas ganó.
Lo anterior no implica que en Madrid no se haya tocado el proyecto que salió de Andalucía. Aparte del preámbulo cuyo cambio ha sido el que ha permitido el voto a favor del PP, se han cambiado casi 150 de los 246 artículos que salieron del parlamento andaluz. Se ha suprimido la disposición adicional cuarta, por la que Andalucía asumía de forma exclusiva cinco competencias del Estado –entre ellas la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir y los museos, archivos y bibliotecas- mediante la activación del artículo 150.2 de la Constitución; se ha ampliado el porcentaje necesario para modificar el estatuto (de 3/5 se ha pasado a 2/3); se ha cambiado, también a la baja, la adicional segunda referida a la deuda histórica; y, sobre todo, en multitud de artículos se ha remachado la supeditación a la Constitución y a las leyes estatales presentes y futuras. Tras este trabajo de poda, el estatuto de Andalucía es un nuevo punto de consenso entre PSOE y PP. Todas las modificaciones se hicieron en la Comisión Constitucional; ni Congreso ni Senado han cambiado una coma.
Zapatero ya anunció en su discurso de investidura que iba a impulsar un proceso de reforma de los estatutos de autonomía. Corriente Roja ya explicamos en el documento En el documento político que aprobamos en nuestro III Encuentro Estatal, Corriente Roja ya señalamos como uno de los tres objetivos del gobierno[2] el reencajar en el estado a la burguesía periférica (vía Estatut de Catalunya, “proceso de paz” y reconciliación con PNV tras el “plan Ibarretxe”, etc). Es en este objetivo en el que se inscriben las reformas de los estatutos de autonomía. No se trata en absoluto de pasar de un estado centralista a uno federal, menos aún reconocer el derecho a la autodeterminación. Se trata de reconstruir la maltrecha unidad entre burguesía española y burguesías periféricas, que se deterioró enormemente por el ultraespañolismo de Aznar.
Son varias las reformas estatutarias que están pasando por las Cortes desde que Zapatero es presidente. La del Andaluz, con 306 votos a favor y dos abstenciones en el Congreso (una en el Senado), es la única que ha salido sin votos en contra. Las dos abstenciones, de BNG y EA, se basaron en el argumento de que la reforma se ha empleado "como arma de la defensa de la unidad de España en contra de los nacionalismos catalán, gallego y vasco". Esta ha sido la tercera reforma de estatutos de autonomía que llega al Senado (el llamado 'Plan Ibarretxe' no superó el trámite del Congreso). El primero en llegar fue el Estatuto de la Comunidad Valenciana, aprobado el 8 de marzo de 2006. Salió adelante con los votos de PSOE, PP y CC y la oposición de CiU, ERC, PNV, IU-ICV y el Grupo Mixto. El Estatut de Catalunya, entró en la Cámara Alta el 31 de marzo y fue aprobado en sesión plenaria el 10 de mayo de 2006. Salió de la Cámara Baja con 154 votos en contra (los de PP, ERC y EA) y las abstenciones de CHA (Chunta Aragonesista) y Nafarroa-Bai.
Una conclusión hay que sacar de esto. El PP dice que sobre política económica “nada que objetar” a Zapatero. Tampoco tiene nada que objetar a relanzar el papel imperialista de unas empresas españolas que en su mayoría son antiguas empresas públicas privatizadas por Aznar, o bancos que siempre les ofrecieron su apoyo. Entonces, de los tres objetivos principales del gobierno Zapatero, su oposición se centra en el relacionado con la cuestión nacional. Su furiosa oposición a Zapatero tiene dos ejes: el terrorismo y el “modelo territorial”. Pues bien, a la hora de la verdad han acabado votando con el PSOE en cinco de las seis reformas estatutarias llegadas al Congreso en esta legislatura. Juntos rechazaron el 'Plan Ibarretxe' (Euskadi)[3], juntos votaron la reforma valenciana ya en vigor, juntos admitieron a trámite la balear (impulsada por el PP) y la aragonesa (impulsada por PSOE y PAR) y juntos han dado el visto bueno a la andaluza.
Entonces la discrepancia entre PP y PSOE se centra en uno sólo de los proyectos: el Estatut de Catalunya, al que el PP se opuso en el Parlamento catalán, en las Cortes y que ha llevado incluso ante el Tribunal Constitucional.
Al principio, también hubo discrepancia entre PP y PSOE sobre la reforma andaluza. Aquí el motivo tenía más que ver con la necesidad del PP a nivel estatal de manterner una fuerte oposición al PSOE que con el contenido del proyecto. Durante la tramitación en Madrid, se ha dado una lucha entre Javier Arenas y los demás dirigentes andaluces del PP, que calculaban que oponerse al estatuto les haría perder votos, y el núcleo duro aznarista del PP (puenteando a Rajoy), como Zaplana y Acebes, que estaban contra el acuerdo. Arenas ganó.
Lo anterior no implica que en Madrid no se haya tocado el proyecto que salió de Andalucía. Aparte del preámbulo cuyo cambio ha sido el que ha permitido el voto a favor del PP, se han cambiado casi 150 de los 246 artículos que salieron del parlamento andaluz. Se ha suprimido la disposición adicional cuarta, por la que Andalucía asumía de forma exclusiva cinco competencias del Estado –entre ellas la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir y los museos, archivos y bibliotecas- mediante la activación del artículo 150.2 de la Constitución; se ha ampliado el porcentaje necesario para modificar el estatuto (de 3/5 se ha pasado a 2/3); se ha cambiado, también a la baja, la adicional segunda referida a la deuda histórica; y, sobre todo, en multitud de artículos se ha remachado la supeditación a la Constitución y a las leyes estatales presentes y futuras. Tras este trabajo de poda, el estatuto de Andalucía es un nuevo punto de consenso entre PSOE y PP. Todas las modificaciones se hicieron en la Comisión Constitucional; ni Congreso ni Senado han cambiado una coma.
ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y ANDALUCÍA
EL ORIGEN DE LA AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA
EL ORIGEN DE LA AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA
El actual estatuto de autonomía de Andalucía, llamado “de Carmona” por el lugar de su elaboración, data de 1981. No es más que uno más de los “estatutos de autonomía” previstos en la descentralización administrativa que la Constitución de 1978 disponía, con el objetivo de desactivar las reivindicaciones nacionales de catalanes y vascos, que podían poner en peligro la unidad de España. Unidad cuya defensa la misma Constitución atribuía al ejército comandado por el Rey. Era el “café para todos” de Suárez[4].
Pero España no es una nación, sino una cárcel de pueblos unidos artificialmente por la monarquía, donde naciones constituidas, emergentes y regiones diferenciadas comparten la opresión por un aparato de estado tradicionalmente reaccionario. Mientras en algunos lugares se reafirmaban los sentimientos nacionales, con peculiaridades culturales, idiomas propios y una historia milenaria detrás (Catalunya), en otros (a veces los mismos, como en Galiza), el subdesarrollo relativo producido por el papel que el capitalismo español les adjudicó, de proveedores de mano de obra (inmigrante) y materias primas baratas, daba lugar a un agudo sentimiento de sufrir una injusticia histórica que se podía tranformar en reivindicación nacional.
Éste fue el caso de Andalucía. Al no haber aprobado su estatuto de autonomía en tiempos de la república (porque el estallido de la guerra civil lo impidió), a diferencia de Catalunya, Galiza y Euskadi, la Constitución no consideró a Andalucía “nacionalidad histórica”. Le estaba reservada una descentralización administrativa más leve que la que recibirían las naciones mencionadas. Pero el pueblo Andaluz recibió esto como una afrenta.
No era la reivindicación de fueros o derechos históricos, como en Euskadi, ni la afirmación de una lengua o cultura propia, como en Catalunya, lo que hizo que el pueblo andaluz se sublevara contra esta discriminación. Fudamentalmente fue una queja contra la situación de dependencia y atraso en la que se vivía en comparación con otros territorios. Y para todo el mundo la razón estaba clara: los recursos que hubieran podido servir para industrializar y modernizar Andalucía, extraídos del sudor de los jornaleros, iban a los bolsillos de los terrateniendes absentistas que los invertían en otros lugares del estado. Por eso, reivindicación autonomista andaluza y lucha por la reforma agraria que tocase la propiedad de la tierra han ido siempre paralelas desde las formulaciones de Blas Infante. Así, las luchas del 4-D-1977 por el “poder andaluz” o la victoria popular en el referéndum del 28-F-1980, no importa lo hábilmente que el PSOE cabalgase sobre ellas, se convertían en movimientos potenciamente peligrosos, que abrían el riesgo de que el “café para todos” se tornase en “reivindicaciones nacionales de todos”. Ambos momentos, más allá del significado concreto (porque en el referéndum se trataba de elegir entre dos vías igualmente constitucionales para acceder a una autonomía que no cuestionaba al estado centralista), se convirtieron en hitos en que la reivindicacion nacional andaluza casi se hizo de masas.
La UCD, tras la insólita pirueta de convocar un referéndum, hacer la pregunta y pedir que se vote no, se hundió en Andalucía y en España. Pero con el apaño del estatuto “de Carmona” de 1981, apoyado por todos, PSOE, UCD, PCA (actualmente en IU LV-CA) y PSA (actual PA), el régimen pudo respirar tranquilo. Andalucía no llegó a ser un problema, y que siga sin serlo para el régimen monárquico es la obsesión de Chaves. Cuando planteó desde 2001 que hacía falta una reforma del estatuto, no lo veía como una manera de cambiar las relaciones entre España y Andalucía, sino como una forma de desgastar al gobierno de Aznar mientras al mismo tiempo hacía un contrapeso españolista a las pretensiones del tripartit catalá y de Ibarretxe, aparte de fortalecer aún más su poder en Andalucía.
Pero ahora Aznar ha perdido las elecciones, el plan Ibarretxe ha sido rechazado, el Estatut está aprobado y hay un segundo tripartito. En cuanto a Chaves, ganó las elecciones andaluzas con mayoría absoluta, con lo que pudo romper su alianza de 8 años con el PA. Así que no era cosa de seguir liándola. Y así va a ser, Chaves ha conseguido su reforma con apoyo de todos salvo del marginal PA. El nuevo estatuto de Andalucía es una pieza más del régimen monárquico, centralista y capitalista.
CONTENIDO DEL NUEVO ESTATUTO DE ANDALUCÍA
A la hora de leer el proyecto de Estatuto, hay que partir de que en este tipo de documentos siempre hay partes declarativas que poco tienen que ver con su eficacia real. En la Constitución española puede encontrarse un articulo -el 129.2- que dice:"Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Tambien establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". Esto no lo escribió un partidario de la transición al socialismo, sino que fue una enmienda propuesta por el exministro franquista Licinio de La Fuente, entonces diputado por AP (el predecesor directo del PP[5]). El Estatuto de Autonomía andaluz de 1981 también tiene un artículo sobre la Reforma Agraria, el 12.3.11, de bonita redacción. Pero ni la Constitución española se escribió para servir de base jurídica a las “fábricas recuperadas” al estilo argentino, ni la Junta de Andalucía puede expropiar más de una maceta con el anterior estatuto. Todo esto no es más que la parte declarativa, y hay que dirigir la mirada a lo que son medidas concretas.
Vamos a examinar el proyecto de nuevo estatuto, viendo lo que dice y lo que no dice.
En el Titulo Preliminar se renuncia de entrada, sin decirlo a considerar parte de Andalucía a la Colonia de Gibraltar al circunscribir en su Art. 2. la comunidad autónma andaluza exclusivamente al de las actuales provincias. La Disposición Adicional Primera dice que quien podría decidir que Gibraltar entrase en Andalucía sería… el Parlamento español. Indiferente al colonialismo británico, el nuevo estatuto eleva su compromiso con el colonialismo español en Marruecos: el Art. 228 incluye el compromiso de mantener “especiales relaciones de colaboración, cooperación y asistencia” con los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla.
Ahora viene la madre del cordero. En el artículo 1.4. se afirma que Andalucía en relación con la Unión Europea “asume sus valores y vela por el cumplimiento de sus objetivos”. Los trabajadores y los pueblos han tenido muchos ejemplos de estos “valores”: represión de la inmigración, privatización de los astilleros, hundimiento de la agricultura, todo ello viene impuesto desde la Comisión Europea que encarna esos “valores”. Esto queda remachado en el Art. 13 donde se especifica que ningún derecho o principio del estatuto puede limitar o reducir los derechos o principios –por ejemplo, el derecho a la propiedad privada- “reconocidos por la Constitución o por los tratados y convenios internacionales ratificados por España”.
El articulo 5.1 aclara que Andalucía no pueda establecer criterios –como hacen por ejemplo, los länder alemanes o los cantones suizos- para las condiciones de acceso a la ciudadanía andaluza, remitiéndose a la legislación estatal. Es decir, no puede haber regulaciones andaluzas de inmigrantes.
El titulo se engorda con un Art. 10, denominado Objetivos básicos, que es una mera enumeración de intenciones sin mayores consecuencias prácticas. Es la parte ideológica, que PSOE e IU LV-CA airean en la campaña pero que no se pueden cumplir por falta de competencias y de dinero, además de ganas. Lo más importante aquí es que su apartado 13 aclara que, según la reforma estatutaria, la “reforma agraria” deseable para Andalucía ¡se inserta en el marco de la política agraria comunitaria!. Precisamente la PAC que en Andalucía se ha caracterizado por llevar a cabo una política de eutanasia de cultivos como el olivar, que han llevado a que Andalucía, tradicionalmente agrícola, hoy sea importadora neta de alimentos. En el apartado 20 se asume como objetivo “El diálogo y la concertación social, reconociendo la función relevante que para ello cumplen las organizaciones sindicales y empresariales”. Es decir, que se subvencionará con largueza a las burocracias sindicales encargadas de mantener la paz social. La lucha de clases no cabe en este estatuto. Y mucho blabla, sobre cohesión social, la “sociedad de la información”, etc.
En el Art. 11 la Junta se compromete a promover “una conciencia ciudadana” sustentada en los “valores constitucionales”. (el Art. 204.2, más adelante, proclama que “Todos los medios de comunicación andaluces, públicos y privados, están sujetos a los valores constitucionales”. Valores constitucionales incluyen a la monarquía, la propiedad privada, la unidad de España…). Se trata de adoctrinamiento estatal y por los medios.
Entonces, el Título Preliminar, aún siendo puramente declarativo, deja claro que este estatuto no es más que un reglamento subordinado para administrar el capitalismo, dentro del marco de la Constitución y la Unión Europea. Por lo tanto, completamente incompatible con una orientación socialista en defensa de los intereses de los trabajadores y los pueblos.
El Titulo I, Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas es el favorito en los discursos de los líderes de IU LV-CA, la “prueba” del “progresismo” de la Reforma. Aquí se menciona una ristra de “derechos sociales”: protección integral contra la violencia de género; equiparación de los derechos de las parejas no casadas con las que sí lo están; el testamento vital y la dignidad ante el proceso de muerte; la laicidad de la enseñanza; la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria sostenida con fondos públicos; el consejo genético y la medicina predictiva; el derecho a una renta básica; o el derecho a una buena administración. “El broche a este catálogo recae en la garantía de la reclamación de estos derechos ante la jurisdicción correspondiente cuando se estime que ha habido una vulneración” dice el resumen del estatuto en la página web de la Junta de Andalucía. Parecería que aquí si hay algo bueno. Incluso los obispos andaluces se han desmarcado de la postura favorable del PP y han puesto objeciones al estatuto especialmente referidas a este Título.
Sin embargo, el Dictamen del Consejo Consultivo del Parlamento de Andalucía afirma “Los derechos sociales del presente titulo no suponen una alteración del régimen de distribución de competencias ni la creación de títulos competenciales nuevos”. Es decir, esta es una simple lista de derechos que ya están recogidos en la legislacióln estatal, sin que haya ninguna ventaja en que aquí se mencionen otra vez. Los artículos de este Título suelen ser proclamar algún “derecho” que suene progresista, pero aclarar que todo sigue como está.
El Art. 21 declara que “los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica". Y luego añade: “los poderes públicos de la Comunidad tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza". Esta retorcida redacción, resultado de una dura negociación con el PP en Madrid que exigía que aparezca la palabra “católica”, signfica que todo seguirá igual que hasta ahora. La enseñanza pública será “laica”, pero seguirá habiendo enseñanza religiosa en los centros públicos, y se seguirá subvencionando, vía los “conciertos” a la Iglesia Católica (principal patronal de la enseñanza privada). ¡Esto es lo que IU LV-CA presenta como una conquista progresista del estatuto!! ¡de esto se quejan los obispos andaluces! Bueno, de esto y de lo de respetar todas las orientaciones sexuales (Art. 35).
En el artículo 23.2 se habla de una Renta Básica pendiente de concreción por una futura ley. Con el poco dinero que habrá, ya nos podemos imaginar que se tratará de un subsidio mísero destinado a cumplir el mismo papel clientelista que el subsidio especial agrario (que es estatal, no autonómico).
Lo que sí garantiza el Art. 26.2 a sindicatos y patronales es el “establecimiento de las condiciones necesarias para el desempeño de las funciones que la Constitución les reconoce”que en el Art. 159 se describen como contribución al “diálogo y la concertación social” (la función de impulsar la lucha de clases se sale de este estatuto), lo que significa el mantenimiento de las copiosas subvenciones públicas a las burocracias sindicales para que estas aseguren la sobreexplotación de la clase obrera. Ahora entendemos porqué CCOO y UGT apoyan tanto esta reforma. ¡Dos veces se menciona en el texto que hay que subvencionar a los sindicatos! El sindicalismo independiente del estado es incompatible con este estatuto. Naturalmente, no se menciona ninguna restricción a la eventualidad en el empleo, ninguna limitación al despido, ninguna modificación en las relaciones laborales. ¿Para qué, para que los “emprendedores” no “emprendan”?
El Titulo II, Competencias de la Comunidad Autónoma, clasifica en su Art. 42 las competencias en exclusivas, compartidas y ejecutivas que el Estatut catalá recoge en sus arts. 110, 111, 112 y 111, reproduciéndolos casi textualmente[6]. Pero cuando dicen que una competencia es “exclusiva”, inmediatamente viene después el latiguillo sobre que todo se dispondrá como lo diga la legislación española, introducido en Madrid por exigencia del PP, pero apoyada por PSOE. Esta frase no aparece en el Estatut catalá. Por eso, la aclaración de que el derecho andaluz será de aplicación preferente y el estatal “supletorio” no tiene valor real.
Las competencias en agricultura se declaran exclusivas en el Art. 48 pero Andalucía no puede acabar con el latifundismo mediante expropiaciones. Incluso para la gestión de las tierras de titularidad pública estatal depende el traspaso de gestión a “los protocolos que se establezcan”.
El reparto de competencias en Energía y Minas que se establece en el Art. 49 también es llamativo. Andalucía no tiene competencia sobre sobre los gaseoductos y oleoductos que la atraviesan para el suministro a España y Europa ni tampoco puede obtener compensaciones por su utilización. Andalucía queda restringida a emitir un “informe” previo a su instalación.
Los artículos 50 y 51 que tratan sobre Aguas y la Cuenca del Guadalquivir no reconocen que todos los recursos hídricos superficiales y subterráneos de Andalucía sean propiedad exclusiva del pueblo andaluz. Incluso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de la que se aspira asumir su gestión, queda restringida por el “respeto a la planificación del ciclo hidrológico” y de las “obras publicas hidráulicas de interés general”, que determina Madrid.
En cuanto a Educación –Arts. 52 y 53- también se afirma que es una ‘competencia exclusiva’, pero Andalucía no podría establecer una red pública única de enseñanza nacionalizando los centros privados (en lugar de subvencionar a muchos de éstos, los llamados “concertados”). Tampoco puede establecer Andalucía su propia ordenación del sistema educativo. Ni puede regular libremente el acceso a la función docente, resolviendo el tema de los interinos. Ni tampoco puede fijar los planes de estudios.
Izquierda Unida ha recalcado las posibilidades que se ofrecen a la Junta de Andalucía en Urbanismo y Vivienda con las competencias que se reconocen en el Art. 56 Sin embargo, las expropiaciones urbanísticas están sujetas a lo que establezca la legislación estatal. Igual con el modelo territorial, si el gobierno de Madrid declara una obra pública como “de interés general”, escapa a las competencias andaluzas.
Y todo igual. Sobre Medio Ambiente, en el Art. 57 hay declaraciones rimbombantes pero luego resulta que la regulación de los recursos naturales, calidad del aire y del agua, vertidos, control de contaminación y fiscalidad ecológica sólo pueden gestionarse en Andalucía mediante el desarrollo de la legislación española y ateniéndose a sus limites. (no obstante, le dedican al tema un Titulo VII entero con once artículos más (del 195 al 206).
Sobre inmigración, igual, el estatuto impide en su Art. 62 que Andalucía tenga política propia en relación a la inmigración. Por el contrario, lo que se le reconoce es la capacidad de gestionar la aplicación de las políticas españolas en la materia a partir del traspaso, esto sí es nuevo, de la gestión de las autorizaciones de trabajo y su inspección en coordinación con España. La participación que se reconoce a Andalucía en la fijación del contingente es consultiva.
Sobre Transportes y Comunicaciones –Art. 64- la competencia se presenta como exclusiva pero resulta que los Puertos y Aeropuertos de Interés General quedan en manos de España, que es quien decide cuales tienen esa cualidad.
En cuanto al régimen laboral y a las condiciones de Empleo –Art. 63- Andalucía no puede aprobar su propio Estatuto de los Trabajadores. Nada de “marco autónomo de relaciones laborales”, la misma legislación regresiva estatal, que poco a poco va haciendo desaparecer el empleo fijo, por la vía de generalizar la precariedad y de “precarizar” al indefinido, debe aplicarse en Andalucía. Por eso, el Art. 157 (ver más adelante) es un brindis al sol porque todas sus competencias en esta materia son simplemente de ejecución de la ley española.
En la distribución de los excedentes y de la obra social de las Cajas de Ahorro –únicas entidades financieras andaluzas- el Art. 75 recuerda que Andalucía sólo puede desarrollar lo que ya establezca la legislación general española. Por su parte, el Art. 45 –Fomento- dedicado a la gestión de subvenciones copia el 144 del estatuto catalán.
Cabe destacar que en todos estos temas económicos, sin salirse de su compromiso con el capitalismo, el Estatut catalá establece muchas posibilidades de actuación de la Generalitat, que dieron lugar a la acusación por el PP de “intervencionismo”. El estatuto andaluz es lo suficientemente neoliberal para gozar del apoyo del PP, que nunca puso en cuestión sus artículos económicos.
Eso sí, como si no hubiera suficiente madera, el Art. 65.2 establece un nuevo Cuerpo de Policía Andaluza. Y el Art. 65.4 establece una Junta de Seguridad, con representación del Gobierno y la Junta, que coordinará las políticas de seguridad y la actuación de la Policía autónoma con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El estatuto llega a la vergüenza de confirmar explícitamente en el Art. 78 la prohibición constitucional de convocar referéndums políticos, salvo previa autorización del gobierno central. Esta prohibición tiene como obvio objetivo, evitar que se pudiera dar un referéndum para la autodeterminacion de ningún territorio.
El Titulo III, denominado Organización Territorial de la Comunidad Autónoma consagra –en sus artículos 89 y 96- el mantenimiento de la división en provincias de Andalucía. Las Diputaciones provinciales siguen ejerciendo funciones de coordinación municipal y de gestión de competencias delegadas de la Administración autonómica actuando como instrumentos de clientelismo y control territorial. También siguen consagradas las provincias como circunscripciones electorales. El Art. 94 anuncia una futura ley para ordenar la marabunta de Consorcios, Mancomunidades y áreas metropolitanas que ha ido generando el PSOE a su conveniencia. La estructuración comarcal se niega en el Art. 97 –como en el Estatuto anterior- al caracterizarla como “agrupación voluntaria de municipios limítrofes” en la misma provincia y hacer depender su creación de una ley andaluza que debería establecer sus competencias, cuando las que deberían ser suyas las ha adjudicado ya el estatuto a las Diputaciones provinciales. Para mayor dificultad se necesita el acuerdo de todos los ayuntamientos afectados, facilitando así su boicoteo.
El PSOE no aceptó las enmiendas propuestas por el PA más favorables al reconocimiento de las comarcas, aún cuando eran moderadas y seguían reconociendo la división provincial. En comparación, el Estatut catalá en su Art. 83 establece que “Cataluña estructura su organización territorial básica en Municipios y Veguerias”. Estas son reconocidas en sus Art. 90 y 91 como “ámbito territorial específico para el ejercicio del Gobierno intermunicipal y división territorial adoptada por la Generalitat para la organización territorial de sus servicios”, sustituyendo a las Diputaciones, integrando a su vez en su seno a las Comarcas como agrupación de municipios. Las Veguerias propuestas son siete: Alto Pirineo y Arán, Barcelona, Campo de Tarragona, Cataluña Central, Girona, Lleida y Tierras del Ebro.
El Titulo IV, Organización Institucional de la Comunidad Autónoma poco tiene de nuevo. El Art. 101 convierte en un mínimo los 109 escaños actuales, lo que significa que acabaremos pagando a más parlamentarios sin contrapartida alguna.. Se mantiene en el Art. 104 la circunscripción provincial con la cláusula antidemocrática actual de que “ninguna tendrá más del doble de diputados que otra”, aun cuando su población sea más del doble. Igual ocurre con el Titulo V, El poder Judicial en Andalucía, que se extiende entre los Arts. 140 y 155.
El Titulo VI aparece titulado como Empleo, Economía y Hacienda y es donde la reforma inserta su modelo de financiación, complementado en las Disposiciones Adicionales. Más abajo hacemos una discusión detallada de este aspecto.
En este Título VI aparece el artículo 157, que plantea los objetivos de política económica:
“Artículo 157. Principios y objetivos básicos.
1. La libertad de empresa, la economía social de mercado, la iniciativa pública, la planificación y el fomento de la actividad económica constituyen el fundamento de la actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito económico.
2. La actividad económica estará orientada a la consecución de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma establecidos en el Título Preliminar.
3. La política económica de Andalucía se rige por los siguientes principios:
1.º El desarrollo sostenible.
2.º El pleno empleo, la calidad en el trabajo y la igualdad en el acceso al mismo.
3.º La cohesión social.
4.º La creación y redistribución de la riqueza.
4. La política económica de Andalucía promoverá la capacidad emprendedora y de las iniciativas empresariales, incentivando especialmente la pequeña y mediana empresa, la actividad de la economía social y de los emprendedores autónomos, la formación permanente de los trabajadores, la seguridad y la salud laboral, las relaciones entre la investigación, la Universidad y el sector productivo, y la proyección internacional de las empresas andaluzas”
Asi pues, el “pleno empleo”, la “calidad en el trabajo” (que no es lo mismo que “empleo de calidad”, que aparece en el artículo 37 como un principio rector de las políticas públicas, al mismo nivel que el uso del lenguaje de signos para sordos, el impulso a la “concertación social” y el “fomento de la capacidad emprendedora”), van ligados a la “capacidad emprendedora y de las inciativas empresariales”. Ahora que IU LV-CA y el PCA nos explique el carácter “progresista” de este canto al capitalismo. En cuanto a que se promoverá “la capacidad emprendedora y de las iniciativas empresariales” todos sabemos que esto significa subvencionar con el escaso dinero de que dispone la Junta a empresarios que después despiden sin que nadie les pida cuentas. Por ejemplo, todas las políticas de “inserción laboral” de las que se habla en el Art. 169 bajo el pomposo título de “políticas de empleo” acaban siempre en subvenciones para los empresarios. Para completarlo todo, en el artículo 163.3 se reproduce el artículo de la Constitución escrito por Licinio de la Fuente antes citado: ¡vamos, que si aquí hubieran fábricas recuperadas como en Argentina, se podrían apoyar en este artículo!
Los dos Títulos siguientes están dedicados a Medio Ambiente y a Medios de Comunicacion. El Título IX, sobre las relaciones institucionales de Andalucía, fue aprobado pero con el voto en contra del PP al artículo 234, que regula la participación de la comunidad ante la UE. A diferencia del Estatut catalá, que establece las relaciones bilaterales entre la Generalitat y el Gobierno (para reforzar la percepción de una relación bilateral Catalunya-España), en el andaluz todo se establece según el principio de la multilateralidad, a través de conferencias sectoriales.
En el Título X, PP y PSOE acordaron que futuras reformas estatutarias deben contar con dos tercios del Parlamento en vez de los tres quintos con los que partió el texto desde Andalucía, lo que es claramente una medida antidemocrática. Quedan las disposiciones adicionales, transitoria y finalesque comentamos más abajo.
Pero España no es una nación, sino una cárcel de pueblos unidos artificialmente por la monarquía, donde naciones constituidas, emergentes y regiones diferenciadas comparten la opresión por un aparato de estado tradicionalmente reaccionario. Mientras en algunos lugares se reafirmaban los sentimientos nacionales, con peculiaridades culturales, idiomas propios y una historia milenaria detrás (Catalunya), en otros (a veces los mismos, como en Galiza), el subdesarrollo relativo producido por el papel que el capitalismo español les adjudicó, de proveedores de mano de obra (inmigrante) y materias primas baratas, daba lugar a un agudo sentimiento de sufrir una injusticia histórica que se podía tranformar en reivindicación nacional.
Éste fue el caso de Andalucía. Al no haber aprobado su estatuto de autonomía en tiempos de la república (porque el estallido de la guerra civil lo impidió), a diferencia de Catalunya, Galiza y Euskadi, la Constitución no consideró a Andalucía “nacionalidad histórica”. Le estaba reservada una descentralización administrativa más leve que la que recibirían las naciones mencionadas. Pero el pueblo Andaluz recibió esto como una afrenta.
No era la reivindicación de fueros o derechos históricos, como en Euskadi, ni la afirmación de una lengua o cultura propia, como en Catalunya, lo que hizo que el pueblo andaluz se sublevara contra esta discriminación. Fudamentalmente fue una queja contra la situación de dependencia y atraso en la que se vivía en comparación con otros territorios. Y para todo el mundo la razón estaba clara: los recursos que hubieran podido servir para industrializar y modernizar Andalucía, extraídos del sudor de los jornaleros, iban a los bolsillos de los terrateniendes absentistas que los invertían en otros lugares del estado. Por eso, reivindicación autonomista andaluza y lucha por la reforma agraria que tocase la propiedad de la tierra han ido siempre paralelas desde las formulaciones de Blas Infante. Así, las luchas del 4-D-1977 por el “poder andaluz” o la victoria popular en el referéndum del 28-F-1980, no importa lo hábilmente que el PSOE cabalgase sobre ellas, se convertían en movimientos potenciamente peligrosos, que abrían el riesgo de que el “café para todos” se tornase en “reivindicaciones nacionales de todos”. Ambos momentos, más allá del significado concreto (porque en el referéndum se trataba de elegir entre dos vías igualmente constitucionales para acceder a una autonomía que no cuestionaba al estado centralista), se convirtieron en hitos en que la reivindicacion nacional andaluza casi se hizo de masas.
La UCD, tras la insólita pirueta de convocar un referéndum, hacer la pregunta y pedir que se vote no, se hundió en Andalucía y en España. Pero con el apaño del estatuto “de Carmona” de 1981, apoyado por todos, PSOE, UCD, PCA (actualmente en IU LV-CA) y PSA (actual PA), el régimen pudo respirar tranquilo. Andalucía no llegó a ser un problema, y que siga sin serlo para el régimen monárquico es la obsesión de Chaves. Cuando planteó desde 2001 que hacía falta una reforma del estatuto, no lo veía como una manera de cambiar las relaciones entre España y Andalucía, sino como una forma de desgastar al gobierno de Aznar mientras al mismo tiempo hacía un contrapeso españolista a las pretensiones del tripartit catalá y de Ibarretxe, aparte de fortalecer aún más su poder en Andalucía.
Pero ahora Aznar ha perdido las elecciones, el plan Ibarretxe ha sido rechazado, el Estatut está aprobado y hay un segundo tripartito. En cuanto a Chaves, ganó las elecciones andaluzas con mayoría absoluta, con lo que pudo romper su alianza de 8 años con el PA. Así que no era cosa de seguir liándola. Y así va a ser, Chaves ha conseguido su reforma con apoyo de todos salvo del marginal PA. El nuevo estatuto de Andalucía es una pieza más del régimen monárquico, centralista y capitalista.
CONTENIDO DEL NUEVO ESTATUTO DE ANDALUCÍA
A la hora de leer el proyecto de Estatuto, hay que partir de que en este tipo de documentos siempre hay partes declarativas que poco tienen que ver con su eficacia real. En la Constitución española puede encontrarse un articulo -el 129.2- que dice:"Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Tambien establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". Esto no lo escribió un partidario de la transición al socialismo, sino que fue una enmienda propuesta por el exministro franquista Licinio de La Fuente, entonces diputado por AP (el predecesor directo del PP[5]). El Estatuto de Autonomía andaluz de 1981 también tiene un artículo sobre la Reforma Agraria, el 12.3.11, de bonita redacción. Pero ni la Constitución española se escribió para servir de base jurídica a las “fábricas recuperadas” al estilo argentino, ni la Junta de Andalucía puede expropiar más de una maceta con el anterior estatuto. Todo esto no es más que la parte declarativa, y hay que dirigir la mirada a lo que son medidas concretas.
Vamos a examinar el proyecto de nuevo estatuto, viendo lo que dice y lo que no dice.
En el Titulo Preliminar se renuncia de entrada, sin decirlo a considerar parte de Andalucía a la Colonia de Gibraltar al circunscribir en su Art. 2. la comunidad autónma andaluza exclusivamente al de las actuales provincias. La Disposición Adicional Primera dice que quien podría decidir que Gibraltar entrase en Andalucía sería… el Parlamento español. Indiferente al colonialismo británico, el nuevo estatuto eleva su compromiso con el colonialismo español en Marruecos: el Art. 228 incluye el compromiso de mantener “especiales relaciones de colaboración, cooperación y asistencia” con los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla.
Ahora viene la madre del cordero. En el artículo 1.4. se afirma que Andalucía en relación con la Unión Europea “asume sus valores y vela por el cumplimiento de sus objetivos”. Los trabajadores y los pueblos han tenido muchos ejemplos de estos “valores”: represión de la inmigración, privatización de los astilleros, hundimiento de la agricultura, todo ello viene impuesto desde la Comisión Europea que encarna esos “valores”. Esto queda remachado en el Art. 13 donde se especifica que ningún derecho o principio del estatuto puede limitar o reducir los derechos o principios –por ejemplo, el derecho a la propiedad privada- “reconocidos por la Constitución o por los tratados y convenios internacionales ratificados por España”.
El articulo 5.1 aclara que Andalucía no pueda establecer criterios –como hacen por ejemplo, los länder alemanes o los cantones suizos- para las condiciones de acceso a la ciudadanía andaluza, remitiéndose a la legislación estatal. Es decir, no puede haber regulaciones andaluzas de inmigrantes.
El titulo se engorda con un Art. 10, denominado Objetivos básicos, que es una mera enumeración de intenciones sin mayores consecuencias prácticas. Es la parte ideológica, que PSOE e IU LV-CA airean en la campaña pero que no se pueden cumplir por falta de competencias y de dinero, además de ganas. Lo más importante aquí es que su apartado 13 aclara que, según la reforma estatutaria, la “reforma agraria” deseable para Andalucía ¡se inserta en el marco de la política agraria comunitaria!. Precisamente la PAC que en Andalucía se ha caracterizado por llevar a cabo una política de eutanasia de cultivos como el olivar, que han llevado a que Andalucía, tradicionalmente agrícola, hoy sea importadora neta de alimentos. En el apartado 20 se asume como objetivo “El diálogo y la concertación social, reconociendo la función relevante que para ello cumplen las organizaciones sindicales y empresariales”. Es decir, que se subvencionará con largueza a las burocracias sindicales encargadas de mantener la paz social. La lucha de clases no cabe en este estatuto. Y mucho blabla, sobre cohesión social, la “sociedad de la información”, etc.
En el Art. 11 la Junta se compromete a promover “una conciencia ciudadana” sustentada en los “valores constitucionales”. (el Art. 204.2, más adelante, proclama que “Todos los medios de comunicación andaluces, públicos y privados, están sujetos a los valores constitucionales”. Valores constitucionales incluyen a la monarquía, la propiedad privada, la unidad de España…). Se trata de adoctrinamiento estatal y por los medios.
Entonces, el Título Preliminar, aún siendo puramente declarativo, deja claro que este estatuto no es más que un reglamento subordinado para administrar el capitalismo, dentro del marco de la Constitución y la Unión Europea. Por lo tanto, completamente incompatible con una orientación socialista en defensa de los intereses de los trabajadores y los pueblos.
El Titulo I, Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas es el favorito en los discursos de los líderes de IU LV-CA, la “prueba” del “progresismo” de la Reforma. Aquí se menciona una ristra de “derechos sociales”: protección integral contra la violencia de género; equiparación de los derechos de las parejas no casadas con las que sí lo están; el testamento vital y la dignidad ante el proceso de muerte; la laicidad de la enseñanza; la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria sostenida con fondos públicos; el consejo genético y la medicina predictiva; el derecho a una renta básica; o el derecho a una buena administración. “El broche a este catálogo recae en la garantía de la reclamación de estos derechos ante la jurisdicción correspondiente cuando se estime que ha habido una vulneración” dice el resumen del estatuto en la página web de la Junta de Andalucía. Parecería que aquí si hay algo bueno. Incluso los obispos andaluces se han desmarcado de la postura favorable del PP y han puesto objeciones al estatuto especialmente referidas a este Título.
Sin embargo, el Dictamen del Consejo Consultivo del Parlamento de Andalucía afirma “Los derechos sociales del presente titulo no suponen una alteración del régimen de distribución de competencias ni la creación de títulos competenciales nuevos”. Es decir, esta es una simple lista de derechos que ya están recogidos en la legislacióln estatal, sin que haya ninguna ventaja en que aquí se mencionen otra vez. Los artículos de este Título suelen ser proclamar algún “derecho” que suene progresista, pero aclarar que todo sigue como está.
El Art. 21 declara que “los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica". Y luego añade: “los poderes públicos de la Comunidad tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza". Esta retorcida redacción, resultado de una dura negociación con el PP en Madrid que exigía que aparezca la palabra “católica”, signfica que todo seguirá igual que hasta ahora. La enseñanza pública será “laica”, pero seguirá habiendo enseñanza religiosa en los centros públicos, y se seguirá subvencionando, vía los “conciertos” a la Iglesia Católica (principal patronal de la enseñanza privada). ¡Esto es lo que IU LV-CA presenta como una conquista progresista del estatuto!! ¡de esto se quejan los obispos andaluces! Bueno, de esto y de lo de respetar todas las orientaciones sexuales (Art. 35).
En el artículo 23.2 se habla de una Renta Básica pendiente de concreción por una futura ley. Con el poco dinero que habrá, ya nos podemos imaginar que se tratará de un subsidio mísero destinado a cumplir el mismo papel clientelista que el subsidio especial agrario (que es estatal, no autonómico).
Lo que sí garantiza el Art. 26.2 a sindicatos y patronales es el “establecimiento de las condiciones necesarias para el desempeño de las funciones que la Constitución les reconoce”que en el Art. 159 se describen como contribución al “diálogo y la concertación social” (la función de impulsar la lucha de clases se sale de este estatuto), lo que significa el mantenimiento de las copiosas subvenciones públicas a las burocracias sindicales para que estas aseguren la sobreexplotación de la clase obrera. Ahora entendemos porqué CCOO y UGT apoyan tanto esta reforma. ¡Dos veces se menciona en el texto que hay que subvencionar a los sindicatos! El sindicalismo independiente del estado es incompatible con este estatuto. Naturalmente, no se menciona ninguna restricción a la eventualidad en el empleo, ninguna limitación al despido, ninguna modificación en las relaciones laborales. ¿Para qué, para que los “emprendedores” no “emprendan”?
El Titulo II, Competencias de la Comunidad Autónoma, clasifica en su Art. 42 las competencias en exclusivas, compartidas y ejecutivas que el Estatut catalá recoge en sus arts. 110, 111, 112 y 111, reproduciéndolos casi textualmente[6]. Pero cuando dicen que una competencia es “exclusiva”, inmediatamente viene después el latiguillo sobre que todo se dispondrá como lo diga la legislación española, introducido en Madrid por exigencia del PP, pero apoyada por PSOE. Esta frase no aparece en el Estatut catalá. Por eso, la aclaración de que el derecho andaluz será de aplicación preferente y el estatal “supletorio” no tiene valor real.
Las competencias en agricultura se declaran exclusivas en el Art. 48 pero Andalucía no puede acabar con el latifundismo mediante expropiaciones. Incluso para la gestión de las tierras de titularidad pública estatal depende el traspaso de gestión a “los protocolos que se establezcan”.
El reparto de competencias en Energía y Minas que se establece en el Art. 49 también es llamativo. Andalucía no tiene competencia sobre sobre los gaseoductos y oleoductos que la atraviesan para el suministro a España y Europa ni tampoco puede obtener compensaciones por su utilización. Andalucía queda restringida a emitir un “informe” previo a su instalación.
Los artículos 50 y 51 que tratan sobre Aguas y la Cuenca del Guadalquivir no reconocen que todos los recursos hídricos superficiales y subterráneos de Andalucía sean propiedad exclusiva del pueblo andaluz. Incluso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de la que se aspira asumir su gestión, queda restringida por el “respeto a la planificación del ciclo hidrológico” y de las “obras publicas hidráulicas de interés general”, que determina Madrid.
En cuanto a Educación –Arts. 52 y 53- también se afirma que es una ‘competencia exclusiva’, pero Andalucía no podría establecer una red pública única de enseñanza nacionalizando los centros privados (en lugar de subvencionar a muchos de éstos, los llamados “concertados”). Tampoco puede establecer Andalucía su propia ordenación del sistema educativo. Ni puede regular libremente el acceso a la función docente, resolviendo el tema de los interinos. Ni tampoco puede fijar los planes de estudios.
Izquierda Unida ha recalcado las posibilidades que se ofrecen a la Junta de Andalucía en Urbanismo y Vivienda con las competencias que se reconocen en el Art. 56 Sin embargo, las expropiaciones urbanísticas están sujetas a lo que establezca la legislación estatal. Igual con el modelo territorial, si el gobierno de Madrid declara una obra pública como “de interés general”, escapa a las competencias andaluzas.
Y todo igual. Sobre Medio Ambiente, en el Art. 57 hay declaraciones rimbombantes pero luego resulta que la regulación de los recursos naturales, calidad del aire y del agua, vertidos, control de contaminación y fiscalidad ecológica sólo pueden gestionarse en Andalucía mediante el desarrollo de la legislación española y ateniéndose a sus limites. (no obstante, le dedican al tema un Titulo VII entero con once artículos más (del 195 al 206).
Sobre inmigración, igual, el estatuto impide en su Art. 62 que Andalucía tenga política propia en relación a la inmigración. Por el contrario, lo que se le reconoce es la capacidad de gestionar la aplicación de las políticas españolas en la materia a partir del traspaso, esto sí es nuevo, de la gestión de las autorizaciones de trabajo y su inspección en coordinación con España. La participación que se reconoce a Andalucía en la fijación del contingente es consultiva.
Sobre Transportes y Comunicaciones –Art. 64- la competencia se presenta como exclusiva pero resulta que los Puertos y Aeropuertos de Interés General quedan en manos de España, que es quien decide cuales tienen esa cualidad.
En cuanto al régimen laboral y a las condiciones de Empleo –Art. 63- Andalucía no puede aprobar su propio Estatuto de los Trabajadores. Nada de “marco autónomo de relaciones laborales”, la misma legislación regresiva estatal, que poco a poco va haciendo desaparecer el empleo fijo, por la vía de generalizar la precariedad y de “precarizar” al indefinido, debe aplicarse en Andalucía. Por eso, el Art. 157 (ver más adelante) es un brindis al sol porque todas sus competencias en esta materia son simplemente de ejecución de la ley española.
En la distribución de los excedentes y de la obra social de las Cajas de Ahorro –únicas entidades financieras andaluzas- el Art. 75 recuerda que Andalucía sólo puede desarrollar lo que ya establezca la legislación general española. Por su parte, el Art. 45 –Fomento- dedicado a la gestión de subvenciones copia el 144 del estatuto catalán.
Cabe destacar que en todos estos temas económicos, sin salirse de su compromiso con el capitalismo, el Estatut catalá establece muchas posibilidades de actuación de la Generalitat, que dieron lugar a la acusación por el PP de “intervencionismo”. El estatuto andaluz es lo suficientemente neoliberal para gozar del apoyo del PP, que nunca puso en cuestión sus artículos económicos.
Eso sí, como si no hubiera suficiente madera, el Art. 65.2 establece un nuevo Cuerpo de Policía Andaluza. Y el Art. 65.4 establece una Junta de Seguridad, con representación del Gobierno y la Junta, que coordinará las políticas de seguridad y la actuación de la Policía autónoma con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El estatuto llega a la vergüenza de confirmar explícitamente en el Art. 78 la prohibición constitucional de convocar referéndums políticos, salvo previa autorización del gobierno central. Esta prohibición tiene como obvio objetivo, evitar que se pudiera dar un referéndum para la autodeterminacion de ningún territorio.
El Titulo III, denominado Organización Territorial de la Comunidad Autónoma consagra –en sus artículos 89 y 96- el mantenimiento de la división en provincias de Andalucía. Las Diputaciones provinciales siguen ejerciendo funciones de coordinación municipal y de gestión de competencias delegadas de la Administración autonómica actuando como instrumentos de clientelismo y control territorial. También siguen consagradas las provincias como circunscripciones electorales. El Art. 94 anuncia una futura ley para ordenar la marabunta de Consorcios, Mancomunidades y áreas metropolitanas que ha ido generando el PSOE a su conveniencia. La estructuración comarcal se niega en el Art. 97 –como en el Estatuto anterior- al caracterizarla como “agrupación voluntaria de municipios limítrofes” en la misma provincia y hacer depender su creación de una ley andaluza que debería establecer sus competencias, cuando las que deberían ser suyas las ha adjudicado ya el estatuto a las Diputaciones provinciales. Para mayor dificultad se necesita el acuerdo de todos los ayuntamientos afectados, facilitando así su boicoteo.
El PSOE no aceptó las enmiendas propuestas por el PA más favorables al reconocimiento de las comarcas, aún cuando eran moderadas y seguían reconociendo la división provincial. En comparación, el Estatut catalá en su Art. 83 establece que “Cataluña estructura su organización territorial básica en Municipios y Veguerias”. Estas son reconocidas en sus Art. 90 y 91 como “ámbito territorial específico para el ejercicio del Gobierno intermunicipal y división territorial adoptada por la Generalitat para la organización territorial de sus servicios”, sustituyendo a las Diputaciones, integrando a su vez en su seno a las Comarcas como agrupación de municipios. Las Veguerias propuestas son siete: Alto Pirineo y Arán, Barcelona, Campo de Tarragona, Cataluña Central, Girona, Lleida y Tierras del Ebro.
El Titulo IV, Organización Institucional de la Comunidad Autónoma poco tiene de nuevo. El Art. 101 convierte en un mínimo los 109 escaños actuales, lo que significa que acabaremos pagando a más parlamentarios sin contrapartida alguna.. Se mantiene en el Art. 104 la circunscripción provincial con la cláusula antidemocrática actual de que “ninguna tendrá más del doble de diputados que otra”, aun cuando su población sea más del doble. Igual ocurre con el Titulo V, El poder Judicial en Andalucía, que se extiende entre los Arts. 140 y 155.
El Titulo VI aparece titulado como Empleo, Economía y Hacienda y es donde la reforma inserta su modelo de financiación, complementado en las Disposiciones Adicionales. Más abajo hacemos una discusión detallada de este aspecto.
En este Título VI aparece el artículo 157, que plantea los objetivos de política económica:
“Artículo 157. Principios y objetivos básicos.
1. La libertad de empresa, la economía social de mercado, la iniciativa pública, la planificación y el fomento de la actividad económica constituyen el fundamento de la actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito económico.
2. La actividad económica estará orientada a la consecución de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma establecidos en el Título Preliminar.
3. La política económica de Andalucía se rige por los siguientes principios:
1.º El desarrollo sostenible.
2.º El pleno empleo, la calidad en el trabajo y la igualdad en el acceso al mismo.
3.º La cohesión social.
4.º La creación y redistribución de la riqueza.
4. La política económica de Andalucía promoverá la capacidad emprendedora y de las iniciativas empresariales, incentivando especialmente la pequeña y mediana empresa, la actividad de la economía social y de los emprendedores autónomos, la formación permanente de los trabajadores, la seguridad y la salud laboral, las relaciones entre la investigación, la Universidad y el sector productivo, y la proyección internacional de las empresas andaluzas”
Asi pues, el “pleno empleo”, la “calidad en el trabajo” (que no es lo mismo que “empleo de calidad”, que aparece en el artículo 37 como un principio rector de las políticas públicas, al mismo nivel que el uso del lenguaje de signos para sordos, el impulso a la “concertación social” y el “fomento de la capacidad emprendedora”), van ligados a la “capacidad emprendedora y de las inciativas empresariales”. Ahora que IU LV-CA y el PCA nos explique el carácter “progresista” de este canto al capitalismo. En cuanto a que se promoverá “la capacidad emprendedora y de las iniciativas empresariales” todos sabemos que esto significa subvencionar con el escaso dinero de que dispone la Junta a empresarios que después despiden sin que nadie les pida cuentas. Por ejemplo, todas las políticas de “inserción laboral” de las que se habla en el Art. 169 bajo el pomposo título de “políticas de empleo” acaban siempre en subvenciones para los empresarios. Para completarlo todo, en el artículo 163.3 se reproduce el artículo de la Constitución escrito por Licinio de la Fuente antes citado: ¡vamos, que si aquí hubieran fábricas recuperadas como en Argentina, se podrían apoyar en este artículo!
Los dos Títulos siguientes están dedicados a Medio Ambiente y a Medios de Comunicacion. El Título IX, sobre las relaciones institucionales de Andalucía, fue aprobado pero con el voto en contra del PP al artículo 234, que regula la participación de la comunidad ante la UE. A diferencia del Estatut catalá, que establece las relaciones bilaterales entre la Generalitat y el Gobierno (para reforzar la percepción de una relación bilateral Catalunya-España), en el andaluz todo se establece según el principio de la multilateralidad, a través de conferencias sectoriales.
En el Título X, PP y PSOE acordaron que futuras reformas estatutarias deben contar con dos tercios del Parlamento en vez de los tres quintos con los que partió el texto desde Andalucía, lo que es claramente una medida antidemocrática. Quedan las disposiciones adicionales, transitoria y finalesque comentamos más abajo.
FINANCIACIÓN
El problema clave de la autonomía es la financiación. Pues no sirve de nada obtener la cesión de cada vez más competencias si se carece del dinero para administarlas. El problema de la financiación ha sido crónico porque en últimas, la llave de los recursos también está en el estado central.
El nuevo estatuto mantiene sustancialmente los mismos mecanismos de dependencia de las decisiones estatales en cuanto a financiación que se recogían en el estatuto de 1981 en su Art. 57 y en su Disposición Transitoria Sexta.
El PP criticaba al estatuto diciendo que no se puede modificar nada hasta que se reforme la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que deriva del Art. 157.3 de la Constitución española, concediéndole primacía. A esta posición han respondido PSOE e IU LV-CA recordando que Estatutos y LOFCA tienen similar entidad (porque ambos son votados por las Cortes) y que ambas normas han de conjugarse como disposiciones derivadas de la Constitución Española. En la práctica, además –y esto viene escrito literalmente en el estatuto- los Estatutos ‘proponen’, la LOFCA ‘confirma y valida’ y son los Presupuestos Generales del Estado español, cada año, los que ‘concretan’. Y las tres normas dependen de lap Cortes españolas. No hay que olvidar que son los Presupuestos españoles los que al final fijan, por ejemplo, la Participación en los Ingresos del Estado o determinan la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, FCI, o las llamadas Asignaciones de Nivelación. También es el Gobierno español el que controla en ultima instancia el consultivo y meramente deliberante, Consejo de Política Fiscal y Financiera.
PSOE e IU LV-CA han repetido hasta la saciedad que la reforma andaluza es equiparable a la catalana en este tema. También han argumentado que asegura el “doble de dotación” del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI); la garantía del nivel de ingresos; la inversión del Estado español en Andalucía en proporción a su población; el control de por la Junta los fondos europeos destinados a Andalucía y el pago de la llamada Deuda Histórica.
Pero en realidad, la cosa queda clara en el Art. 176 donde, tras enumerar las fuentes de ingreso de Andalucía, su punto 3 especifica “El establecimiento, regulación y aplicación de dichos recursos se efectuará cuando proceda en los términos y con los límites previstos o derivados de la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución, de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo y preceptos concordantes de ésta (se refiere a la futura LOFCA)”. A este respecto, conviene recordar que el estatuto catalán aún sometiéndose a esta subordinación la intenta al menos atenuar o limitar en su Art. 201 cuando declara que “Las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat se regulan por la Constitución, el presente Estatuto y la LOFCA” y luego en su Art. 203.3, detalla algunos mínimos en cuanto a sus parciales competencias normativas derivadas, que la reforma andaluza omite por entero. Y para blindarse ante sorpresas el Estatuto catalán recurre a sus disposiciones adicionales 3ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11 y 12ª para, al menos, asegurarse en los próximos siete años una inversión estatal igual a su porcentaje sobre el PIB español y establecer, uno a uno, porcentajes específicos, detallados y concretos de cesión de impuestos.
El nuevo estatuto andaluz, por el contrario, en su Art. 176, opta por relacionar tributos que pueden ser cedidos aclarando, de entrada, que lo serán “con los limites y en su caso, con la capacidad normativa y en los términos que se establezcan” en la LOFCA. La delegación es de tal entidad que –reproduciendo el contenido del vigente Art. 57.2.- el estatuto reconoce que mediante proyecto de ley española, la “modificación del presente artículo no se considerará modificación del estatuto” (art 178.2) ¡puede ser modificado con menos de 2/3!.
El pago en adelante de la llamada “Deuda Histórica” (dinero comprometido por el estado en 1981, para superar el atraso relativo de Andalucia, pero que no ha sido pagado aún a la Junta de Andalucía) –Disposición Adicional Segunda- para compensar la imposibilidad de prestar servicios transferidos mediante la aprobación de asignaciones complementarias, queda a expensas de lo que se apruebe en los Presupuestos Generales del Estado. El sistema de pago de la deuda histórica y el mecanismo de inversión estatal en Andalucía fueron acordados entre el PSOE e IU LV-CA y aprobados en la Comisión Constitucional del Congreso con el voto en contra del PP. Además acordaron que una comisión mixta Junta de Andalucía-Gobierno fije la cuantía en un plazo máximo de dieciocho meses y que, antes de tres años, se abone la Deuda, en periodos anuales. El PA reivindicaba seis meses como período para evaluar la deuda y un año el tiempo para pagar. Así que las resoluciones aprobadas en el Parlamento Andaluz no valen ni el papel en el que estaban escritas. Por ejemplo, en 2003 todos los partidos menos el PP la cifraron en 9700 millones de euros. En 2004 Chaves dio por buena la cifra de 2500 millones. En el nuevo estatuto, ni se cuantifica.
Finalmente, para compensar el impacto del acuerdo PSOE-CiU por el que se aprobó el Estatut (ver más abajo) y justificándose en que el Estado español debe garantizar el equilibrio económico interrterritorial, el compromiso de cuánto debe invertir en Andalucía el Estado español se formula en la Disposición Adicional Tercera de manera “que la inversión destinada a Andalucía sea al menos equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años”. Como no lo aclara, esta inversión incluye el FCI y los fondos europeos no territorializables, con lo que en realidad se va a quedar más o menos en lo mismo que ahora gasta el estado.
En resumen, precisamente cuando el Gobierno español reduce la imposición a las empresas, Andalucía lo que ha obtenido en el mejor de los casos ha sido una continuidad en la financiación, y en la hipótesis más previsible, una degradación paulatina de recursos que afectará a sus servicios. Lo que es seguro es que este modelo es radicalmente insuficiente para disponer de instrumentos no ya con los que salir del subdesarrollo sino incluso para compensar los efectos que producirá el final del ciclo económico asentado en la especulación inmobiliaria que hoy sostiene la estabilidad social en Andalucía y facilita su control por el PSOE.
El texto aprobado recoge el criterio de la nivelación de servicios básicos, fija que la financiación atenderá a la población real y efectiva -aunque determinada de acuerdo con la normativa estatal- y establece la garantía de financiación de educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales. A cambio, Andalucía se compromete a realizar un esfuerzo fiscal similar expresado en términos de la normativa y de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución, que establece el principio de solidaridad.
Simultáneamente a la negociación del estatuto de Andalucía, el PSOE llegaba a un acuerdo con CiU (con el que ambos acordaron el Estatut) para la financiación de las comunidades autónomas, que prevé que éstas obtengan el 50% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como el 58% de la recaudación de los impuestos especiales (tabaco, alcohol, gasolina....), pero deberán ser el Gobierno español y los autonómicos quienes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fijen a partir de ahora los puntos y las comas de un pacto cuyo objetivo es aumentar la autonomía financiera de las administraciones periféricas para el mantenimiento de sus servicios.
El modelo de financiación vigente desde 2002 deposita en las comunidades el 33% del IRPF -además del 35% del IVA y el 40% de los especiales- con capacidad normativa, siempre y cuando la tarifa sea progresiva -que pague más el que más tiene- y tenga el mismo número de tramos que la estatal, aunque los límites inferior y superior de una y otra no tienen por qué coincidir. El aumento en la cesión de impuestos permitiría a Andalucía y al resto de comunidades aumentar su autonomía financiera y, de forma inversamente proporcional, ver reducida su dependencia del Fondo de Suficiencia, que sirve para financiar las competencias comunes y que se nutre de las aportaciones del Estado y de los territorios con superávit de recaudación, en la actualidad sólo dos, Madrid y Baleares. El truco consiste en que para que una Comunidad Autónoma pueda costear más servicios, deberá incrementar la presión fiscal, lo que es impopular.
Cabe destacar que impuestos como el IVA y los especiales están distribuidos territorialmente de forma muy irregular. Los impuestos especiales, excluido su tramo minorista, se recaudan en un 90 % sólo en la Comunidad de Madrid porque es donde está el domicilio social de la mayoría de las grandes empresas. El IVA se recauda en un 40 % en Madrid, y sólo el 8 % en Andalucía.
El Estatuto catalán contempla una inversión estatal en infraestructuras en función a su Producto Interior Bruto durante un periodo de siete años. El andaluz opta, en cambio, por una inversión en función de la población durante ese mismo periodo. Tengamos en cuenta que, lejos de disminuir, sigue aumentando el déficit de inversiones estatales en Andalucía (es decir, que las inversiones sean inferiores a la media estatal). El estado central ha invertido 19.211 millones en Andalucía de menos desde 1990 hasta 2005, de lo que hubiera hecho si siguiera la media estatal en el mismo período. La media de inversión pública por persona y año fue de 214 euros, mientras que la estatal se situó en 313 euros, un 46% más. En este período, -ocho años con gobiernos del PSOE y otros tantos con ejecutivos del PP- sólo seis presentaron un saldo positivo para Andalucía, con una media de inversión per cápita superior a la española. En dos de esos ejercicios, por la celebración de elecciones generales, gobernaron socialistas y populares: 1996 y 2004; en 1997 lo hizo el PP y en los tres restantes -1990, 1992 y 1993, en coincidencia con la Expo 92- ostentó el poder el PSOE. En los otros diez, la comunidad autónoma tuvo déficit de inversiones.
Un dato a destacar: la llegada a la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso al PSOE en la obligación de atender las demandas de cobro de la deuda histórica que con tanto énfasis defendía la Junta de Andalucía ante Aznar, pero las cifras de 2005 -el primer ejercicio con Presupuesto del PSOE- vienen a indicar que la tónica anterior se mantuvo. En concreto, la inversión per cápita en España en 2005 fue de 154 euros; en Andalucía, de 144. resultado: un déficit de casi 81 millones de euros.
De hecho, y pese a que el PSOE andaluz intentó que las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2005 y 2006 se ajustasen al peso poblacional andaluz en el conjunto de España (la norma que han incluido en el nuevo estatuto), la realidad es que tanto en una como en otra ocasión no fue así. Los proyectos sí perseguían ese propósito, pero las enmiendas aprobadas en la Cortes rebajaron los porcentajes previstos.
En cuanto a la deuda histórica, los datos demuestran que el Estado, lejos de tomar medidas que viniesen a compensar a Andalucía por la situación deficitaria de algunos de los servicios transferidos a la comunidad -a los que alude la Disposición adicional segunda del Estatuto-, contribuyó a incrementar esas diferencias con su falta de inversiones, al menos desde 1990. En cuanto a la actualización de los fondos que le corresponden a Andalucía, se especifica que el Estado y la comunidad autónoma procederán a una revisión quinquenal del sistema de financiación, “teniendo en cuenta la evolución del conjunto de recursos públicos disponibles y de las necesidades de gastos de las diferentes administraciones”.
En resumen, el acuerdo PSOE-IU sobre financiación imposibilita ya de entrada un "Estatuto de primera", como les gusta decir. Modelos de financiación "de primera" son el de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) de diciembre de 1979 y el Amejoramiento del Fuero navarro de agosto de 1982. No por casualidad todo el empeño del Proyecto catalán es acercarse a ambos.
El nuevo estatuto mantiene sustancialmente los mismos mecanismos de dependencia de las decisiones estatales en cuanto a financiación que se recogían en el estatuto de 1981 en su Art. 57 y en su Disposición Transitoria Sexta.
El PP criticaba al estatuto diciendo que no se puede modificar nada hasta que se reforme la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que deriva del Art. 157.3 de la Constitución española, concediéndole primacía. A esta posición han respondido PSOE e IU LV-CA recordando que Estatutos y LOFCA tienen similar entidad (porque ambos son votados por las Cortes) y que ambas normas han de conjugarse como disposiciones derivadas de la Constitución Española. En la práctica, además –y esto viene escrito literalmente en el estatuto- los Estatutos ‘proponen’, la LOFCA ‘confirma y valida’ y son los Presupuestos Generales del Estado español, cada año, los que ‘concretan’. Y las tres normas dependen de lap Cortes españolas. No hay que olvidar que son los Presupuestos españoles los que al final fijan, por ejemplo, la Participación en los Ingresos del Estado o determinan la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, FCI, o las llamadas Asignaciones de Nivelación. También es el Gobierno español el que controla en ultima instancia el consultivo y meramente deliberante, Consejo de Política Fiscal y Financiera.
PSOE e IU LV-CA han repetido hasta la saciedad que la reforma andaluza es equiparable a la catalana en este tema. También han argumentado que asegura el “doble de dotación” del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI); la garantía del nivel de ingresos; la inversión del Estado español en Andalucía en proporción a su población; el control de por la Junta los fondos europeos destinados a Andalucía y el pago de la llamada Deuda Histórica.
Pero en realidad, la cosa queda clara en el Art. 176 donde, tras enumerar las fuentes de ingreso de Andalucía, su punto 3 especifica “El establecimiento, regulación y aplicación de dichos recursos se efectuará cuando proceda en los términos y con los límites previstos o derivados de la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución, de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo y preceptos concordantes de ésta (se refiere a la futura LOFCA)”. A este respecto, conviene recordar que el estatuto catalán aún sometiéndose a esta subordinación la intenta al menos atenuar o limitar en su Art. 201 cuando declara que “Las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat se regulan por la Constitución, el presente Estatuto y la LOFCA” y luego en su Art. 203.3, detalla algunos mínimos en cuanto a sus parciales competencias normativas derivadas, que la reforma andaluza omite por entero. Y para blindarse ante sorpresas el Estatuto catalán recurre a sus disposiciones adicionales 3ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11 y 12ª para, al menos, asegurarse en los próximos siete años una inversión estatal igual a su porcentaje sobre el PIB español y establecer, uno a uno, porcentajes específicos, detallados y concretos de cesión de impuestos.
El nuevo estatuto andaluz, por el contrario, en su Art. 176, opta por relacionar tributos que pueden ser cedidos aclarando, de entrada, que lo serán “con los limites y en su caso, con la capacidad normativa y en los términos que se establezcan” en la LOFCA. La delegación es de tal entidad que –reproduciendo el contenido del vigente Art. 57.2.- el estatuto reconoce que mediante proyecto de ley española, la “modificación del presente artículo no se considerará modificación del estatuto” (art 178.2) ¡puede ser modificado con menos de 2/3!.
El pago en adelante de la llamada “Deuda Histórica” (dinero comprometido por el estado en 1981, para superar el atraso relativo de Andalucia, pero que no ha sido pagado aún a la Junta de Andalucía) –Disposición Adicional Segunda- para compensar la imposibilidad de prestar servicios transferidos mediante la aprobación de asignaciones complementarias, queda a expensas de lo que se apruebe en los Presupuestos Generales del Estado. El sistema de pago de la deuda histórica y el mecanismo de inversión estatal en Andalucía fueron acordados entre el PSOE e IU LV-CA y aprobados en la Comisión Constitucional del Congreso con el voto en contra del PP. Además acordaron que una comisión mixta Junta de Andalucía-Gobierno fije la cuantía en un plazo máximo de dieciocho meses y que, antes de tres años, se abone la Deuda, en periodos anuales. El PA reivindicaba seis meses como período para evaluar la deuda y un año el tiempo para pagar. Así que las resoluciones aprobadas en el Parlamento Andaluz no valen ni el papel en el que estaban escritas. Por ejemplo, en 2003 todos los partidos menos el PP la cifraron en 9700 millones de euros. En 2004 Chaves dio por buena la cifra de 2500 millones. En el nuevo estatuto, ni se cuantifica.
Finalmente, para compensar el impacto del acuerdo PSOE-CiU por el que se aprobó el Estatut (ver más abajo) y justificándose en que el Estado español debe garantizar el equilibrio económico interrterritorial, el compromiso de cuánto debe invertir en Andalucía el Estado español se formula en la Disposición Adicional Tercera de manera “que la inversión destinada a Andalucía sea al menos equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años”. Como no lo aclara, esta inversión incluye el FCI y los fondos europeos no territorializables, con lo que en realidad se va a quedar más o menos en lo mismo que ahora gasta el estado.
En resumen, precisamente cuando el Gobierno español reduce la imposición a las empresas, Andalucía lo que ha obtenido en el mejor de los casos ha sido una continuidad en la financiación, y en la hipótesis más previsible, una degradación paulatina de recursos que afectará a sus servicios. Lo que es seguro es que este modelo es radicalmente insuficiente para disponer de instrumentos no ya con los que salir del subdesarrollo sino incluso para compensar los efectos que producirá el final del ciclo económico asentado en la especulación inmobiliaria que hoy sostiene la estabilidad social en Andalucía y facilita su control por el PSOE.
El texto aprobado recoge el criterio de la nivelación de servicios básicos, fija que la financiación atenderá a la población real y efectiva -aunque determinada de acuerdo con la normativa estatal- y establece la garantía de financiación de educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales. A cambio, Andalucía se compromete a realizar un esfuerzo fiscal similar expresado en términos de la normativa y de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución, que establece el principio de solidaridad.
Simultáneamente a la negociación del estatuto de Andalucía, el PSOE llegaba a un acuerdo con CiU (con el que ambos acordaron el Estatut) para la financiación de las comunidades autónomas, que prevé que éstas obtengan el 50% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como el 58% de la recaudación de los impuestos especiales (tabaco, alcohol, gasolina....), pero deberán ser el Gobierno español y los autonómicos quienes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fijen a partir de ahora los puntos y las comas de un pacto cuyo objetivo es aumentar la autonomía financiera de las administraciones periféricas para el mantenimiento de sus servicios.
El modelo de financiación vigente desde 2002 deposita en las comunidades el 33% del IRPF -además del 35% del IVA y el 40% de los especiales- con capacidad normativa, siempre y cuando la tarifa sea progresiva -que pague más el que más tiene- y tenga el mismo número de tramos que la estatal, aunque los límites inferior y superior de una y otra no tienen por qué coincidir. El aumento en la cesión de impuestos permitiría a Andalucía y al resto de comunidades aumentar su autonomía financiera y, de forma inversamente proporcional, ver reducida su dependencia del Fondo de Suficiencia, que sirve para financiar las competencias comunes y que se nutre de las aportaciones del Estado y de los territorios con superávit de recaudación, en la actualidad sólo dos, Madrid y Baleares. El truco consiste en que para que una Comunidad Autónoma pueda costear más servicios, deberá incrementar la presión fiscal, lo que es impopular.
Cabe destacar que impuestos como el IVA y los especiales están distribuidos territorialmente de forma muy irregular. Los impuestos especiales, excluido su tramo minorista, se recaudan en un 90 % sólo en la Comunidad de Madrid porque es donde está el domicilio social de la mayoría de las grandes empresas. El IVA se recauda en un 40 % en Madrid, y sólo el 8 % en Andalucía.
El Estatuto catalán contempla una inversión estatal en infraestructuras en función a su Producto Interior Bruto durante un periodo de siete años. El andaluz opta, en cambio, por una inversión en función de la población durante ese mismo periodo. Tengamos en cuenta que, lejos de disminuir, sigue aumentando el déficit de inversiones estatales en Andalucía (es decir, que las inversiones sean inferiores a la media estatal). El estado central ha invertido 19.211 millones en Andalucía de menos desde 1990 hasta 2005, de lo que hubiera hecho si siguiera la media estatal en el mismo período. La media de inversión pública por persona y año fue de 214 euros, mientras que la estatal se situó en 313 euros, un 46% más. En este período, -ocho años con gobiernos del PSOE y otros tantos con ejecutivos del PP- sólo seis presentaron un saldo positivo para Andalucía, con una media de inversión per cápita superior a la española. En dos de esos ejercicios, por la celebración de elecciones generales, gobernaron socialistas y populares: 1996 y 2004; en 1997 lo hizo el PP y en los tres restantes -1990, 1992 y 1993, en coincidencia con la Expo 92- ostentó el poder el PSOE. En los otros diez, la comunidad autónoma tuvo déficit de inversiones.
Un dato a destacar: la llegada a la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso al PSOE en la obligación de atender las demandas de cobro de la deuda histórica que con tanto énfasis defendía la Junta de Andalucía ante Aznar, pero las cifras de 2005 -el primer ejercicio con Presupuesto del PSOE- vienen a indicar que la tónica anterior se mantuvo. En concreto, la inversión per cápita en España en 2005 fue de 154 euros; en Andalucía, de 144. resultado: un déficit de casi 81 millones de euros.
De hecho, y pese a que el PSOE andaluz intentó que las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2005 y 2006 se ajustasen al peso poblacional andaluz en el conjunto de España (la norma que han incluido en el nuevo estatuto), la realidad es que tanto en una como en otra ocasión no fue así. Los proyectos sí perseguían ese propósito, pero las enmiendas aprobadas en la Cortes rebajaron los porcentajes previstos.
En cuanto a la deuda histórica, los datos demuestran que el Estado, lejos de tomar medidas que viniesen a compensar a Andalucía por la situación deficitaria de algunos de los servicios transferidos a la comunidad -a los que alude la Disposición adicional segunda del Estatuto-, contribuyó a incrementar esas diferencias con su falta de inversiones, al menos desde 1990. En cuanto a la actualización de los fondos que le corresponden a Andalucía, se especifica que el Estado y la comunidad autónoma procederán a una revisión quinquenal del sistema de financiación, “teniendo en cuenta la evolución del conjunto de recursos públicos disponibles y de las necesidades de gastos de las diferentes administraciones”.
En resumen, el acuerdo PSOE-IU sobre financiación imposibilita ya de entrada un "Estatuto de primera", como les gusta decir. Modelos de financiación "de primera" son el de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) de diciembre de 1979 y el Amejoramiento del Fuero navarro de agosto de 1982. No por casualidad todo el empeño del Proyecto catalán es acercarse a ambos.
“REALIDAD NACIONAL” EN EL NUEVO ESTATUTO DE ANDALUCÍA
Aunque el preámbulo de un Estatuto de Autonomía no es normativo sino declarativo, para cualquiera es clara su importancia política. No porque implique una política aplicada efectivamente, sino una intención, o al menos el modo como los que lo han elaborado pretenden que se los vea.
La expresión “realidad nacional”, que el PSOE se empeñó en introducir (admitiendo en múltiples ocasiones que carece de sentido, y siempre acoplándola a sonoras reivindicaciones de la unidad de España) se convirtió en la piedra de escándalo para el PP. En realidad, el PSOE no quería sugerir que Andalucía fuera una nación: en el Preámbulo que proponía se decía: “Así, la Constitución española, en su artículo 2º, reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad”. Queda claro que la referencia va ligada a la condición de “nacionalidad” y no a la de “nación”, aunque el adjetivo “nacional” sea lingüísticamente compartido por ambas.
Todo el embrollo proviene de que la Constitución española sólo cita y reconoce a una nación: la española -única depositaría de la soberanía- formada por “nacionalidades y regiones”. El termino “nacionalidad” fue el sinónimo eufemístico que se buscó en 1978 para referirse a las naciones insertas en el Estado español, sin reconocerles esa cualidad. Además terminó haciendo funciones de categoría política y autonómica entre los diversos países del Estado y para este ultimo objeto, cuando fue insuficiente, se le terminó añadiendo a unas en demérito de otras, el apelativo de “históricas”.
Se podría objetar que una palabra sin concretar no hace daño, que no pasaría nada si un estatuto de autonomía define a una Comunidad Autónoma como “nación” si esto luego no tiene más consecuencias: no se pide la soberanía plena, etc. total, si han aprobado llamar al País Valenciano “Reino de Valencia”, qué más les daría. Pero el PSOE terminó coincidiendo con el PP en que dejar a España y su “Nación” como “nación de naciones” era ya demasiado, sería ir socavando el prejuicio españolista que sigue siendo uno de los principales puntos de apoyo de masas de la burguesía española para mantener su dominio. Además, incluir el concepto de nación en las partes normativas de los estatutos podía servir de percha política futura a demandas de soberanía nacional y autodeterminación; de ahí que “nación” desapareciera del articulado catalán y fuera desplazada en forma de mera constatación sin fuerza normativa a su preámbulo.
Como el PP tiene como eje ordenador de su política la lucha por echar a Zapatero por vendido a ETA, por masón y criptorrepublicano y por pretender destruir la unidad de España, se vió obligado a llegar a los extremos ridículos de declarar cosas como «El nuevo Estatuto es una mera coartada del nacionalismo independentista» (Javier Arenas), “Se ha dado un paso para que España deje de ser nación” al incluir “realidad nacional” en el preámbulo y que “el Presidente Chaves sigue la senda de los nacionalismos e independentismos más radicales” (Acebes, 17 abril 2006), ¡esto referido a un Chaves capaz de decir en un pleno parlamentario: “Creo firmemente, firmemente, que Andalucía, Cataluña y el País Vasco forman parte de España. Creo que nadie en este Parlamento lo pone en duda”!
Una vez aprobado el Estatut catalá, y con el estatuto andaluz en trámite en Madrid, la urgencia del PP en desgastar al PSOE por esta banda fue cediendo. Nadie en sus cabales puede pensar que la reforma del estatuto andaluz sea el precio político que paga Zapatero a los “independentistas radicales catalanes” como dijo María San Gil en Sevilla. Así que, una vez Arenas pudo imponerse a los Legionarios de Cristo, Opusdeístas y demás españolistas cerriles del aparato del PP, no le fue difícil llegar a un acuerdo, manteniendo la frase al gusto del PSOE e IU LV-CA, pero haciendo referencia a un documento que, como ellos mismos han llegado a admitir, no conocían[7], el manifiesto andalucista de 1919. Todo ello, claro está, con el PSOE proponiendo escribir “unidad de España” todas las veces que haga falta.
El absurdo de la discusión se resume en lo siguiente: ninguno de los cuatro partidos y coaliciones con presencia en el Parlamento Andaluz reconoce a Andalucía como nación con la conclusión lógica de exigir el derecho a la autodeterminación. El PP claro que no; pero el PSOE andaluz dice que Andalucía es “nacionalidad”; el PA, que es “nación” pero defiende la “unidad de España” (sus juventudes sí reivindican la autodeterminación los días de fiesta). IU LV-CA está por un proceso de “construcción nacional” pero no pide autodeterminación, y en cualquier caso apoya el programa de IU federal de “estado federal” contrapuesto polémicamente siempre a la “confederación”. Eso quiere decir que a efectos prácticos, todos reivindican el marco de la Constitución.
Los nacionalistas burgueses de las demás naciones oprimidas han tenido ocasión sobre este tema también de mostrar abiertamente su inconsecuencia. Carlos Aymerich –portavoz parlamentario del BNG -que forma parte del Gobierno gallego presidido por el PSOE- declaró que “Si Andalucía es considerada realidad nacional, Galicia tiene que ser algo más. Nosotros no podemos renunciar al estatus de Cataluña y Euskadi, tenemos que jugar en primera división y no en regional preferente”. Bargallo, de ERC –consejero en el Gobierno catalán presidido por el PSOE- apuntaba por su parte que “Andalucía está en su derecho de definirse como realidad nacional si quiere; pero existe una realidad social e histórica que hace que la relación de Cataluña con el Estado español no sea la misma que la de Andalucía, por lo que deberíamos encontrar otra definición para Cataluña, Euskadi y Galicia distinta a la andaluza, porque no son lo mismo”. Y mientras Duran Lleida (CiU) defendía en Sevilla el Estatuto catalán y anunciaba el apoyo de su formación al Estatuto andaluz del PSOE-IU, Artur Mas –su líder máximo- celebraba en Barcelona que se mantenga la “particularidad catalana” gracias a que “el preámbulo del estatuto andaluz no llega a equipararse al catalán y habla de una realidad nacional y no de una nación”. Como se ve, las formaciones nacionalistas burguesas y pequeñoburguesas de las naciones oprimidas por el Estado Español que se adaptan oportunistamente al marco consitucional (y en su mayoría, colaboran con el PSOE) sólo aspiran a ser algo distinto a las simples regiones españolas “autónomas”. A ello se reducen sus perspectivas.
Toda esta discusión bizantina sobre la inclusión del término “nación” en los estatutos de autonomía sirve para tapar el hecho de que las competencias reales, la financiación o la capacidad de defenderse de las agresiones de la Unión Europea no dependen en absoluto, mientras subsista el marco constitucional, de que en un estatuto –sea en un preámbulo o el articulado- se escriba en un sitio u otro que se es “nación”, “nacionalidad histórica”, “comunidad” o cualquier otra cosa. Mientras la Constitución –y el régimen al que sirve de hoja de parra- siga en pie, todo se subordinará a la preservación de la “unidad de la patria”, es decir, de los privilegios de la burguesía centralista.
¿ES UN NUEVO ESTATUTO O UNA REFORMA DEL VIGENTE LO QUE HAN APROBADO?
La expresión “realidad nacional”, que el PSOE se empeñó en introducir (admitiendo en múltiples ocasiones que carece de sentido, y siempre acoplándola a sonoras reivindicaciones de la unidad de España) se convirtió en la piedra de escándalo para el PP. En realidad, el PSOE no quería sugerir que Andalucía fuera una nación: en el Preámbulo que proponía se decía: “Así, la Constitución española, en su artículo 2º, reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad”. Queda claro que la referencia va ligada a la condición de “nacionalidad” y no a la de “nación”, aunque el adjetivo “nacional” sea lingüísticamente compartido por ambas.
Todo el embrollo proviene de que la Constitución española sólo cita y reconoce a una nación: la española -única depositaría de la soberanía- formada por “nacionalidades y regiones”. El termino “nacionalidad” fue el sinónimo eufemístico que se buscó en 1978 para referirse a las naciones insertas en el Estado español, sin reconocerles esa cualidad. Además terminó haciendo funciones de categoría política y autonómica entre los diversos países del Estado y para este ultimo objeto, cuando fue insuficiente, se le terminó añadiendo a unas en demérito de otras, el apelativo de “históricas”.
Se podría objetar que una palabra sin concretar no hace daño, que no pasaría nada si un estatuto de autonomía define a una Comunidad Autónoma como “nación” si esto luego no tiene más consecuencias: no se pide la soberanía plena, etc. total, si han aprobado llamar al País Valenciano “Reino de Valencia”, qué más les daría. Pero el PSOE terminó coincidiendo con el PP en que dejar a España y su “Nación” como “nación de naciones” era ya demasiado, sería ir socavando el prejuicio españolista que sigue siendo uno de los principales puntos de apoyo de masas de la burguesía española para mantener su dominio. Además, incluir el concepto de nación en las partes normativas de los estatutos podía servir de percha política futura a demandas de soberanía nacional y autodeterminación; de ahí que “nación” desapareciera del articulado catalán y fuera desplazada en forma de mera constatación sin fuerza normativa a su preámbulo.
Como el PP tiene como eje ordenador de su política la lucha por echar a Zapatero por vendido a ETA, por masón y criptorrepublicano y por pretender destruir la unidad de España, se vió obligado a llegar a los extremos ridículos de declarar cosas como «El nuevo Estatuto es una mera coartada del nacionalismo independentista» (Javier Arenas), “Se ha dado un paso para que España deje de ser nación” al incluir “realidad nacional” en el preámbulo y que “el Presidente Chaves sigue la senda de los nacionalismos e independentismos más radicales” (Acebes, 17 abril 2006), ¡esto referido a un Chaves capaz de decir en un pleno parlamentario: “Creo firmemente, firmemente, que Andalucía, Cataluña y el País Vasco forman parte de España. Creo que nadie en este Parlamento lo pone en duda”!
Una vez aprobado el Estatut catalá, y con el estatuto andaluz en trámite en Madrid, la urgencia del PP en desgastar al PSOE por esta banda fue cediendo. Nadie en sus cabales puede pensar que la reforma del estatuto andaluz sea el precio político que paga Zapatero a los “independentistas radicales catalanes” como dijo María San Gil en Sevilla. Así que, una vez Arenas pudo imponerse a los Legionarios de Cristo, Opusdeístas y demás españolistas cerriles del aparato del PP, no le fue difícil llegar a un acuerdo, manteniendo la frase al gusto del PSOE e IU LV-CA, pero haciendo referencia a un documento que, como ellos mismos han llegado a admitir, no conocían[7], el manifiesto andalucista de 1919. Todo ello, claro está, con el PSOE proponiendo escribir “unidad de España” todas las veces que haga falta.
El absurdo de la discusión se resume en lo siguiente: ninguno de los cuatro partidos y coaliciones con presencia en el Parlamento Andaluz reconoce a Andalucía como nación con la conclusión lógica de exigir el derecho a la autodeterminación. El PP claro que no; pero el PSOE andaluz dice que Andalucía es “nacionalidad”; el PA, que es “nación” pero defiende la “unidad de España” (sus juventudes sí reivindican la autodeterminación los días de fiesta). IU LV-CA está por un proceso de “construcción nacional” pero no pide autodeterminación, y en cualquier caso apoya el programa de IU federal de “estado federal” contrapuesto polémicamente siempre a la “confederación”. Eso quiere decir que a efectos prácticos, todos reivindican el marco de la Constitución.
Los nacionalistas burgueses de las demás naciones oprimidas han tenido ocasión sobre este tema también de mostrar abiertamente su inconsecuencia. Carlos Aymerich –portavoz parlamentario del BNG -que forma parte del Gobierno gallego presidido por el PSOE- declaró que “Si Andalucía es considerada realidad nacional, Galicia tiene que ser algo más. Nosotros no podemos renunciar al estatus de Cataluña y Euskadi, tenemos que jugar en primera división y no en regional preferente”. Bargallo, de ERC –consejero en el Gobierno catalán presidido por el PSOE- apuntaba por su parte que “Andalucía está en su derecho de definirse como realidad nacional si quiere; pero existe una realidad social e histórica que hace que la relación de Cataluña con el Estado español no sea la misma que la de Andalucía, por lo que deberíamos encontrar otra definición para Cataluña, Euskadi y Galicia distinta a la andaluza, porque no son lo mismo”. Y mientras Duran Lleida (CiU) defendía en Sevilla el Estatuto catalán y anunciaba el apoyo de su formación al Estatuto andaluz del PSOE-IU, Artur Mas –su líder máximo- celebraba en Barcelona que se mantenga la “particularidad catalana” gracias a que “el preámbulo del estatuto andaluz no llega a equipararse al catalán y habla de una realidad nacional y no de una nación”. Como se ve, las formaciones nacionalistas burguesas y pequeñoburguesas de las naciones oprimidas por el Estado Español que se adaptan oportunistamente al marco consitucional (y en su mayoría, colaboran con el PSOE) sólo aspiran a ser algo distinto a las simples regiones españolas “autónomas”. A ello se reducen sus perspectivas.
Toda esta discusión bizantina sobre la inclusión del término “nación” en los estatutos de autonomía sirve para tapar el hecho de que las competencias reales, la financiación o la capacidad de defenderse de las agresiones de la Unión Europea no dependen en absoluto, mientras subsista el marco constitucional, de que en un estatuto –sea en un preámbulo o el articulado- se escriba en un sitio u otro que se es “nación”, “nacionalidad histórica”, “comunidad” o cualquier otra cosa. Mientras la Constitución –y el régimen al que sirve de hoja de parra- siga en pie, todo se subordinará a la preservación de la “unidad de la patria”, es decir, de los privilegios de la burguesía centralista.
¿ES UN NUEVO ESTATUTO O UNA REFORMA DEL VIGENTE LO QUE HAN APROBADO?
Bueno. El nuevo estatuto es mucho más largo que el actual. Para martirio de opositores a la función publica andaluza, baste decir que su articulado pasa de contener 75 artículos a alargarse a 250 artículos y 11 disposiciones. No obstante, si lo analizamos, vemos que lo que han hecho es añadir prosa, aplicar la “vía catalana” de clasificación de competencias en exclusivas –que no lo son- compartidas y ejecutivas y enumerarlas, materia a materia. No se trata de cambio de modelo político sino perfeccionamiento del vigente. Andalucía sigue impedida para aprobar y aplicar políticas propias que vayan un milímetro más allá de la mera aplicación andaluza de políticas españolas.
Ahora bien, para ver si se puede decir que es un estatuto nuevo, veamos cuales son las novedades que introduce: ya hemos hablado de la nueva policía andaluza. Además, la garantía a las personas del derecho a vivir dignamente el proceso de su muerte (que no es la legalización de la eutanasia) en el artículo 20, la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza publica obligatoria (Art. 21); la aprobación de un nuevo subsidio social bajo el nombre de Renta Básica (Art. 23.2) que es, por cierto, la versión andaluza de la Renta Garantizada de Ciudadanía que se recoge en el Art. 24 del Proyecto catalán y en el Art. 15 del reformado Estatuto valenciano. Otras cosas nuevas: la asunción de la paridad de género en nombramientos y en listas electorales (Artículos 105, 107 y 135), la concesión de la gestión de los permisos de trabajo para los inmigrantes (Art. 62), y las competencias sobre la inspección de trabajo (artículo 63). También se ha abierto la posibilidad de que la futura ley electoral andaluza incremente el numero de diputados al Parlamento andaluz por encima de los 109 actuales y se ha desacoplado el sistema electoral andaluz del español (circunstancia que era única en todo el Estado) aunque persisten las fundamentales distorsiones antidemocráticas: circunscripción provincial y exigencia de que ninguna doble en diputados a otra, con que se altera fuertemente la proporcionalidad. Las novedades continúan: en el Art. 51 se reclaman competencias de gestión sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En el proyecto que llegó a Madrid se incluía una Disposición Adicional que, acogiéndose al artículo 150.2 de la Constitución, se solicitaba la “transferencia o delegación” de las competencias en Tráfico, Museos, Aeropuertos, Bibliotecas, Servicio Meteorológico, etc, pero fue eliminada en aras del acuerdo con el PP.
Con lo dicho ya se ve que la inmensa mayoría de esas “nuevas competencias” podían haberse obtenido, a través de simples leyes españolas de transferencias sin necesidad de proceder a una reforma estatutaria. Por eso, en conjunto, diga lo que diga Antonio Romero, es sólo una reforma del actual estatuto, y por lo tanto una pieza más del estado centralista y capitalista.
LA ANDALUCÍA DEL NUEVO ESTATUTO
¿Que Andalucía es ésta, del siglo XXI, para la que se prepara este nuevo estatuto?
Andalucía sigue siendo la de la medalla a la duquesa de Alba. Sólo siete grandes propietarios en Andalucía se embolsan más de 14,5 millones de euros (unos 2.400 millones de ptas.), lo que representa el 25% de las ayudas totales: Hermanos Mora Figueroa-Domeq, Hermanos Barrera, Nicolás Osuna (Conde de Osuna), La Duquesa de Alba, Iñigo Arteaga Martín (Duque del Infantado), Hermanos Lopez de la Puerta y Samuel Flores. Por el contrario miles de pequeñas fincas familiares han ido a la ruina.
Después de tantos años de gobierno socialdemócrata, la Andalucía actual, “doblemente modernizada”, lejos de convertirse en la “California de Europa”, sigue siendo más bien es el “México de Europa”, una maquiladora en la que los empresarios puden hacer lo que quieran.
Lejos de superar su condición de región subdesarrollada, Andalucía ha profundizado esos rasgos. El sector primario sigue siendo fundamental, y la agricultura sigue dominada por latifundios, cuya propiedad nadie ha tocado, además de una ampliamente extendida pequeña propiedad que sólo sobrevive por las migajas de las subvenciones de la Política Agraria Común (la masa de las subvenciones va a los grandes terratenientes). Subvenciones para una agricultura amenazada por competencias varias y que van siendo eliminadas progresivamente por la Unión Europea. Sólo en puntos localizados de Huelva y Almería se ha desarrollado una agricultura floreciente de invernadero con objetivos exportadores... pero lo ha hecho sobre la base de la sobreexplotación de los inmigrantes.
La única razón por la que la población rural continúa retenida en los pueblos en lugar de continuar emigrando a las capitales y a las zonas industriales del estado es por la existencia del Subsidio Especial Agrario. El papel de este subsidio, más los fondos estatales (procedentes muchos de la UE) para proporcionar las peonás necesarias, el AEPSA, ha sido el de clientelizar el campo andaluz, eliminar los focos de resistencia, el de acolchar las tensiones sociales. El gobierno del PP avanzó sin embargo, con muchas dudas, (pues ambos subsidios están en manos de Madrid) por el camino de ir liquidándolos. Este fue el objetivo del “decretazo” de 2002. La “retirada” tras la huelga general no hizo más que aplazar el problema, con la creación de dos tipos nuevos de subsidio que tienen fecha de caducidad.
La débil industria andaluza, procedente en su mayoría de los planes y polos de desarrollo franquista, continúa su declive. Frente a la anunciada “política industrial” de la Junta, pese al IFA (Instituto de Fomento Andaluz, que se supone que tiene que mantener una industria pública, pero que, como en Santana Motor, actúa más como un fideicomisario hasta la reprivatización), continúa la destrucción del escaso tejido productivo. Las ampliaciones de FASA-Renault y la industria aeronáutica en Sevilla no equilibran los cierres y regulaciones que se están sufriendo continuamente. Ha saltado el dato de que Sevilla, por ejemplo, en 8 años ha perdido casi 10.000 empleos por regulaciones y cierres. Y es necesario decir que se están encontrando con una fuerte resistencia por parte de los trabajadores.
A la hora de aquilatar el subdesarrollo relativo andaluz es necesario recordar que Andalucía exporta fundamentalmente productos agrícolas e importa productos industriales, perjudicándose así por el intercambio desigual. Pero hasta ahora, por lo menos, la balanza comercial estaba equilibrada. Sin embargo, en 2006, el déficit comercial, con importaciones aumentando un 40% con respecto al año anterior, y exportaciones cayendo un 19 %, empeoró visiblemente. La explicación viene por partida doble. Las importaciones cada vez son más caras, porque fundamentalmente son petróleo: ¡Andalucía compra más en valor (36% de las importaciones) a los países de la OPEP que a la Unión Europea (29 %)! Sin embargo, nuestro principal comprador es la Unión Europea que nos compra cada vez menos, especialmente productos no agrícolas (y tengamos en cuenta que Andalucía sólo puede vender productos agrícolas a la Unión Europea en virtud de la protección arancelaria que impide llegar a los productos magrebíes).
Estos datos quedan atenuados porque, en este ciclo económico en el que la coyuntura se mantiene por la construcción, Andalucía se beneficia de un crecimiento que supera al de otros territorios. En 2005, todas las comunidades autónomas españolas crecieron más que la media de la UE (3,5 % frente a 1,7 %), lideradas por Madrid. Entre 2000 y 2005, Andalucía ha sido, tras Murcia, la comunidad que más creció.
Sin embargo, si lo que miramos es el PIB per cápita, sólo Extremadura va por detrás de Andalucía.
Como Andalucía ha superado este año el 75 % de la renta media comunitaria (porque con la incorporación de los países del Este, ha bajado), sólo seguirá recibiendo fondos de cohesión de la UE los próximos seis años. El gasto público también está muy por debajo; mientras que el gasto público por alumno no universitario está en Andalucía en 2.609 euros, a nivel estatal se sitúa en 3.444 y el gasto total por alumnos está en 2.912 euros frente a 3.895 euros.
En una sociedad capitalista, el “crecimiento económico” puede implicar o no que aumente el nivel de vida, pero necesariamente trae consigo el aumento de la riqueza de los más ricos. En Andalucía el volumen de grandes fortunas se duplicó en tres años. Esta fortuna duplicada pertenece a un número de “grandes fortunas” (es decir, peresonas con un patrimonio superior a 150.000 €, es decir, 25 millones de pesetas) que sólo aumentó un 10%, son 83.000 personas. Esto ha sido superior a la media española: los clientes de la “banca privada” (es decir, la especializada en gestionar grandes fortunas) tenían en Andalucía un patrimonio medio de 250.000 € en 2002… en 2006 ¡es de 450.000 €![8]
LA POSICIÓN ANTE EL NUEVO ESTATUTO DE LAS FUERZAS POLÍTICAS POR FUERA DEL BIPARTIDISMO PSOE-PP
LA OPOSICIÓN INSTITUCIONAL AL ESTATUTO: EL PA
Ahora bien, para ver si se puede decir que es un estatuto nuevo, veamos cuales son las novedades que introduce: ya hemos hablado de la nueva policía andaluza. Además, la garantía a las personas del derecho a vivir dignamente el proceso de su muerte (que no es la legalización de la eutanasia) en el artículo 20, la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza publica obligatoria (Art. 21); la aprobación de un nuevo subsidio social bajo el nombre de Renta Básica (Art. 23.2) que es, por cierto, la versión andaluza de la Renta Garantizada de Ciudadanía que se recoge en el Art. 24 del Proyecto catalán y en el Art. 15 del reformado Estatuto valenciano. Otras cosas nuevas: la asunción de la paridad de género en nombramientos y en listas electorales (Artículos 105, 107 y 135), la concesión de la gestión de los permisos de trabajo para los inmigrantes (Art. 62), y las competencias sobre la inspección de trabajo (artículo 63). También se ha abierto la posibilidad de que la futura ley electoral andaluza incremente el numero de diputados al Parlamento andaluz por encima de los 109 actuales y se ha desacoplado el sistema electoral andaluz del español (circunstancia que era única en todo el Estado) aunque persisten las fundamentales distorsiones antidemocráticas: circunscripción provincial y exigencia de que ninguna doble en diputados a otra, con que se altera fuertemente la proporcionalidad. Las novedades continúan: en el Art. 51 se reclaman competencias de gestión sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En el proyecto que llegó a Madrid se incluía una Disposición Adicional que, acogiéndose al artículo 150.2 de la Constitución, se solicitaba la “transferencia o delegación” de las competencias en Tráfico, Museos, Aeropuertos, Bibliotecas, Servicio Meteorológico, etc, pero fue eliminada en aras del acuerdo con el PP.
Con lo dicho ya se ve que la inmensa mayoría de esas “nuevas competencias” podían haberse obtenido, a través de simples leyes españolas de transferencias sin necesidad de proceder a una reforma estatutaria. Por eso, en conjunto, diga lo que diga Antonio Romero, es sólo una reforma del actual estatuto, y por lo tanto una pieza más del estado centralista y capitalista.
LA ANDALUCÍA DEL NUEVO ESTATUTO
¿Que Andalucía es ésta, del siglo XXI, para la que se prepara este nuevo estatuto?
Andalucía sigue siendo la de la medalla a la duquesa de Alba. Sólo siete grandes propietarios en Andalucía se embolsan más de 14,5 millones de euros (unos 2.400 millones de ptas.), lo que representa el 25% de las ayudas totales: Hermanos Mora Figueroa-Domeq, Hermanos Barrera, Nicolás Osuna (Conde de Osuna), La Duquesa de Alba, Iñigo Arteaga Martín (Duque del Infantado), Hermanos Lopez de la Puerta y Samuel Flores. Por el contrario miles de pequeñas fincas familiares han ido a la ruina.
Después de tantos años de gobierno socialdemócrata, la Andalucía actual, “doblemente modernizada”, lejos de convertirse en la “California de Europa”, sigue siendo más bien es el “México de Europa”, una maquiladora en la que los empresarios puden hacer lo que quieran.
Lejos de superar su condición de región subdesarrollada, Andalucía ha profundizado esos rasgos. El sector primario sigue siendo fundamental, y la agricultura sigue dominada por latifundios, cuya propiedad nadie ha tocado, además de una ampliamente extendida pequeña propiedad que sólo sobrevive por las migajas de las subvenciones de la Política Agraria Común (la masa de las subvenciones va a los grandes terratenientes). Subvenciones para una agricultura amenazada por competencias varias y que van siendo eliminadas progresivamente por la Unión Europea. Sólo en puntos localizados de Huelva y Almería se ha desarrollado una agricultura floreciente de invernadero con objetivos exportadores... pero lo ha hecho sobre la base de la sobreexplotación de los inmigrantes.
La única razón por la que la población rural continúa retenida en los pueblos en lugar de continuar emigrando a las capitales y a las zonas industriales del estado es por la existencia del Subsidio Especial Agrario. El papel de este subsidio, más los fondos estatales (procedentes muchos de la UE) para proporcionar las peonás necesarias, el AEPSA, ha sido el de clientelizar el campo andaluz, eliminar los focos de resistencia, el de acolchar las tensiones sociales. El gobierno del PP avanzó sin embargo, con muchas dudas, (pues ambos subsidios están en manos de Madrid) por el camino de ir liquidándolos. Este fue el objetivo del “decretazo” de 2002. La “retirada” tras la huelga general no hizo más que aplazar el problema, con la creación de dos tipos nuevos de subsidio que tienen fecha de caducidad.
La débil industria andaluza, procedente en su mayoría de los planes y polos de desarrollo franquista, continúa su declive. Frente a la anunciada “política industrial” de la Junta, pese al IFA (Instituto de Fomento Andaluz, que se supone que tiene que mantener una industria pública, pero que, como en Santana Motor, actúa más como un fideicomisario hasta la reprivatización), continúa la destrucción del escaso tejido productivo. Las ampliaciones de FASA-Renault y la industria aeronáutica en Sevilla no equilibran los cierres y regulaciones que se están sufriendo continuamente. Ha saltado el dato de que Sevilla, por ejemplo, en 8 años ha perdido casi 10.000 empleos por regulaciones y cierres. Y es necesario decir que se están encontrando con una fuerte resistencia por parte de los trabajadores.
A la hora de aquilatar el subdesarrollo relativo andaluz es necesario recordar que Andalucía exporta fundamentalmente productos agrícolas e importa productos industriales, perjudicándose así por el intercambio desigual. Pero hasta ahora, por lo menos, la balanza comercial estaba equilibrada. Sin embargo, en 2006, el déficit comercial, con importaciones aumentando un 40% con respecto al año anterior, y exportaciones cayendo un 19 %, empeoró visiblemente. La explicación viene por partida doble. Las importaciones cada vez son más caras, porque fundamentalmente son petróleo: ¡Andalucía compra más en valor (36% de las importaciones) a los países de la OPEP que a la Unión Europea (29 %)! Sin embargo, nuestro principal comprador es la Unión Europea que nos compra cada vez menos, especialmente productos no agrícolas (y tengamos en cuenta que Andalucía sólo puede vender productos agrícolas a la Unión Europea en virtud de la protección arancelaria que impide llegar a los productos magrebíes).
Estos datos quedan atenuados porque, en este ciclo económico en el que la coyuntura se mantiene por la construcción, Andalucía se beneficia de un crecimiento que supera al de otros territorios. En 2005, todas las comunidades autónomas españolas crecieron más que la media de la UE (3,5 % frente a 1,7 %), lideradas por Madrid. Entre 2000 y 2005, Andalucía ha sido, tras Murcia, la comunidad que más creció.
Sin embargo, si lo que miramos es el PIB per cápita, sólo Extremadura va por detrás de Andalucía.
Como Andalucía ha superado este año el 75 % de la renta media comunitaria (porque con la incorporación de los países del Este, ha bajado), sólo seguirá recibiendo fondos de cohesión de la UE los próximos seis años. El gasto público también está muy por debajo; mientras que el gasto público por alumno no universitario está en Andalucía en 2.609 euros, a nivel estatal se sitúa en 3.444 y el gasto total por alumnos está en 2.912 euros frente a 3.895 euros.
En una sociedad capitalista, el “crecimiento económico” puede implicar o no que aumente el nivel de vida, pero necesariamente trae consigo el aumento de la riqueza de los más ricos. En Andalucía el volumen de grandes fortunas se duplicó en tres años. Esta fortuna duplicada pertenece a un número de “grandes fortunas” (es decir, peresonas con un patrimonio superior a 150.000 €, es decir, 25 millones de pesetas) que sólo aumentó un 10%, son 83.000 personas. Esto ha sido superior a la media española: los clientes de la “banca privada” (es decir, la especializada en gestionar grandes fortunas) tenían en Andalucía un patrimonio medio de 250.000 € en 2002… en 2006 ¡es de 450.000 €![8]
LA POSICIÓN ANTE EL NUEVO ESTATUTO DE LAS FUERZAS POLÍTICAS POR FUERA DEL BIPARTIDISMO PSOE-PP
LA OPOSICIÓN INSTITUCIONAL AL ESTATUTO: EL PA
El único partido con representación institucional en Andalucía que ha quedado fuera del consenso del estatuto ha sido el Partido Andalucista (PA). Ellos dicen que el Estatuto aprobado es el “estatuto de la traición a Andalucía”. Dicen que quieren un estatuto “nacional”. La concepción de nación de este partido regionalista monárquico es curiosa; no implica para ellos pedir el derecho a la autodeterminación, porque eso sería “inconstitucional”, sino que quieren que Andalucía sea denominada nación... para no ser menos que Catalunya. Para ellos, ser región o nación es una cuestión de presupuesto.
Es que el PA ha pasado de cogobernar con Chávez las dos legislaturas anteriores (1996-2004) a tener renuentemente que enfrentarse al PSOE cuando éste de nuevo ha conseguido mayoría absoluta para gobernar en solitario. Todo ello sin ser obstáculo para mantener pactos municipales con el PP en muchos lugares. En Sevilla el PA puso como condición manejar Urbanismo, y si era así, lo mismo le daba que el PP le apoyase (Rojas Marcos), apoyar al PP (Soledad Becerril) o apoyar al PSOE (primer gobierno Montezeirín).
Toda la campaña del PA gira alrededor de un eje: este estatuto es “de segunda”, con él Andalucía pierde 60.000 millones de euros de inversión estatal. La campaña que el PA realizó mientras se daba la discusión en Andalucía (“a Andalucía nación le interesa”) abundaba en el mismo sentido: Julián Álvarez, el secretario general del PA repite una y otra vez que ser considerado “nación” o no implica tener más financiación.
El PA ataca constantemente al PSOE-A por preferir un acuerdo con el PP en Madrid a un acuerdo con ellos, y lo achacan a que ambos comparten el mismo modelo centralista. Pero Álvarez no deja sin embargo de aclarar que, de cara a las elecciones municipales, especialmente pensando en Sevilla capital, ellos ya ven un acuerdo con el PP, sin que las diferencias de modelo sean aquí ningún “obstáculo”.
En últimas, la desgracia de este partido es que no encuentra una clase social que lo apoye: como no existe nada que se parezca ni lejanamente a una burguesía nacional andaluza (como sí existen vasca y catalana, capaces de ser soportes de sus propios partidos, PNV y CiU), sólo puede ser la tapadera política de un grupo de especuladores urbanísticos sin escrúpulos, como Rojas Marcos y su relación con Martín Casillas (a) “El cani” han mostrado suficientemente en Sevilla.
La inexistencia de sectores burgueses y pequeñoburgueses con entidad suficiente para montar aunque fuera un partido regionalista coherente se muestra con la trayectoria del PSA de Pacheco. Fundado en 2001 cuando su dirigente se escindió del PA, supuestamente sobre la base del “nacionalismo federal”, hoy el PSA es un partido que pretende volver al Parlamento Andaluz sobre la base de apoyar el estatuto y proponerse al PSOE como un socio fiable, no como los del PA.
Es que el PA ha pasado de cogobernar con Chávez las dos legislaturas anteriores (1996-2004) a tener renuentemente que enfrentarse al PSOE cuando éste de nuevo ha conseguido mayoría absoluta para gobernar en solitario. Todo ello sin ser obstáculo para mantener pactos municipales con el PP en muchos lugares. En Sevilla el PA puso como condición manejar Urbanismo, y si era así, lo mismo le daba que el PP le apoyase (Rojas Marcos), apoyar al PP (Soledad Becerril) o apoyar al PSOE (primer gobierno Montezeirín).
Toda la campaña del PA gira alrededor de un eje: este estatuto es “de segunda”, con él Andalucía pierde 60.000 millones de euros de inversión estatal. La campaña que el PA realizó mientras se daba la discusión en Andalucía (“a Andalucía nación le interesa”) abundaba en el mismo sentido: Julián Álvarez, el secretario general del PA repite una y otra vez que ser considerado “nación” o no implica tener más financiación.
El PA ataca constantemente al PSOE-A por preferir un acuerdo con el PP en Madrid a un acuerdo con ellos, y lo achacan a que ambos comparten el mismo modelo centralista. Pero Álvarez no deja sin embargo de aclarar que, de cara a las elecciones municipales, especialmente pensando en Sevilla capital, ellos ya ven un acuerdo con el PP, sin que las diferencias de modelo sean aquí ningún “obstáculo”.
En últimas, la desgracia de este partido es que no encuentra una clase social que lo apoye: como no existe nada que se parezca ni lejanamente a una burguesía nacional andaluza (como sí existen vasca y catalana, capaces de ser soportes de sus propios partidos, PNV y CiU), sólo puede ser la tapadera política de un grupo de especuladores urbanísticos sin escrúpulos, como Rojas Marcos y su relación con Martín Casillas (a) “El cani” han mostrado suficientemente en Sevilla.
La inexistencia de sectores burgueses y pequeñoburgueses con entidad suficiente para montar aunque fuera un partido regionalista coherente se muestra con la trayectoria del PSA de Pacheco. Fundado en 2001 cuando su dirigente se escindió del PA, supuestamente sobre la base del “nacionalismo federal”, hoy el PSA es un partido que pretende volver al Parlamento Andaluz sobre la base de apoyar el estatuto y proponerse al PSOE como un socio fiable, no como los del PA.
POSICIÓN DE LA IZQUIERDA “OFICIAL”: IU LV-CA
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA), el referente andaluz de IU, es uno de los impulsores más entusiastas de la reforma. La razón de su posición es que no cejan en su empeño de proponerse como socios presentables del PSOE para un futuro gobierno y secundariamente, que se asocian al profundo sentimiento anticatalán de los trabajadores andaluces. Este sentimiento, obtusamente antipatronal, es la principal herramienta del españolismo para convertir a Andalucía y sus emigrantes en arietes contra las reivindicaciones nacionales en Euskadi y Galiza, así como para que en Andalucía se mire con suspicacia a estas reivindicaciones, en lugar de verlas como aliadas contra Madrid.
Al principio, el PSOE se dejaba querer con esta estrategia de IU LV-CA: el secretario de organización del PSOE andaluz Luis Pizarro, el 17 abril de 2005, reivindicando su alianza con IU LV-CA, elogió sin reservas su “inteligencia política” y se felicitó porque “IU está sabiendo estar a la altura de las circunstancias y abandonar posiciones maximalistas en beneficio del interés general”. “Se está reproduciendo ahora el mismo escenario político que en 1980, ya que entonces el único partido que se quedó junto con el PSOE en defensa del 28-F fue el PCE y es curioso que 26 años después PSOE-IU sean lo que llevan el peso de la reforma”. Observese que, después de tanto jabón, el PSOE no tiene escrúpulos en pactar en Madrid con el PP sin avisar a IU LV-CA. El PCA e IU LV-CA repitieron muchas veces la misma falacia: el coordinador andaluz de IU Diego Valderas dijo: “Este estatuto tiene corazón de izquierdas”. José Manuel Mariscal, diputado de IU por Córdoba en el Parlamento andaluz: “Lo que el PP y PA no soportan son los avances en derechos sociales y el nivel competencial que el estatuto propone. Este estatuto es más avanzado en defensa de derechos laborales, medio ambiente y municipalismo. Ni el Plan Ibarretxe ni el estatuto catalán alcanzan ni de lejos al andaluz en este aspecto” (26/4/2004)
Como el estatuto es “de izquierdas”, el que se reivindique constantemente a favor de la “unidad de España” no es problema. La vena españolista del PCE-PCA salió a la luz con toda la fuerza posible. Felipe Alcaraz (Presidente Ejecutivo del PCE), el 21 de Abril, fue claro: “La definición como realidad nacional no se trata de un tema nacionalista (...) se trata de expresar el nivel máximo de competencias que lleva consigo una dinámica federal solidaria (...) Andalucía no va a permitir ninguna posibilidad asimétrica en competencias y financiación que vaya en su perjuicio y en la del resto de las CCAA”. Y el excandidato de IU LV-CA a la presidencia de la Junta, Antonio Romero, dijo el 24/4/2006: “Los estatutos de autonomía de Andalucía y de Cataluña no sólo no rompen España sino que fortalecen una unidad del Estado español de carácter federal.” Y adelanta: “No tenemos inconveniente en que se haga una referencia expresa a la unidad de España, porque la queremos en un proyecto federal”.
Aunque los documentos de IU LV-CA hablen repetidamente de “construcción nacional”, las razones por las que los dirigentes de IU LV-CA consideraban “cuestión irrrenunciable” considerar “nación” a Andalucía en el estatuto eran no permitir que el PA quedara en solitario defendidendo esa fórmula y acallar los gruñidos de protesta del CUT-BAI (que sigue representando más del 25 % de IU LV-CA), porque para ellos, singularmente para los líderes del PCA, España es una nación indivisible.
Al principio, el PSOE se dejaba querer con esta estrategia de IU LV-CA: el secretario de organización del PSOE andaluz Luis Pizarro, el 17 abril de 2005, reivindicando su alianza con IU LV-CA, elogió sin reservas su “inteligencia política” y se felicitó porque “IU está sabiendo estar a la altura de las circunstancias y abandonar posiciones maximalistas en beneficio del interés general”. “Se está reproduciendo ahora el mismo escenario político que en 1980, ya que entonces el único partido que se quedó junto con el PSOE en defensa del 28-F fue el PCE y es curioso que 26 años después PSOE-IU sean lo que llevan el peso de la reforma”. Observese que, después de tanto jabón, el PSOE no tiene escrúpulos en pactar en Madrid con el PP sin avisar a IU LV-CA. El PCA e IU LV-CA repitieron muchas veces la misma falacia: el coordinador andaluz de IU Diego Valderas dijo: “Este estatuto tiene corazón de izquierdas”. José Manuel Mariscal, diputado de IU por Córdoba en el Parlamento andaluz: “Lo que el PP y PA no soportan son los avances en derechos sociales y el nivel competencial que el estatuto propone. Este estatuto es más avanzado en defensa de derechos laborales, medio ambiente y municipalismo. Ni el Plan Ibarretxe ni el estatuto catalán alcanzan ni de lejos al andaluz en este aspecto” (26/4/2004)
Como el estatuto es “de izquierdas”, el que se reivindique constantemente a favor de la “unidad de España” no es problema. La vena españolista del PCE-PCA salió a la luz con toda la fuerza posible. Felipe Alcaraz (Presidente Ejecutivo del PCE), el 21 de Abril, fue claro: “La definición como realidad nacional no se trata de un tema nacionalista (...) se trata de expresar el nivel máximo de competencias que lleva consigo una dinámica federal solidaria (...) Andalucía no va a permitir ninguna posibilidad asimétrica en competencias y financiación que vaya en su perjuicio y en la del resto de las CCAA”. Y el excandidato de IU LV-CA a la presidencia de la Junta, Antonio Romero, dijo el 24/4/2006: “Los estatutos de autonomía de Andalucía y de Cataluña no sólo no rompen España sino que fortalecen una unidad del Estado español de carácter federal.” Y adelanta: “No tenemos inconveniente en que se haga una referencia expresa a la unidad de España, porque la queremos en un proyecto federal”.
Aunque los documentos de IU LV-CA hablen repetidamente de “construcción nacional”, las razones por las que los dirigentes de IU LV-CA consideraban “cuestión irrrenunciable” considerar “nación” a Andalucía en el estatuto eran no permitir que el PA quedara en solitario defendidendo esa fórmula y acallar los gruñidos de protesta del CUT-BAI (que sigue representando más del 25 % de IU LV-CA), porque para ellos, singularmente para los líderes del PCA, España es una nación indivisible.
EL CUT-BAI Y EL SOC
Nos queda por ver las posiciones de la izquierda a la izquierda de la dirección de IU LV-CA.
El CUT-BAI, encabezado por Juan Manuel Sánchez Gordillo, organización emanada del Sindicato de Obreros del Campo, sigue formando parte de IU LV-CA, con la que no quiere romper, como demostró cuando rompió su asociacion con Corriente Roja (que databa desde 2000) ante la tesitura de tener que abandonar IU.
El CUT-BAI ha formado un agrupamiento, el BAI (Bloque Andaluz de Izquierdas) con el PCPA, Jaleo! y Espacio Revolucionario Andaluz (ERA)-Espacio Alternativo. Las dos primeras fuerzas están fuera de IU, las otras dos dentro. El CUT-BAI convocó el 4-D de 2005 una manifestación bajo el lema “Andalucía nación. Por un estatuto de primera” conjuntamente con IU LV-CA y PA, cuando el pacto de financiación estatutaria ya había sido firmado por IU LV-CA.
El BAI sacó un proyecto de estatuto que rompía con la constitución, con el capitalismo, con el imperialismo… con vistas a la manifestación del 4-D de 2005. Pero sin embargo, unos meses después, el CUT-BAI, mientras se mantiene dentro de IU, firmó (con el SOC-MRA, del que los CUT-BAI son el brazo político) un manifiesto conjunto con el burgués PA, el 28 de febrero de 2006. Este manifiesto tenía como lema “Andalucía es una nación”. Asimismo, pedían que se garantizase la solidaridad entre los pueblos y nacional del Estado, estableciendo que las inversiones "deberán ser inversamente proporcionales al PIB de sus integrantes para poder romper la dependencia económica y financiera de los territorios con menor renta 'per cápita' evitando que quienes sean más ricos reciban además las mayores inversiones". También decía que el nuevo estatuto impida la coincidencia de elecciones andaluzas y generales. PA, CUT-BAI y SOC coincidían también en exigir una renta básica y una reforma agraria, así como que el Parlamento andaluz cuente con competencias territoriales suficientes para decidir si quiere o no las bases militares en su territorio.
No hace falta ni decir que el PA se ha olvidado de todas esas exigencias, que en cualquier caso tampoco están en el estatuto que apoya IU LV-CA. Es una nueva muestra del error que resulta la firma de organizaciones obreras como el CUT-BAI y el SOC-MRA con organizaciones burguesas. Una cosa es coincidir en una movilización y otra levantar un programa común.
En diciembre de 2006, por boca de Juan Manuel Sánchez Gordillo, el CUT-BAI se ha manifestado contra el nuevo estatuto: Gordillo afirmó que el CUT-BAI se opone por considerarlo una traición del PSOE, que ha llegado a un acuerdo con el PP dejando en la cuneta a IU LV-CA. Especialmente crítico se muestra con la solución dada a la Deuda Histórica. La asamblea nacional del SOC-MRA ha votado por unanimidad pedir el voto no a la reforma del estatuto (por no mencionar la soberanía alimentaria y la reforma agraria). El problema del CUT-BAI/SOC-MRA es compatibilizar esta campaña con su pertenencia a IU LV-CA.
Durante años, el CUT-BAI se ha mantenido en la IU andaluza como parte de un agrupamiento más o menos informal, los llamados “críticos”. Este agrupamiento sólo estaba unido contra la fracción dominante del PCA (representada por figuras como Alcaraz, Meyer, Valderas o Romero), pero dentro de él estaban desde la extrema derecha de Rosa Aguilar, pasando por los alcaldes de Carmona y Osuna entonces en alianza con el PP (Sebastián Martín Recio y Marcos Quijada) hasta el CUT-BAI; sin embargo, la portavoz indiscutida del agrupamiento era Concha Caballero. Sin embargo, en este momento, dado el protagonismo asumido por Concha Caballero en la negociación del estatuto, cuando la división de IU LV-CA entre “oficialistas” y “críticos”, si no ha desaparecido, ha entrado en hibernación, el CUT-BAI tiene que replantearse su política.
DENUNCIEMOS ESTA FARSA
Por todo lo anterior, Corriente Roja ante este referéndum defendemos un un rotundo NO.
Este NO, no a un estatuto que consagra la dependencia, que no resuelve ninguno de los problemas de los trabajadores y el pueblo andaluz, lo levantamos en polémica con IU LV-CA que argumentan el voto a favor “desde la izquierda”. Para nosotros, no importan los apoyos que haya conseguido, este estatuto es la codificación de la Andalucía del PSOE. El PSOE ha sido el partido que ha presidido la Junta de Andalucía desde su formacion, es decir, que durante casi treinta años ha controlado la preautonomía primero y la autonomía después. La actual Andalucía de los subsidios, del paro, de la desindustrialización, de la especulación desenfrenada, de la transformación en la colonia de vacaciones de Europa, es la del PSOE. Por tanto, el que diga que su política cabe en este estatuto, está diciendo que su proyecto sólo es un matiz, una nota a pie de página del proyecto del PSOE.
Dentro del régimen monárquico no hay salida democrática posible: dentro del capitalismo no hay forma de superar el subdesarrollo andaluz. Por más que se intente marear a la perdiz.
Los defensores de la propuesta del PSOE que lanzan gritos contra el estatut catalá dicen que Andalucía perderá dinero con el acuerdo PSOE-CiU y que tenemos que exigir “solidaridad”. Nadie duda que detrás de las grandes palabras sobre derechos nacionales, y muchas veces al lado, en el discurso político de ERC, PSC, IC-EV y CiU, está la aspiración a dejar de pagar dinero para ayudar a otras autonomías, cuando la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra no lo hacen en virtud de antiguos acuerdos, y que al hacerlo desnudan el carácter estrechamente burgués de sus propuestas. Y naturalmente, Andalucía necesita de la solidaridad de los pueblos del resto del Estado Español. Su subdesarrollo, como el gallego, como el extremeño, como el murciano, como el aragonés, históricamente fue la condición y el resultado del desarrollo industrial de Euskadi o Catalunya: Andalucía suministró materias primas, mano de obra (emigrantes) y capital (el de los terratenientes, que invertían en la banca madrileña que financió el desarrollo industrial de estas naciones). Es por eso que, en lugar de el la “autodeterminación”, el pueblo andaluz esté especialmente interesado en la unidad económica de todos los pueblos de la península. Esto no puede conseguirse más que en una unión libre de pueblos.
A fin de cuentas, cuando hablan de “financiación autonómica” de lo que se habla es de las transferencias del estado a la administración autonómica (lo que centralmente significa, para salud y educación) y de las obras públicas que serán realizadas por el estado, la autonomía o ambos. Es decir, nada que ver con economía productiva. Sin embargo, el problema no es tanto de cómo financiar el aparato de la autonomía como de reorganizar la economía para ponerla al servicio de las necesidades populares.No son estatutos de autonomía los que acabarán con el paro.
Dentro del régimen monárquico no hay salida democrática posible: dentro del capitalismo no hay forma de superar el subdesarrollo andaluz. Por más que se intente marear a la perdiz.
El CUT-BAI, encabezado por Juan Manuel Sánchez Gordillo, organización emanada del Sindicato de Obreros del Campo, sigue formando parte de IU LV-CA, con la que no quiere romper, como demostró cuando rompió su asociacion con Corriente Roja (que databa desde 2000) ante la tesitura de tener que abandonar IU.
El CUT-BAI ha formado un agrupamiento, el BAI (Bloque Andaluz de Izquierdas) con el PCPA, Jaleo! y Espacio Revolucionario Andaluz (ERA)-Espacio Alternativo. Las dos primeras fuerzas están fuera de IU, las otras dos dentro. El CUT-BAI convocó el 4-D de 2005 una manifestación bajo el lema “Andalucía nación. Por un estatuto de primera” conjuntamente con IU LV-CA y PA, cuando el pacto de financiación estatutaria ya había sido firmado por IU LV-CA.
El BAI sacó un proyecto de estatuto que rompía con la constitución, con el capitalismo, con el imperialismo… con vistas a la manifestación del 4-D de 2005. Pero sin embargo, unos meses después, el CUT-BAI, mientras se mantiene dentro de IU, firmó (con el SOC-MRA, del que los CUT-BAI son el brazo político) un manifiesto conjunto con el burgués PA, el 28 de febrero de 2006. Este manifiesto tenía como lema “Andalucía es una nación”. Asimismo, pedían que se garantizase la solidaridad entre los pueblos y nacional del Estado, estableciendo que las inversiones "deberán ser inversamente proporcionales al PIB de sus integrantes para poder romper la dependencia económica y financiera de los territorios con menor renta 'per cápita' evitando que quienes sean más ricos reciban además las mayores inversiones". También decía que el nuevo estatuto impida la coincidencia de elecciones andaluzas y generales. PA, CUT-BAI y SOC coincidían también en exigir una renta básica y una reforma agraria, así como que el Parlamento andaluz cuente con competencias territoriales suficientes para decidir si quiere o no las bases militares en su territorio.
No hace falta ni decir que el PA se ha olvidado de todas esas exigencias, que en cualquier caso tampoco están en el estatuto que apoya IU LV-CA. Es una nueva muestra del error que resulta la firma de organizaciones obreras como el CUT-BAI y el SOC-MRA con organizaciones burguesas. Una cosa es coincidir en una movilización y otra levantar un programa común.
En diciembre de 2006, por boca de Juan Manuel Sánchez Gordillo, el CUT-BAI se ha manifestado contra el nuevo estatuto: Gordillo afirmó que el CUT-BAI se opone por considerarlo una traición del PSOE, que ha llegado a un acuerdo con el PP dejando en la cuneta a IU LV-CA. Especialmente crítico se muestra con la solución dada a la Deuda Histórica. La asamblea nacional del SOC-MRA ha votado por unanimidad pedir el voto no a la reforma del estatuto (por no mencionar la soberanía alimentaria y la reforma agraria). El problema del CUT-BAI/SOC-MRA es compatibilizar esta campaña con su pertenencia a IU LV-CA.
Durante años, el CUT-BAI se ha mantenido en la IU andaluza como parte de un agrupamiento más o menos informal, los llamados “críticos”. Este agrupamiento sólo estaba unido contra la fracción dominante del PCA (representada por figuras como Alcaraz, Meyer, Valderas o Romero), pero dentro de él estaban desde la extrema derecha de Rosa Aguilar, pasando por los alcaldes de Carmona y Osuna entonces en alianza con el PP (Sebastián Martín Recio y Marcos Quijada) hasta el CUT-BAI; sin embargo, la portavoz indiscutida del agrupamiento era Concha Caballero. Sin embargo, en este momento, dado el protagonismo asumido por Concha Caballero en la negociación del estatuto, cuando la división de IU LV-CA entre “oficialistas” y “críticos”, si no ha desaparecido, ha entrado en hibernación, el CUT-BAI tiene que replantearse su política.
DENUNCIEMOS ESTA FARSA
Por todo lo anterior, Corriente Roja ante este referéndum defendemos un un rotundo NO.
Este NO, no a un estatuto que consagra la dependencia, que no resuelve ninguno de los problemas de los trabajadores y el pueblo andaluz, lo levantamos en polémica con IU LV-CA que argumentan el voto a favor “desde la izquierda”. Para nosotros, no importan los apoyos que haya conseguido, este estatuto es la codificación de la Andalucía del PSOE. El PSOE ha sido el partido que ha presidido la Junta de Andalucía desde su formacion, es decir, que durante casi treinta años ha controlado la preautonomía primero y la autonomía después. La actual Andalucía de los subsidios, del paro, de la desindustrialización, de la especulación desenfrenada, de la transformación en la colonia de vacaciones de Europa, es la del PSOE. Por tanto, el que diga que su política cabe en este estatuto, está diciendo que su proyecto sólo es un matiz, una nota a pie de página del proyecto del PSOE.
Dentro del régimen monárquico no hay salida democrática posible: dentro del capitalismo no hay forma de superar el subdesarrollo andaluz. Por más que se intente marear a la perdiz.
Los defensores de la propuesta del PSOE que lanzan gritos contra el estatut catalá dicen que Andalucía perderá dinero con el acuerdo PSOE-CiU y que tenemos que exigir “solidaridad”. Nadie duda que detrás de las grandes palabras sobre derechos nacionales, y muchas veces al lado, en el discurso político de ERC, PSC, IC-EV y CiU, está la aspiración a dejar de pagar dinero para ayudar a otras autonomías, cuando la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra no lo hacen en virtud de antiguos acuerdos, y que al hacerlo desnudan el carácter estrechamente burgués de sus propuestas. Y naturalmente, Andalucía necesita de la solidaridad de los pueblos del resto del Estado Español. Su subdesarrollo, como el gallego, como el extremeño, como el murciano, como el aragonés, históricamente fue la condición y el resultado del desarrollo industrial de Euskadi o Catalunya: Andalucía suministró materias primas, mano de obra (emigrantes) y capital (el de los terratenientes, que invertían en la banca madrileña que financió el desarrollo industrial de estas naciones). Es por eso que, en lugar de el la “autodeterminación”, el pueblo andaluz esté especialmente interesado en la unidad económica de todos los pueblos de la península. Esto no puede conseguirse más que en una unión libre de pueblos.
A fin de cuentas, cuando hablan de “financiación autonómica” de lo que se habla es de las transferencias del estado a la administración autonómica (lo que centralmente significa, para salud y educación) y de las obras públicas que serán realizadas por el estado, la autonomía o ambos. Es decir, nada que ver con economía productiva. Sin embargo, el problema no es tanto de cómo financiar el aparato de la autonomía como de reorganizar la economía para ponerla al servicio de las necesidades populares.No son estatutos de autonomía los que acabarán con el paro.
Dentro del régimen monárquico no hay salida democrática posible: dentro del capitalismo no hay forma de superar el subdesarrollo andaluz. Por más que se intente marear a la perdiz.
ANDALUCÍA, ¿NACIÓN?
Un asunto polémico en la izquierda es ¿Es Andalucía una nación? No es una pregunta retórica, según la respuesta que le demos, será distinta la respuesta política que tengamos que dar.
Pero la posición de la izquierda anticapitalista no puede quedarse en decir lo contrario de lo que diga la derecha, sino que tiene que basarse en un análisis propio. ¿Es Andalucía una nación porque está explotada, por haber quedado subdesarrollada y dependiente?
Una de las fuentes de confusión más frecuentes consiste en confundir la existencia o no de una nación con la situación de explotación relativa que sufra un determinado territorio. La forma histórica en que se produjo el desarrollo desigual y combinado del capitalismo español fue en perjuicio de Andalucía: sus resultados fueron latifundismo, expolio fiscal, desindustrialización, desvertebracion y colonización empresarial, lo que trajo como resultado la emigración forzosa, desempleo estructural y precariedad laboral crónicos y mayores y salarios medios sustancialmente inferiores a los del resto del estado. Cabe destacar el importante papel que la burguesía andaluza, los terratenientes absentistas, ha jugado económicamente y políticamente (su papel clave en el régimen bipartidista de la restauración borbónica, por ejemplo) en el desarrollo de esta situación.
Este fenómeno de subdesarrollo relativo tiene desde luego que ver con el expolio directo que sufrió Andalucía cuando fue incorporada a la Corona de Castilla. Así, en 1577 la recaudación del impuesto de la alcabala –sobre transacciones- en Andalucía suponía el 24% del total de la Corona de Castilla y el de los millones, el 23,6% de lo acumulado en las arcas de la Corona. En 1651, los cuatro reinos andaluces sostenían el 34,8% de las rentas de la Monarquía. En el siglo siguiente (1722) ya bajo dinastía borbónica, Andalucía pagaba el 33,3% de las rentas mientras, a modo de comparación, Cataluña contribuía en un 16% y lo que hoy es Euskadi se mantenía exento de pago. Aún más, entre 1790-1795, las rentas provinciales recaudadas en Andalucía representaban nada menos que el 41,2% de todo lo recaudado por el Tesoro cuando su población entonces andaba por el 18,5% del total.
Sin embargo, de más importancia al final, aunque condicionado por esta situación de partida, son las condiciones sociales en las que se encuentra Andalucía cuando se inicia la acumulacíon primitiva de capital. Si la desamortización creó un neolatifundismo en muchas zonas, en Andalucía los latifundios son un resultado de la Reconquista. Los terratenientes se benefician de una renta de la tierra de carácter netamente feudal, pero en dinero; ellos la invierten en la banca o se asocian al capital extranjero en minería e industria que se sitúan fuera de Andalucía. Al mismo tiempo, el campesinado sin tierra es fuente permanente de sobreproblación relativa que puede emigrar para vender su fuerza de trabajo. A pesar de su bajo precio, no permite un desarrollo nativo del capital (con la excepción parcial de Málaga, que pronto se hundió), por la estrechez del mercado. Algunos de los productos andaluces más aptos para la exportación (Jerez, cobre de Rio Tinto) siempre estuvieron en manos inglesas. De éste modo, la existencia de Andalucía como fuente de materias primas y mano de obra barata se convertía en necesaria para el desarrollo del capitalismo en España (como el papel de Irlanda para Inglaterra, del Mezzogiorno en Italia, de Flandes en Bélgica, de Baviera, Silesia o Pomerania para Alemania, etc, todas las cuales fueron verdaderas “colonias internas” durante la segunda mitad del siglo XIX).
Este subdesarrollo económico podía haber la base para un recrudecimiento de las reivindicaciones nacionales, como de hecho lo fue en Irlanda. Pero en Italia, donde de lo que se trataba era de conseguir la unidad nacional de una nación italiana dividida por los particularismos y la opresión extranjera, no lo fue. Cuando hubo fuerzas que intentaron basar una reivindicación nacionalista en este desarrollo atrasado, acabaron volviéndose totalmente reaccionarias (como Salvatore Giuliano, que luchaba por la independencia de Sicilia pero acabó siendo un instrumento de los ocupantes yanquis, la Mafia, la Iglesia Católica y los terratenientes para detener la influencia del comunismo).
En el caso español, nos encontramos sin embargo, con diferencias de calado. Porque en lugar de crearse un estado burgués moderno que unifique la los fragmentos dispersos de la nación, como fue el caso italiano, la débil burguesía española reforzó el aparato de estado central heredado de los borbones, con los que coexistió mientras pudo: la única manera de mantener la unidad territorial era la fuerza, ya que ni el desarrollo económico ni una revolución o guerra contra el opresor extranjero, como en Francia o Italia, habían forjado una verdadera nación española. Así, el desarrollo desigual que produjo el capitalismo dio lugar a la exacerbación de todos los particularismos. Las reivindicaciones nacionales catalana, vasca y gallega surgen en su forma moderna con el cambio de siglo, del XIX al XX. Las contradicciones en el desarrollo capitalista español no se atenuaron con el tiempo. Si los liberales de Cádiz acuñaron por primera vez el concepto de “nación española” pero en los años 70 la caída de la monarquía y la instauración de la Iª República significó el estallido del cantonalismo, así los cuarenta años de franquismo y su “España, unidad de destino en lo universal” acabaron con la exacerbación no sólo de las viejas reivindicaciones nacionales, sino también de la aparición de toda una serie de regionalismos y pre-nacionalismos: canario, andaluz, valenciano, balear, asturiano, aragonés, leonés, ¡incluso castellano!.
Es cierto que la UCD favoreció los regionalismos para dar base a su proyecto de autonomías, “café para todos” que tenía como objetivo desactivar las reivindicaciones nacionales vasca y catalana, centralmente. Y también es cierto que el aparato político del partido único franquista se reconvirtió en “regionalista” en no pocos casos: el más conocido fue el de Navarra, donde UPN, una organización cuyos dirigentes entroncan directamente con el franquismo, hacen gala de un “navarrismo” no anti español sino anti vasco, como hacía UPV, que defendía un “valencianismo” anticatalán.
Algo de esto se daba también en Andalucía donde el PSA (actual PA) siempre hizo gala de un “andalucismo” más anticatalán que español. Con esto enganchaba con un sentimiento ampliamente difundido en la clase trabajadora andaluza, que es absurdo desde el punto de vista de la “conciencia nacional”, ya que el poder central es Madrid y Cataluña está sometida, lejos de oprimir está ella misma políticamente oprimida. Pero refleja la intuición de que lo que ocurre en Andalucía es más un problema de explotación económica.
Por otro lado, el centralismo cerril de la burguesía española, que siempre fue absolutamente cerrada a la más mínima descentralización, hoy choca con la doctrina imperialista. El Banco Mundial difunde por todo el mundo la “autonomización” y la “regionalización”, como medios del “buen gobierno”. En realidad, la idea es ir deshaciendo los sistemas centrales de enseñanza, sanidad, seguridad social, ferrocarriles, electricidad, etc, con objeto de que puedan ser mejor privatizados. Unido a las posibilidades políticas que da el “estado de las autonomías”, con su multiplicación de cargos, administraciones, parlamentos, etc, esto da lugar a enteras élites políticas de los partidos conservadores (y “progresistas”) que administran grandes fondos y tienden a aumentar su poder, aunque esto sea contradictorio con la política que supuestamente aplican sus partidos a nivel central. Esta es la razón por la que el PSOE y el PP, partidos íntimamente comprometidos con el centralismo, sin embargo, poco a poco han ido exigiendo más competencias en las autonomías que gobernaban, minando por dentro esa misma política.
En Andalucía, formalmente no hay “nacionalismo”. La clase trabajadora andaluza es especialmente beligerante contra los nacionalismos vasco y catalán. Aparentemente Andalucía es la base más firme del españolismo. Sin embargo, las fuerzas populares, mayoritarias entre la clase obrera y la pequeña burguesía, todas reivindican de una manera u otra a Andalucía. El PSOE-A tiene inscrito en su programa que defiende “el nacionalismo andaluz de izquierdas”. IU LV-CA afirma ser partidaria de un “poder andaluz”, con el referente de un estado federal. Y el PA es explícitamente andalucista.
Es verdad que el andalucismo histórico fue una corriente pequeñoburguesa que, aunque tenía como referente las luchas del campesinado y los jornaleros, nunca llegó a tener influencia orgánica en éste, que se orientó principalmente hacia la CNT y también hacia la UGT-PSOE. Pero también es verdad que es imposible asimilar al andalucismo a otro regionalismo más, como el “navarrismo”, el “extremeñismo” o el “valencianismo”, que son la otra cara del españolismo, y armas de lucha contra Euskadi, Catalunya o Galiza. En realidad, el “andalucismo” de los jornaleros agrícolas, el sentimiento confuso de los obreros y otros sectores de trabajadores, no es más que la envoltura de su indignación social, que se dirige hacia una clase que no sólo los explota, sino que se lleva fuera sistemáticamente el producto de su rapiña. Por eso, nosotros, que no consideramos que en Andalucía se trate de un problema nacional sino de subdesarrollo relativo, que no consideramos por lo tanto que la autodeterminación pueda ser la solución, ya que no se trata de la opresión política sobre un pueblo con cultura o lengua distinta, sino de la explotación que no tiene solución bajo el capitalismo.
Nadie puede negar que ha habido momentos en la historia en los que ha estado a punto se surgir un nacionalismo andaluz de masas; el último fue el 28 de febrero de 1980. Y se podría argumentar que territorios que hoy casi todo el mundo considera naciones han pasado por un estadio que podríamos considerar similar al que hoy tiene Andalucía.
Por ejemplo, si la abrumadora mayoría de los andaluces se considera españoles, hay una proporción creciente de los que se consideran españoles y andaluces simultáneamente. Aunque sean minoría, también es creciente la proporción de los que se consideran antes andaluces que españoles. Esta posibilidad de emergencia de nuevas naciones, no puede ser simplemente dejada de lado como nuevos modos de desviar a la clase obrera de su tarea histórica (aunque este sea también uno de sus posibles resultados); también es el resultado del hecho de que nunca se formó una verdadera nación española, apoyada en una verdadera burguesía nacional que desarrollase las fuerzas productivas; la decadencia postfeudal la ha empalmado directamente el bloque dominante con la decadencia capitalista. Por eso, la izquierda anticapitalista tiene la obligacion de apoyar el lado progresivo de las reivindicaciones andaluzas. Pero al no caracterizar a Andalucía como una nación, no levantamos como consigna central la del derecho a la autodeterminación.
CORRIENTE ROJA ANTE EL REFERÉNDUM
Pero la posición de la izquierda anticapitalista no puede quedarse en decir lo contrario de lo que diga la derecha, sino que tiene que basarse en un análisis propio. ¿Es Andalucía una nación porque está explotada, por haber quedado subdesarrollada y dependiente?
Una de las fuentes de confusión más frecuentes consiste en confundir la existencia o no de una nación con la situación de explotación relativa que sufra un determinado territorio. La forma histórica en que se produjo el desarrollo desigual y combinado del capitalismo español fue en perjuicio de Andalucía: sus resultados fueron latifundismo, expolio fiscal, desindustrialización, desvertebracion y colonización empresarial, lo que trajo como resultado la emigración forzosa, desempleo estructural y precariedad laboral crónicos y mayores y salarios medios sustancialmente inferiores a los del resto del estado. Cabe destacar el importante papel que la burguesía andaluza, los terratenientes absentistas, ha jugado económicamente y políticamente (su papel clave en el régimen bipartidista de la restauración borbónica, por ejemplo) en el desarrollo de esta situación.
Este fenómeno de subdesarrollo relativo tiene desde luego que ver con el expolio directo que sufrió Andalucía cuando fue incorporada a la Corona de Castilla. Así, en 1577 la recaudación del impuesto de la alcabala –sobre transacciones- en Andalucía suponía el 24% del total de la Corona de Castilla y el de los millones, el 23,6% de lo acumulado en las arcas de la Corona. En 1651, los cuatro reinos andaluces sostenían el 34,8% de las rentas de la Monarquía. En el siglo siguiente (1722) ya bajo dinastía borbónica, Andalucía pagaba el 33,3% de las rentas mientras, a modo de comparación, Cataluña contribuía en un 16% y lo que hoy es Euskadi se mantenía exento de pago. Aún más, entre 1790-1795, las rentas provinciales recaudadas en Andalucía representaban nada menos que el 41,2% de todo lo recaudado por el Tesoro cuando su población entonces andaba por el 18,5% del total.
Sin embargo, de más importancia al final, aunque condicionado por esta situación de partida, son las condiciones sociales en las que se encuentra Andalucía cuando se inicia la acumulacíon primitiva de capital. Si la desamortización creó un neolatifundismo en muchas zonas, en Andalucía los latifundios son un resultado de la Reconquista. Los terratenientes se benefician de una renta de la tierra de carácter netamente feudal, pero en dinero; ellos la invierten en la banca o se asocian al capital extranjero en minería e industria que se sitúan fuera de Andalucía. Al mismo tiempo, el campesinado sin tierra es fuente permanente de sobreproblación relativa que puede emigrar para vender su fuerza de trabajo. A pesar de su bajo precio, no permite un desarrollo nativo del capital (con la excepción parcial de Málaga, que pronto se hundió), por la estrechez del mercado. Algunos de los productos andaluces más aptos para la exportación (Jerez, cobre de Rio Tinto) siempre estuvieron en manos inglesas. De éste modo, la existencia de Andalucía como fuente de materias primas y mano de obra barata se convertía en necesaria para el desarrollo del capitalismo en España (como el papel de Irlanda para Inglaterra, del Mezzogiorno en Italia, de Flandes en Bélgica, de Baviera, Silesia o Pomerania para Alemania, etc, todas las cuales fueron verdaderas “colonias internas” durante la segunda mitad del siglo XIX).
Este subdesarrollo económico podía haber la base para un recrudecimiento de las reivindicaciones nacionales, como de hecho lo fue en Irlanda. Pero en Italia, donde de lo que se trataba era de conseguir la unidad nacional de una nación italiana dividida por los particularismos y la opresión extranjera, no lo fue. Cuando hubo fuerzas que intentaron basar una reivindicación nacionalista en este desarrollo atrasado, acabaron volviéndose totalmente reaccionarias (como Salvatore Giuliano, que luchaba por la independencia de Sicilia pero acabó siendo un instrumento de los ocupantes yanquis, la Mafia, la Iglesia Católica y los terratenientes para detener la influencia del comunismo).
En el caso español, nos encontramos sin embargo, con diferencias de calado. Porque en lugar de crearse un estado burgués moderno que unifique la los fragmentos dispersos de la nación, como fue el caso italiano, la débil burguesía española reforzó el aparato de estado central heredado de los borbones, con los que coexistió mientras pudo: la única manera de mantener la unidad territorial era la fuerza, ya que ni el desarrollo económico ni una revolución o guerra contra el opresor extranjero, como en Francia o Italia, habían forjado una verdadera nación española. Así, el desarrollo desigual que produjo el capitalismo dio lugar a la exacerbación de todos los particularismos. Las reivindicaciones nacionales catalana, vasca y gallega surgen en su forma moderna con el cambio de siglo, del XIX al XX. Las contradicciones en el desarrollo capitalista español no se atenuaron con el tiempo. Si los liberales de Cádiz acuñaron por primera vez el concepto de “nación española” pero en los años 70 la caída de la monarquía y la instauración de la Iª República significó el estallido del cantonalismo, así los cuarenta años de franquismo y su “España, unidad de destino en lo universal” acabaron con la exacerbación no sólo de las viejas reivindicaciones nacionales, sino también de la aparición de toda una serie de regionalismos y pre-nacionalismos: canario, andaluz, valenciano, balear, asturiano, aragonés, leonés, ¡incluso castellano!.
Es cierto que la UCD favoreció los regionalismos para dar base a su proyecto de autonomías, “café para todos” que tenía como objetivo desactivar las reivindicaciones nacionales vasca y catalana, centralmente. Y también es cierto que el aparato político del partido único franquista se reconvirtió en “regionalista” en no pocos casos: el más conocido fue el de Navarra, donde UPN, una organización cuyos dirigentes entroncan directamente con el franquismo, hacen gala de un “navarrismo” no anti español sino anti vasco, como hacía UPV, que defendía un “valencianismo” anticatalán.
Algo de esto se daba también en Andalucía donde el PSA (actual PA) siempre hizo gala de un “andalucismo” más anticatalán que español. Con esto enganchaba con un sentimiento ampliamente difundido en la clase trabajadora andaluza, que es absurdo desde el punto de vista de la “conciencia nacional”, ya que el poder central es Madrid y Cataluña está sometida, lejos de oprimir está ella misma políticamente oprimida. Pero refleja la intuición de que lo que ocurre en Andalucía es más un problema de explotación económica.
Por otro lado, el centralismo cerril de la burguesía española, que siempre fue absolutamente cerrada a la más mínima descentralización, hoy choca con la doctrina imperialista. El Banco Mundial difunde por todo el mundo la “autonomización” y la “regionalización”, como medios del “buen gobierno”. En realidad, la idea es ir deshaciendo los sistemas centrales de enseñanza, sanidad, seguridad social, ferrocarriles, electricidad, etc, con objeto de que puedan ser mejor privatizados. Unido a las posibilidades políticas que da el “estado de las autonomías”, con su multiplicación de cargos, administraciones, parlamentos, etc, esto da lugar a enteras élites políticas de los partidos conservadores (y “progresistas”) que administran grandes fondos y tienden a aumentar su poder, aunque esto sea contradictorio con la política que supuestamente aplican sus partidos a nivel central. Esta es la razón por la que el PSOE y el PP, partidos íntimamente comprometidos con el centralismo, sin embargo, poco a poco han ido exigiendo más competencias en las autonomías que gobernaban, minando por dentro esa misma política.
En Andalucía, formalmente no hay “nacionalismo”. La clase trabajadora andaluza es especialmente beligerante contra los nacionalismos vasco y catalán. Aparentemente Andalucía es la base más firme del españolismo. Sin embargo, las fuerzas populares, mayoritarias entre la clase obrera y la pequeña burguesía, todas reivindican de una manera u otra a Andalucía. El PSOE-A tiene inscrito en su programa que defiende “el nacionalismo andaluz de izquierdas”. IU LV-CA afirma ser partidaria de un “poder andaluz”, con el referente de un estado federal. Y el PA es explícitamente andalucista.
Es verdad que el andalucismo histórico fue una corriente pequeñoburguesa que, aunque tenía como referente las luchas del campesinado y los jornaleros, nunca llegó a tener influencia orgánica en éste, que se orientó principalmente hacia la CNT y también hacia la UGT-PSOE. Pero también es verdad que es imposible asimilar al andalucismo a otro regionalismo más, como el “navarrismo”, el “extremeñismo” o el “valencianismo”, que son la otra cara del españolismo, y armas de lucha contra Euskadi, Catalunya o Galiza. En realidad, el “andalucismo” de los jornaleros agrícolas, el sentimiento confuso de los obreros y otros sectores de trabajadores, no es más que la envoltura de su indignación social, que se dirige hacia una clase que no sólo los explota, sino que se lleva fuera sistemáticamente el producto de su rapiña. Por eso, nosotros, que no consideramos que en Andalucía se trate de un problema nacional sino de subdesarrollo relativo, que no consideramos por lo tanto que la autodeterminación pueda ser la solución, ya que no se trata de la opresión política sobre un pueblo con cultura o lengua distinta, sino de la explotación que no tiene solución bajo el capitalismo.
Nadie puede negar que ha habido momentos en la historia en los que ha estado a punto se surgir un nacionalismo andaluz de masas; el último fue el 28 de febrero de 1980. Y se podría argumentar que territorios que hoy casi todo el mundo considera naciones han pasado por un estadio que podríamos considerar similar al que hoy tiene Andalucía.
Por ejemplo, si la abrumadora mayoría de los andaluces se considera españoles, hay una proporción creciente de los que se consideran españoles y andaluces simultáneamente. Aunque sean minoría, también es creciente la proporción de los que se consideran antes andaluces que españoles. Esta posibilidad de emergencia de nuevas naciones, no puede ser simplemente dejada de lado como nuevos modos de desviar a la clase obrera de su tarea histórica (aunque este sea también uno de sus posibles resultados); también es el resultado del hecho de que nunca se formó una verdadera nación española, apoyada en una verdadera burguesía nacional que desarrollase las fuerzas productivas; la decadencia postfeudal la ha empalmado directamente el bloque dominante con la decadencia capitalista. Por eso, la izquierda anticapitalista tiene la obligacion de apoyar el lado progresivo de las reivindicaciones andaluzas. Pero al no caracterizar a Andalucía como una nación, no levantamos como consigna central la del derecho a la autodeterminación.
CORRIENTE ROJA ANTE EL REFERÉNDUM
En suma, Corriente Roja decimos: votamos no porque este estatuto no sacará a Andalucía de la dependencia. No cerrará las bases yankis, no hará la reforma agraria, no parará la desindustrialización de Andalucía. No va a significar ningún cambio en lo importante, sólo modificaciones de detalle en una administración que sigue siendo parte descentralizada del aparato de estado español y aplicadora de las decisiones de Bruselas. No va a resolver ningún problema.
Al estado de las autonomías, al estado centralista monárquico que niega el derecho a la autodeterminación, al estado garante del capitalismo, que desertiza industrialmente regiones enteras, oponemos la república, la destrucción del estado central y la aplicación del derecho de autodeterminación para Catalunya, Euskadi, Galiza, Canarias; nuestra propuesta es la unión libre de repúblicas socialistas, con unidad económica, que respetaría el desarrollo nacional más libre, pero pondría los recursos de todos en común para acabar con las desigualdades. Esto no es posible más que bajo el poder proletario, bajo un gobierno de los trabajadores que comience a destruir el capitalismo y poner los primeros cimientos del socialismo.
Entonces decimos que no sirve para nada un estatuto que no:
Permita expropiar los latifundios para hacer una verdadera Reforma Agraria
Expropie bajo control obrero toda empresa que despida o cierre a pesar de tener beneficios
Acabe con la precariedad en el empleo.
Acabe con las subvenciones a los empresarios y a la enseñanza pública
Establezca una red única de enseñanza, pública y laica
Pare las medidas privatizadoras y liberalizadoras de las empresas, la enseñanza, la Universidad, el transporte, etc, que impulsa la Unión Europea. La cuestión no es tener voz propia en la Europa de los mercaderes, sino combatirla
Cierre las bases yanquis de Rota y Morón. Desnuclearice el territorio.
Para todo esto hay que romper con la Constitución y forjar la unidad de los trabajadores de todo el estado español para establecer su propio poder, aboliendo la monarquía, reconociendo el derecho de autodeterminación de los pueblos que lo pidan y comenzando a construir el socialismo.
Y terminamos planteando que para ello hay que ir organizando a la vanguardia obrera y popular en torno a un movimiento de clase, comunista y revolucionario. Para ello Corriente Roja seguirá batallando por un Bloque Anticapitalista, de clase, antimonárquico, anticapitalista, antiimperialista, feminista y ecologista
Ángel Carrique.
Núcleo de Sevilla de Corriente Roja.
7-II-2007.
Al estado de las autonomías, al estado centralista monárquico que niega el derecho a la autodeterminación, al estado garante del capitalismo, que desertiza industrialmente regiones enteras, oponemos la república, la destrucción del estado central y la aplicación del derecho de autodeterminación para Catalunya, Euskadi, Galiza, Canarias; nuestra propuesta es la unión libre de repúblicas socialistas, con unidad económica, que respetaría el desarrollo nacional más libre, pero pondría los recursos de todos en común para acabar con las desigualdades. Esto no es posible más que bajo el poder proletario, bajo un gobierno de los trabajadores que comience a destruir el capitalismo y poner los primeros cimientos del socialismo.
Entonces decimos que no sirve para nada un estatuto que no:
Permita expropiar los latifundios para hacer una verdadera Reforma Agraria
Expropie bajo control obrero toda empresa que despida o cierre a pesar de tener beneficios
Acabe con la precariedad en el empleo.
Acabe con las subvenciones a los empresarios y a la enseñanza pública
Establezca una red única de enseñanza, pública y laica
Pare las medidas privatizadoras y liberalizadoras de las empresas, la enseñanza, la Universidad, el transporte, etc, que impulsa la Unión Europea. La cuestión no es tener voz propia en la Europa de los mercaderes, sino combatirla
Cierre las bases yanquis de Rota y Morón. Desnuclearice el territorio.
Para todo esto hay que romper con la Constitución y forjar la unidad de los trabajadores de todo el estado español para establecer su propio poder, aboliendo la monarquía, reconociendo el derecho de autodeterminación de los pueblos que lo pidan y comenzando a construir el socialismo.
Y terminamos planteando que para ello hay que ir organizando a la vanguardia obrera y popular en torno a un movimiento de clase, comunista y revolucionario. Para ello Corriente Roja seguirá batallando por un Bloque Anticapitalista, de clase, antimonárquico, anticapitalista, antiimperialista, feminista y ecologista
Ángel Carrique.
Núcleo de Sevilla de Corriente Roja.
7-II-2007.
[1] Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) es el nombre del referente andaluz de Izquierda Unida.
[2] Los otros dos eran: avanzar en los planes neoliberales de la Unión Europea: desregulaciones y privatizaciones, y relanzar el papel internacional del imperialismo español.
[3] El Plan Ibarretxe no se llamaba 'estatuto de autonomía' sino 'estatuto político de la comunidad de Euskadi', porque, al menos sobre el papel, pretendía plantear el derecho a la autodeterminación. El PP estaba en contra de que siquiera pudiera ponerse a votación en el Pleno del Congreso pero una vez llegado a la cámara PSOE y PP unieron sus votos para echarlo atrás.
[4] La Junta Preautonómica de Andalucía se formó a principios de 1978. Que el objetivo era ser parte del plan del “café para todos” lo muestra suficientemente el “pacto de Antequera”. En este pacto, las fuerzas firmantes se comprometían a elaborar un estatuto de autonomía para Andalucía, “dentro del marco de la constitución”… que acababa de aprobarse en las Cortes pero áun no se había aprobado en referéndum. En la práctica el pacto era un instrumento más para conseguir que se vote a favor de la constitucion monárquica, centralista y capitalista. Conviene recordar que el “pacto de Antequera” lo firmaron desde AP, (antecesora del PP), pasando por UCD y otros partidos de derechas, el PSOE, el PSA (actual PA), el PCA… ¡hasta los maoístas del PT y la ORT! Que, no lo olvidemos, llamaron a votar sí a la Constitución. El PT fue el fundador del sindicato CSUT cuya rama jornalera era el SOC. Antes de disolverse, en Andalucía se convirtió en una organización nacionalista, el Pueblo Andaluz Unido PAU-PTA.
[5] El nuevo estatuto reivindica explícitamente este artículo.
[6] El PSOE y a veces, IU LV-CA presentaron muchas veces este estatuto como la “respuesta” a las pretensiones catalanas en el Estatut, que criticaban. También el PA criticó el Estatut catalá. Sin embargo, muchos artículos del nuevo estatuto andaluz han sido copiadas literalmente del texto catalán. Igualmente, el PA presentó un contradocumento que en su mayor parte era una reproducción del Estatut. Esto es interesante para ver el nivel al que se desarrolla la política autonómica en Andalucía.
[7] En vista de la polémica que se suscitó sobre este tema, damos aquí una comparación entre las definiciones que dan el estatuto andaluz y el estatut catalá.
En el Estatut catalá, la comunidad autónoma se define como «nación» y la polémica expresión “realidad nacional”, aparece del siguiente modo: «La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad». En Andalucía ese mismo concepto se introduce como pretendía el PP, como una referencia histórica al manifiesto andalucista de Córdoba de 1919. El preámbulo, además, concluye con la frase: «Hoy, la Constitución, en su artículo 2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la Nación Española», tal como también exigió el PP.
En cuanto a la definición de “nacionalidad histórica”, el artículo 1 del Estatut afirma: «Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica». Y añade: «Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución». El andaluz, en cambio, afirma «Andalucía, como nacionalidad histórica y en ejercicio de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la Nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución». Además, también se recoge que «Los poderes de la Comunidad Autónoma de Andalucía emanan de la Constitución y del pueblo andaluz, en los términos del presente Estatuto de Autonomía, que es su norma institucional básica”. También el Estatut catalá habla de «símbolos nacionales», frente a los símbolos de la comunidad que aparecen en el texto andaluz. No se sabe qué es peor, el abierto regionalismo y sucursalismo del estatuto andaluz, o el reconocimiento en principo, pero sin llegar a ninguna concusión práctica del Estatut Catalá.
[8] Según estos datos, en 2005, son 17562 las grandes fortunas sevillanas, y 14006 las malagueñas.
[2] Los otros dos eran: avanzar en los planes neoliberales de la Unión Europea: desregulaciones y privatizaciones, y relanzar el papel internacional del imperialismo español.
[3] El Plan Ibarretxe no se llamaba 'estatuto de autonomía' sino 'estatuto político de la comunidad de Euskadi', porque, al menos sobre el papel, pretendía plantear el derecho a la autodeterminación. El PP estaba en contra de que siquiera pudiera ponerse a votación en el Pleno del Congreso pero una vez llegado a la cámara PSOE y PP unieron sus votos para echarlo atrás.
[4] La Junta Preautonómica de Andalucía se formó a principios de 1978. Que el objetivo era ser parte del plan del “café para todos” lo muestra suficientemente el “pacto de Antequera”. En este pacto, las fuerzas firmantes se comprometían a elaborar un estatuto de autonomía para Andalucía, “dentro del marco de la constitución”… que acababa de aprobarse en las Cortes pero áun no se había aprobado en referéndum. En la práctica el pacto era un instrumento más para conseguir que se vote a favor de la constitucion monárquica, centralista y capitalista. Conviene recordar que el “pacto de Antequera” lo firmaron desde AP, (antecesora del PP), pasando por UCD y otros partidos de derechas, el PSOE, el PSA (actual PA), el PCA… ¡hasta los maoístas del PT y la ORT! Que, no lo olvidemos, llamaron a votar sí a la Constitución. El PT fue el fundador del sindicato CSUT cuya rama jornalera era el SOC. Antes de disolverse, en Andalucía se convirtió en una organización nacionalista, el Pueblo Andaluz Unido PAU-PTA.
[5] El nuevo estatuto reivindica explícitamente este artículo.
[6] El PSOE y a veces, IU LV-CA presentaron muchas veces este estatuto como la “respuesta” a las pretensiones catalanas en el Estatut, que criticaban. También el PA criticó el Estatut catalá. Sin embargo, muchos artículos del nuevo estatuto andaluz han sido copiadas literalmente del texto catalán. Igualmente, el PA presentó un contradocumento que en su mayor parte era una reproducción del Estatut. Esto es interesante para ver el nivel al que se desarrolla la política autonómica en Andalucía.
[7] En vista de la polémica que se suscitó sobre este tema, damos aquí una comparación entre las definiciones que dan el estatuto andaluz y el estatut catalá.
En el Estatut catalá, la comunidad autónoma se define como «nación» y la polémica expresión “realidad nacional”, aparece del siguiente modo: «La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad». En Andalucía ese mismo concepto se introduce como pretendía el PP, como una referencia histórica al manifiesto andalucista de Córdoba de 1919. El preámbulo, además, concluye con la frase: «Hoy, la Constitución, en su artículo 2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la Nación Española», tal como también exigió el PP.
En cuanto a la definición de “nacionalidad histórica”, el artículo 1 del Estatut afirma: «Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica». Y añade: «Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución». El andaluz, en cambio, afirma «Andalucía, como nacionalidad histórica y en ejercicio de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la Nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución». Además, también se recoge que «Los poderes de la Comunidad Autónoma de Andalucía emanan de la Constitución y del pueblo andaluz, en los términos del presente Estatuto de Autonomía, que es su norma institucional básica”. También el Estatut catalá habla de «símbolos nacionales», frente a los símbolos de la comunidad que aparecen en el texto andaluz. No se sabe qué es peor, el abierto regionalismo y sucursalismo del estatuto andaluz, o el reconocimiento en principo, pero sin llegar a ninguna concusión práctica del Estatut Catalá.
[8] Según estos datos, en 2005, son 17562 las grandes fortunas sevillanas, y 14006 las malagueñas.
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