La Fiscalía investiga a 16 alcaldes de la provincia de Sevilla por delitos urbanísticos

Algunos de los ex regidores han sido condenados ya a penas de inhabilitación y otros se enfrentan a una petición de cárcel por parte del Ministerio Público. Hay imputados de los distintos partidos.

Kaos. Andalucía | Diario de Sevilla

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Dieciséis alcaldes de la provincia bajo sospecha. Pertenecen a distintos partidos políticos, algunos han sido procesados después de haber abandonado sus responsabilidades políticas, y los hay que acumulan hasta varias causas judiciales por hechos distintos. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha investigado en los últimos años a más de dieciséis responsables municipales por delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio y el Medio Ambiente, estos últimos por vertidos ilegales a los ríos y arroyos.

Estas investigaciones del Ministerio Público han dado lugar a la apertura de diligencias judiciales que, en algunos casos, ya han concluido con la presentación de cargos contra los responsables municipales, a los que el fiscal ha pedido penas de prisión que en algunos supuestos, en caso de condena, conllevarían su ingreso en la cárcel al superar los dos años. Varios regidores han sido ya condenados, otros están a la espera de que se celebre el juicio, y en el resto de los casos la investigación judicial aún no ha concluido.

La persona que acumula más procedimientos abiertos es el ex alcalde de Guillena Justo Padilla (PSOE), con tres causas. En una de ellas, el fiscal le ha pedido 45 meses de prisión por conceder varias licencias de obra para construir naves en el polígono industrial El Cerro, cuando el suelo todavía estaba calificado como zona verde. Padilla también se enfrenta a una petición de un año de prisión por permitir la construcción de chalés ilegales en la zona de Lagos del Serrano, y tiene otro proceso sub iudice por delito contra el Medio Ambiente, en relación con los vertidos de aguas residuales al río Rivera de Huelva, donde se produjo a finales de 2007 una mortandad de peces.

El alcalde de Morón de la Frontera, Manuel Morilla (PP), y el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda), están inmersos cada uno en dos causas judiciales. Así, la Fiscalía ha pedido una condena de 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación para Manuel Morilla y su antecesor en el cargo, José Párraga (PSOE), por haber autorizado presuntamente el ejercicio de actividades industriales en suelos catalogados como rústicos, en los que no se puede construir. Manuel Morilla también está siendo investigado por otro juzgado, en relación con los vertidos de la industria aceitunera a la red de alcantarillado público que afectó a la calidad de las aguas del río Guadaíra.

En el caso de Manuel Ruiz Lucas, la Fiscalía presentó una querella contra él por no haber evitado la proliferación de las construcciones ilegales en suelos no urbanizables como el paraje de Las Minas, lo que llevó al Ministerio Público a presentar 300 querellas contra particulares que habían realizado obras en pequeñas parcelas. La Fiscalía ha pedido doce años de inhabilitación por estos hechos para el ex regidor de Castilblanco, al que también denunció por el cobro irregular del IBI en las urbanizaciones ilegales.

Por su parte, el alcalde de Gerena, Jacinto Pereira (PSOE), fue investigado por un delito contra el patrimonio histórico, por la presunta ocultación de restos arqueológicos, una denuncia que se archivó por falta de pruebas. El fiscal también denunció a Pereira y a los concejales socialistas de la localidad por votar a favor de una licencia de obras para una vivienda del casco urbano, una investigación que se tramita en un jugado de Instrucción.

La Fiscalía ha pedido 18 meses de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación a la alcaldesa socialista de El Madroño, María Josefa Rubiano, por un delito continuado de prevaricación urbanística al conceder dos licencias para construir viviendas en suelo rústico.

Otros responsables políticos, como el ex alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE), han sido ya condenados. En este caso, López ha sido condenado a ocho años de inhabilitación para cargo público por haber dado una licencia de obra que autorizaba una planta más en un edificio sin contar con los informes técnicos y sin esperar a que se aprobará la modificación del PGOU que había solicitado la promotora inmobiliaria. La lista de alcaldes o ex responsables políticos investigados sigue en los municipios de Castilleja de Guzmán, Aguadulce, Cazalla de la Sierra, Badolatosa, Lora de Estepa, El Viso del Alcor, Marchena, Sanlúcar la Mayor y La Campana.
http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/608740/la/fiscalia/investiga/alcaldes/la/provincia/por/delitos/urbanisticos.html