Nota de prensa SAT-AO Ayuntamiento de Cádiz: Exígimos responsabilidades políticas

Lamentablemente es la octava cesión ilegal detectada por la Inspección de Trabajo tras nuestras denuncias en el Área de Cultura.

Er llano

El Ayto. de Cádiz ha sido sancionado por la Inspección de Trabajo tras las denuncias que presentó tanto el Comité de Empresa como Autonomía Obrera-SAT, contra la Fundación de Cultura, detectándose cesiones ilegales de trabajadores de forma generalizada.

La Inspección de trabajo en sus informes ha dejado clara y tajantemente que trabajadores de la empresa Gacei Servicios Integrales, realizaban sus funciones con material municipal además de recibir instrucciones y órdenes directas de la ya exgerente de Cultura, así como del propio Concejal Antonio Castillo, que utilizaba como secretaria personal con mesa y silla frente a su despacho.

Lamentablemente es la octava cesión ilegal detectada por la Inspección de Trabajo tras nuestras denuncias en el Área de Cultura que comenzaron con los trabajadores de la empresa “Bartolomé Talavera Pinta” en el Teatro Falla. Distintos informes y dos inspectores han coincidido en confirmar nuestras denuncias planteadas por el prestamismo laboral que se realiza en el Ayto. de Cádiz.

Ni Blas Fernández, máximo responsable en regular los Pliegos de condiciones ni el Concejal de Cultura, Antonio Castillo, responsable de lo sucedido han intentado subsanar estas irregularidades al margen de no asumir responsabilidades políticas, aquí no pasa nada y miran hacia otro lado, ellos con la ex gerente son culpables del prestamismo laboral y por lo tanto de estas cesiones ilegales.

Estos hechos son extremadamente graves, donde los políticos implicados a día de hoy están inmunes a pesar de los distintos informes de la Inspección de Trabajo que a su vez serán enviados de oficio a los Juzgados de lo Social cuyo cometido será regularizar las situaciones ilegales detectadas, convirtiendo estas irregularidades en una puerta falsa de acceso a la Función Pública.

El equipo de Gobierno tiene la obligación política y moral de subsanar todas estas irregularidades teniendo en cuenta que estas empresas privadas implicadas serán sancionadas económicamente por la Inspección de Trabajo e imposibilitadas para serles adjudicadas concesiones administrativas en la administración local si el Juzgado de lo social ratifica a la Inspección de Trabajo en un delito contra los derechos de los trabajadores tal como se regula en el artículo 20 de la ley de contratos de las administraciones públicas.
La Ejecutiva de la sección sindical de AO-SAT. Ayto. de Cádiz.