Isidoro Moreno, Catedrático de Antropología
Se cumplen treinta años de las primeras elecciones tras cuarenta y un años de guerra civil y dictadura. En la prensa, tertulias radiofónicas y algunas (pocas) conferencias se está rememorando aquel 15 de junio en que por primera vez los españoles con menos de sesenta años pudimos elegir entre varias listas electorales. Algo, pues, se está hablando, pero muy poco clarificando sobre aquel importante día y sobre el conjunto de la llamada transición democrática. Es significativo que, en un reciente debate en Madrid, algún dirigente de un partido de la izquierda radical de entonces incluso ha llegado a pedir disculpas a Santiago Carrillo atribuyendo las discrepancias entre su partido y el PCE a “osadía juvenil”. Y todos los reunidos estuvieron de acuerdo en que la Transición produjo una verdadera democracia.
Continúa, en realidad, el pacto de silencio sellado entonces: casi todo habría sido ejemplar en la travesía desde la dictadura a la democracia, con Adolfo Suárez como capitán y Carrillo como primer oficial de a bordo sorteando los obstáculos que representaban los extremistas de ambos signos: franquistas no reconvertibles e izquierdistas radicales. Todo ello bajo las bendiciones de su majestad el rey Juan Carlos y de los gobiernos europeos “amigos”.
Frente a esta versión canónica, es necesario reivindicar no ya la memoria histórica –que cada cual suele construir selectivamente según sus intereses de hoy–, sino, simple y llanamente, la realidad de la Historia. Porque, a pesar de lo que muchos afirman, ésta no es subjetiva, aunque sí pueda serlo la interpretación de la misma. Al respecto de las elecciones del 15-J de 1977 varios hechos son incontrovertibles, aunque sigan estando sistemáticamente silenciados. Muy en síntesis, los principales son los siguientes:
En todo el periodo pre y postelectoral, los reformistas del franquismo, con su antiguo ministro secretario general del Movimiento a la cabeza, Adolfo Suárez, continuaron monopolizando los resortes del poder, que orientaron a garantizar la impunidad de cuantos habían no sólo cometido mil abusos sino incluso crímenes durante la dictadura, y a construir una democracia liberal restringida, bajo la vigilancia de los poderes fácticos, principalmente el Ejército y la banca. Según la conocida fórmula, que hicieron suya, mucho tenían que cambiar en el plano político para que casi nada cambiara en el modelo económico y social.
Las elecciones se realizaron todavía bajo la legalidad franquista y no fueron a Cortes Constituyentes, aunque vistos sus resultados (victoria del conglomerado formado por franquistas reconvertidos, representantes de los intereses financieros y empresariales y algunos liberales), los elegidos se arrogaran luego dicha función.
No es verdad que todos los partidos fueran legales en esas elecciones: ninguno a la izquierda del PCE pudo presentarse con sus siglas y éste llevaba menos de tres meses en la legalidad, muy poco tiempo para lavar la imagen siniestra que décadas de propaganda franquista habían fabricado de los comunistas.
Previamente a la propia convocatoria, se habían producido dos hechos que fueron claves y permanecen hoy silenciados. El primero fue el pacto entre PSOE y PCE por el cual aquél se comprometía a no aceptar la oferta de participar en unas elecciones en las que no pudiera concurrir éste, a cambio de que fuera frenada la conversión de las Comisiones Obreras en un sindicato unitario hasta que se reconstruyera la UGT. Este pacto incluía la no legalización de la izquierda radical hasta después de las elecciones y la hostilidad frente a cualquier otra iniciativa sindical.
El segundo fue la imposición de la partitocracia como sistema político. En las conversaciones para unificar las dos plataformas de la “oposición democrática”, el PSOE exigió el desmantelamiento de todas las instancias ciudadanas que se habían creado en torno a la Junta Democrática. Los independientes, para seguir actuando políticamente, deberían entrar de forma obligatoria en los partidos, que se consagraban así como cauce único de la participación política. La desactivación de las asociaciones ciudadanas y su manipulación partidista fueron algunas de las consecuencias.
Todo lo anterior es fundamental para entender lo ocurrido hace ahora treinta años; algo que no es sólo historia sino que sigue determinando nuestro presente y el tipo de democracia que hoy gozamos y/o sufrimos. Un debate serio al respecto sería obligatorio, pero me temo que no va a darse porque no interesa a cuantos, de una u otra manera, están instalados en el poder, no sólo político, o basan su respetabilidad actual en el recuerdo confortable de lo que fue de otra manera de como ahora lo cuentan.
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